El enfoque de las políticas gubernamentales de estos dos últimos años, aunque insuficientes, descoordinados y centradas básicamente en el gasto social, había tenido su punto de mira en salir de la crisis económica fomentando la inversión productiva, la inversión en investigación y desarrollo, la reforma y mejora del sistema educativo, un mayor control de los […]
El enfoque de las políticas gubernamentales de estos dos últimos años, aunque insuficientes, descoordinados y centradas básicamente en el gasto social, había tenido su punto de mira en salir de la crisis económica fomentando la inversión productiva, la inversión en investigación y desarrollo, la reforma y mejora del sistema educativo, un mayor control de los mercados especulativos, la protección de las personas desempleadas, la reducción de la temporalidad y el desempleo y, en general, el sostenimiento de las políticas claves del Estado del Bienestar, es decir, una salida a la crisis en la que pudiera verse compensada la mayoría social que está siendo la principal víctima de las actividades económicas especulativas, fraudulentas y delictivas que han provocado la crisis financiera y económica internacional y nacional.
El Gobierno ha dado un giro radical a su política económica y social
Con el paquete de medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno el enfoque de la política económica ha pasado a centrarse fundamentalmente en la reducción del déficit público, para cumplir con las exigencias de las instituciones europeas, adoptadas bajo la presión inaceptable de los movimientos especulativos en los mercados internacionales y de las agencias calificadoras de riesgo.
El contenido de las medidas adoptadas para reducir el déficit se basa exclusivamente en una drástica reducción del gasto público, en todas sus vertientes: pensiones, salarios de los empleados públicos, prestaciones sociales, empleo, inversiones, gasto corriente, etc., con una injusta y desequilibrada proporcionalidad en el ajuste.
Vulnerando, acuerdos establecidos en la negociación colectiva de los empleados públicos y el procedimiento de revisión de las pensiones establecido en el Pacto de Toledo. El paquete de medidas tiene su encaje en el Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno el pasado 29 de febrero, y sobre el que los sindicatos ya manifestamos nuestra valoración crítica y nuestra apuesta por otras iniciativas más eficaces y de mayor equidad presente y futura para enfrentar la situación económica y social del país. Pero estos recortes se aprueban, cuando aún no se ha iniciado la recuperación económica y mucho menos la del empleo, lo que lleva, a los sindicatos y también a otras muchas instituciones públicas y privadas, a advertir de que estas medidas retrasarán la recuperación económica, aumentarán el desempleo y contraerán aún más el consumo.
Con este cambio en su política, el Gobierno ha dilapidado los esfuerzos recientemente realizados para alcanzar acuerdos sociales, como el de la Función Pública o el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, que incluían ya una importante contención de las demandas salariales para 2010, 2011 y 2012, devaluando así el valor del consenso social y de la negociación colectiva, con el nefasto mensaje de que los acuerdos pueden incumplirse con que una de las partes, haciendo uso de su poder discrecional, considere que tiene causas para hacerlo.
CCOO rechaza este paquete de medidas porque son injustas, pues castigan a las personas y colectivos de trabajadores más vulnerables; desequilibradas, porque sólo persiguen reducir el gasto público, en lugar de buscar un aumento de los ingresos del Estado, a través de la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la recuperación de impuestos, como el de patrimonio y el de sociedades; y son ineficaces y negativas porque la congelación de las pensiones, el recorte de los salarios de los empleados públicos y la reducción de la inversión pública provocarán un importante descenso en el consumo y probablemente una pérdida adicional de puestos de trabajo.
CCOO rechaza las medidas impuestas por decreto porque quiebran la legitimidad del diálogo social al anular acuerdos recientemente firmados y el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, y vulneran el consenso parlamentario sobre el sistema público de pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo.
Además, las medidas del Gobierno ya están teniendo un efecto contaminador sobre la negociación colectiva del sector privado, donde algunas empresas y patronales no han dudado en romper preacuerdos o modificar sus posiciones en las mesas negociadoras de los convenios para plantear recortes de salarios iguales o similares a los aprobados para los empleados públicos, y por otra parte, tienen un efecto directo sobre las empresas privadas que realizan los servicios públicos externalizados, pues los recortes del gasto de las AA PP se traducirán en reducción de empleo, reducción de salarios o ambas cosas a la vez, con el consecuente deterioro de las condiciones e trabajo y de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
Existen otras alternativas y otras formas de actuar
CCOO lleva tiempo reclamando que se complete el proceso de reestructuración del sistema financiero español a fin de lograr un mayor control sobre actividades de riesgo, n mayor nivel de exigencia de responsabilidades sobre las políticas y los gestores causantes de las crisis y, sobre todo, para garantizar la canalización de las ayudas públicas y del ahorro privado a la economía real, mediante el flujo urgente del crédito a las empresas y a las familias. Es necesario mantener las inversiones y ayudas públicas a la reactivación económica a fin de recuperar el crecimiento económico y el empleo.
Igualmente urgente es adoptar medidas destinadas a incrementar los recursos públicos, recuperando los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones; estableciendo un nuevo tramo en el IRPF con un tipo de gravamen del 50% para los ingresos superiores a los 120.000 euros; recuperando el tipo de gravamen del 35% para las sociedades con una facturación superior a 500 millones de euros, y activando un plan intensivo de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
CCOO reclama un diálogo social y político en cuyo marco todas las partes estén dispuestas a poner las necesidades del país y de la sociedad por delante de intereses partidistas y cortoplacistas.
CCOO y UGT presentamos el pasado 27 de mayo un nuevo documento de Alternativas y Propuestas Sindicales ante el Recorte Social, en el que también se exponían las iniciativas acordadas por los máximos órganos de dirección de ambas confederaciones para emprender movilizaciones de rechazo a la nueva política del Gobierno, con unos contenidos que sólo podemos calificar de muy lesivos, desequilibrados e ineficaces para afrontar la crisis económica y del empleo.
Las medidas adoptadas por el Gobierno merecen no sólo el rechazo sindical, sino también el de la mayoría de la población que, de una u otra forma, está pagando los costes de una crisis cuyos principales responsables quieren seguir imponiendo sus reglas a los gobiernos e instituciones políticas y, por extensión, al conjunto de la ciudadanía, y que con la senda iniciada por el Gobierno sienten recaer sobre ellos el mayor peso de los ajustes presupuestarios.
Por ello, CCOO y UGT dimos nuestro pleno apoyo a la huelga general de los empleados públicos del 8 de junio y a las manifestaciones contra la congelación de las pensiones y otros recortes sociales y trabajamos ya, con cuantas organizaciones sindicales y sociales quieran unirse, en la preparación de una la huelga general que hemos convocado CCOO y UGT para el próximo 29 de septiembre.
La crisis global y las políticas antisociales de ajuste requieren respuestas unitarias del movimiento sindical europeo e internacional
Así lo ha entendido el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES),que ante los graves recortes sociales que conllevan los planes de ajuste que a requerimiento del Consejo de Europa y la Comisión, están siendo adoptados en un número creciente de países de la Unión, ha convocado *una Jornada de Acción Europea a realizar el 29 de septiembre *para dar una respuesta unificada, en la que además de una gran manifestación sindical europea en Bruselas, coincidiendo con la reunión que ese día celebrará el ECOFIN1,llama a todas las organizaciones afiliadas para que en cada país realicen huelgas, manifestaciones y otras acciones de protesta, bajo el lema «Por el crecimiento de la economía y el empleo; contra los recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales».
Ramón Górriz Vitalla es el secretario confederal de acción sindical de CC.OO.
Fuente: Boletín Acción Sindical de CCOO. Nº 7, junio 2010 (http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/498409.pdf)