Estamos asistiendo en estos momentos al debate sobre la exención de la Iglesia al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este impuesto, que afecta a toda persona o familia que tenga en propiedad un inmueble, tiene numerosas excepciones. Desde aristócratas que se escudan en la calificación singular de sus edificios, hasta organizaciones de todo […]
Estamos asistiendo en estos momentos al debate sobre la exención de la Iglesia al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este impuesto, que afecta a toda persona o familia que tenga en propiedad un inmueble, tiene numerosas excepciones. Desde aristócratas que se escudan en la calificación singular de sus edificios, hasta organizaciones de todo tipo que alegan razones de facilitación democratica o de fomento de alguna actividad, en teoría, beneficiosa para la comunidad.
Está claro que, en momentos en los que se atacan, de manera atroz, pilares básicos como la sanidad o la educación con la excusa de una deuda que los causantes no explican de manera convincente, es nomal que una gran parte de la sociedad y las instituciones pongan sus ojos en otras formas de conseguir financiación. No es casual ni es la primera vez. Ya en el pasado se ha intentado sanear el estado de las arcas públicas obligando a la Iglesia a contribuir con las propiedades infrautilizadas. Es en 1798 cuando se produce el primer intento de desamortización eclesial.
Era de esperar que la curia católica y sus medios de propaganda, incluyendo los «santos» todólogos, pusieran el grito en el cielo y hablaran de persecución. Pero lo escandaloso es que el mayor propietario de inmuebles, después del mismo estado, no contribuya al financiamiento de lo público por medio de un impuesto que sí paga la mayoría de la población de un país en el que la propiedad de viviendas es sensiblemente superior al alquiler. Y es que no estamos hablando de centenares de inmuebles en manos de la corporación católica sino que la cifra supera los cien mil según estimaciones de organizaciones como Europa Laica a partir de datos de los ayuntamientos, ya que la propia Iglesia se niega a dar los números reales.
A esta propiedad de facto se une el fenomeno de la «inmatriculación», por el cual la institución católica pone a su nombre en el registro de la propiedad, locales, edificios o tierras que usa por cesión municipal, apropiandose de una manera corsaria de patrimonio que en ningún caso está claro le pertenezca.
Aún así, no quiero centrarme en esta apropiación indebida o bula para no contribuir al soporte del estado, sino en las ideas fuerza que los propagandistas católicos y de la derecha pepera lanzan en cualquier debate o columna y que calan entre la, cada vez más irreflexiva, opinión pública. Argumentos que llevan en su esencia la explicación de una sociedad añorada que, con pátina de modernidad, pretende imponerse en estos tiempos de poder neoliberal.
Sumado a la ya señalada manía de persecución por parte del «radicalismo» laico, el ideario que se repite en cualquier medio donde se defienden los privilegios de la Iglesia es el del papel que juega la ONG «Cáritas Diocesana». Organización que se encarga de realizar actividades en el entorno de la pobreza en base a aportaciones y subvenciones que paga el Estado con unos impuestos cuya contribución la Iglesia trata de escatimar.
Se llega incluso a acusar a cualquier otra organización o partido de dejar en la estacada a las personas abocadas a la pobreza y a afirmar que la última tabla de salvación la constituye Cáritas, amenazando así al estado con que el cese de esta labor costaría mucho dinero a las arcas públicas.
No es mi intención hacer una diatriba contra Cáritas, al contrario, creo que mayoritariamente realizan una gran labor de apoyo y asistencia en medio de la exclusión social y me consta que el nivel de corrupción es infinitamente menor que en la mayoría de las onegés.
Pero lo que quiero denunciar es el modelo social que subyace en el proyecto de la derecha, antes vinculada a la omnipresente Iglesia Católica, y que ejemplifica la caridad, concepto renovado tras el rearme moral de Reagan y sus herederos neocoms con el término de compasión.
La idea central de un sistema basado en la caridad o la compasión es la asunción y perpetuación de una sociedad donde los pobres y los ricos lo son por voluntad divina o propia: Dios te hace pobre o tú eres el responsable de tu pobreza. Este pensamiento encuentra su exacerbación en el calvinismo que entroniza el ser rico como una muestra de la elección que Dios hace de las personas a las que quiere favorecer y la pobreza como un estigma de una suerte de pecado social del que uno mismo es culpable.
En la derecha patria, vinculada a la curia como herencia del nacional-catolicismo franquista, la pobreza se entiende como una suerte de desastre natural que azota a una parte de la población y que debe ser paliada por aquellos que tienen, en un cínico ejercicio de desprendimiento voluntario de lo que sobra, . De ahí el entronque entre la antigua caridad religiosa y las modernas tesis del capitalismo de compasión, adaptado al progresismo mundialista como la filantropía de los magnates «guais-progres». En todas las vertientes de esta moral, no se piensa en la raíz de la exclusión o la pobreza, ni en las causas que abocan a tantas familias al infierno de un cuarto mundo en medio del escaparate de la abundacia primer mundista.
La izquierda debe oponerse con energía a esta moral y a los proyectos políticos que representan, porque promueven y mantienen este asistencialismo que perpetúa un modelo de sociedad en que la injusticia es algo natural como lo puede ser la lluvia o el viento. Ese asistencialismo caritativo palía algo el sufrimiento, pero no acaba con él. Se ocupa de algunos síntomas, pero deja intacta la infección.
Nuestro proyecto social debe ser radicalmente diferente, no somos darwinistas en lo social ni creemos que la pobreza sea algo natural sino fruto de un injusto reparto. Frente a dejar la asistencia al albur del desprendimiento de los que tienen de sobra, nosotros promovemos la Justicia social que permita a cualquier persona vivir con dignidad.
No puede haber cientos de miles de familias sin casa y casas vacías, hogares donde se come una sola vez en medio de la sociedad de los excedentes alimentarios, personas sin dinero para asistencia médica y miles de profesionales sanitarios en paro,… Es el modelo el que está enfermo, el artificial, el nocivo.
La Justicia social es el antagonismo de la caridad, la compasión o la filantropía y debe ser el andamiaje que construya un auténtico país soberano al servicio de sus ciudadanos. Donde la sanidad, la vivienda, la alimentación o la educación no dependan del capricho de voluntarios o adinerados que laven sus conciencias. Frente al nuevo feudalismo financiero que nos quiere esclavos, nuestro proyecto es el de la Justicia.
Frente a su caridad, la Justicia Social.
Fuente: http://hablandorepublica.blogspot.com.es/2012/05/frente-su-caridad-la-justicia-social.html