Algo que podemos agradecerle a «Iniciativa Internacionalista – La solidaridad entre los pueblos» (II-SP) es la fotografía que nos está ofreciendo sobre la democracia en España. Muchos ya lo sabíamos, otros decían que era porque en Euskal Herria estaba ETA y había que actuar así. La verdad es que el problema vasco no es ETA […]
Algo que podemos agradecerle a «Iniciativa Internacionalista – La solidaridad entre los pueblos» (II-SP) es la fotografía que nos está ofreciendo sobre la democracia en España. Muchos ya lo sabíamos, otros decían que era porque en Euskal Herria estaba ETA y había que actuar así. La verdad es que el problema vasco no es ETA sino que el problema de los pueblos que estamos bajo el estado español es precisamente el estado español como obstáculo principal para obtener nuestros derechos democráticos. Nuestra unión era inevitable, y nuestra unión dará fuerza a nuestros pueblos. Ahí está el problema para el estado, ahí están los motivos del intento de ilegalización y ahí está la debilidad de la democracia bajo un estado español donde la soberanía recaiga en el estado y no en los pueblos.
Ya desde el principio II-SP nos ha ofrecido una imagen sobre Izquierda Unida (IU), que amenazó con expulsar al Colectivo por la Unidad de los Trabajadores (CUT) por el mero hecho de haber firmado avales para la candidatura1. Como el CUT expresó en una carta de protesta, curiosamente, no se ha tomado la misma medida para otras candidaturas para las que también se firmaron avales2. La diferencia en el trato por parte de IU ya es bastante explícita. Y también lo es la respuesta de Diego Valderas, coordinador de IU en Andalucía a esa carta al decirle a Sánchez Gordillo, portavoz nacional del CUT, que él «no responde a tonterías»3. Parece evidente que existen muchas consideraciones sobre qué es una tontería, si pedir reclamaciones a una acción ilógica o cometer una acción ilógica.
Pero lo mejor para demostrar cómo está la democracia en España lo han ofrecido los partidos que se dicen demócratas, que no «democráticos». Hasta este momento, para ser sincero, siempre había pensado que la diferencia entre un demócrata y un democrático es que uno defendía la constitucionalidad y el otro pretendía el avance en derechos democráticos. Estaba equivocado. A la decisión del Tribunal Constitucional, órgano al que se le confía la defensa de los valores de la Constitución , han salido decenas de intervenciones de todos los partidos demócratas criticándolo haciendo oídos sordos al porqué el Constitucional actuó como lo hizo, que no fue para defender la democracia ni la Constitución sino para mantener una Ley de Partidos frente a la más que probable decisión europea en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de interceder a favor del recurso de II-SP y a la obligada retirada de esta Ley declarada por el tribunal europeo, una ley que ya es fuertemente criticada por la ONU, como se pudo leer en el informa del relator de esta entidad para los derechos humanos.
En esta línea democrática se pueden observar declaraciones como la de Fernando Maura («no hay ninguna duda» de que Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los pueblos (II-SP) «es una lista de ETA» y consideró que al Tribunal Constitucional, «a lo mejor, le han metido un gol»4) del partido «Unión, Progreso y Democracia» (UPyD) o las de Carlos Itugáiz en las que dice que «los jueces se han quedado con el culo fuera» y que si II-SP consiguiera representación «obligaría a mandar a los jueces del Constitcional a casa»5. Curiosa la reacción de unos constitucionalistas declarados ante una decisión basada en la Constitución. Pero más allá van quienes tienen como función la defensa de las leyes del estado, leyes que emanan de la Constitución. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) no dudó en criticar al Constitucional de tener una «visión sectaria» y de darle «un balón de oxígeno al terrorismo». Según el SUP, «no pudimos encontrar ningún muerto en el armario de nadie de la lista, y al parecer sin esas pruebas los lacayos de los terroristas pueden aprovecharse de la ley para seguir atacando a España»6. Para quienes aún creyeran que las fuerzas de seguridad estaban para defender la ley y a los ciudadanos del estado esas declaraciones debieron ser contundentes. No hace falta para culpar a nadie, no hay que demostrar que se es culpable porque en el momento que se ataca a España los trámites son formalismos. ¿A qué apelaría la policía? ¿Volver a una situación como la que se vivió en época de Franco? No quisiera pensar que el sindicato mayoritario del cuerpo que está encargado de velar por mi seguridad, independientemente de mi orientación política, sexual o religiosa tuviera una orientación filofascista…
Entre las declaraciones de quienes se supone que me protegen y la declaración del Gobierno en la que decía que seguirá «sin bajar la guardia y vigilante ante cualquier intento de vulnerar» la Ley de Partidos7, tuve que acordarme de un diálogo de El círculo rojo, una película de 1970 con Alain Delon de protagonista en la que el inspector Mattei conversa con un superior suyo de la policía y dicen:
«- Señor Mattei, ¿no sabía Vd. que a un sospechoso siempre hay que tratarlo como si fuera culpable? – Creo que no, Jefe. Entre mis manos ha habido muchos sospechosos que eran inocentes. – Pero ¿de qué me habla? No existen los inocentes. Quizás nazcan inocentes, pero no les dura mucho.»
Exactamente eso es lo que ocurre en España. Da igual si hay pruebas o no, da igual que un tribunal te condene o no, si atentas contra España eres culpable de lo más socorrido para culparte. En este caso, una vinculación con ETA del todo inexistente salvo en la mente de los inquisidores. Estamos en una democracia donde se trata de manera diferente a las personas dependiendo de su posicionamiento político con una política que llaman «antiterrorista» que ha sido fuertemente cuestionada por el relator de derechos humanos de la ONU por la facilidad para la tortura y el caso omiso a las denuncias que se presentan por ellas8.
Pero, ¿tan grave es plantear otro modelo de estado como para una persecución de estas medidas? Parece que sí, de hecho las últimas palabras de Franco a su heredero político, el Rey, fueron pidiéndole que mantuviera la unidad de España9. Así que la unidad de España se nos plantea de diversas maneras: desde una perspectiva meramente democrática y desde una perspectiva de lucha de clase.
Ya hemos visto, y hemos vivido, cómo la unidad de España lejos de ser sólo un dogma del fascismo y que provocó un golpe de estado contra la II República, es una línea política que determina la legalidad. Ir contra la unidad de España es algo criminal y necesario de perseguir. Pero es que además, esa unidad de España concreta la base sobre la que descansa la política económica del estado. Contra la Constitución se puede ir, contra la unidad de España no. Los defensores de esa unidad ya fueron una vez contra la constitución republicana sin causarles mayor problema, y eso que durante la II República no se puede hablar de ningún proceso revolucionario ni que realmente pusiera en peligro la unidad estatal. Se ponía en duda la unidad… económica del estado al ir los pueblos a por sus derechos democráticos. Tal y como recoge Vicenç Navarro en su artículo «Franquismo o fascismo»: «En realidad, el régimen [de Franco] fue fascista (como bien ha documentado Robert Paxton en su excelente libro The anatomy of fascism), siendo el fascismo la ideología que sustentaba los privilegios de unas clases dominantes frente a las reformas democráticas impulsadas por los movimientos progresistas, muy en especial por el movimiento obrero»10.
Por este motivo sólo se ha perseguido a una candidatura. «Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad entre los pueblos» es la única candidatura que ofrece un planteamiento social sobre los derechos nacionales de los pueblos desde una perspectiva de clase. Una postura no sólo anticapitalista sino auténticamente revolucionaria frente a planteamientos parecidos pero que no plantean un cambio del modelo estatal real sino que presentan una unidad estatal bajo un mensaje anticapitalista y un discurso secundario -si es que llega a existir- sobre la soberanía de los pueblos.
Ha costado décadas de trabajo para que los pueblos e incluso aquellos planteamientos estatales que toman la soberanía más como un lema panfletario nos unamos en un frente electoral que, además de tener posibilidad de obtener representación política, es un proyecto de unión a largo plazo del todo ilusionante para los pueblos y los trabajadores. Esta candidatura inicia un camino que presentará una clara disidencia frente a 70 años de franquismo directo o continuista. Dependerá de todas nosotras que este proyecto salga adelante o que el sistema lo destruya. Las elecciones sólo han sido una excusa para empezar la unir nuestras fuerzas, a partir del 7 de junio es nuestra responsabilidad comenzar el camino hacia la liberación de nuestros respectivos pueblos.