Hoy como ayer, es necesaria una coalición amplia por la izquierda, que se enfrente políticamente a la derecha, no sólo frente a las elecciones en Andalucía, sino en las próximas elecciones generales.
El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las últimas elecciones que se celebrarían durante la Segunda República antes del golpe de Estado fascista. No se celebraron otras en libertad hasta el 15 de junio de 1977, hace ahora cuarenta y cinco años.
El Frente Popular constituía una nueva fórmula de alianza de las fuerzas de la izquierda, tras las derrotas sufridas en Europa y la llegada de Hitler al poder. Por aquel entonces, los socialistas, con Largo Caballero a la cabeza, se negaron a colaborar con los republicanos de izquierda de clase media representados por Manuel Azaña. Se abandonó la vía parlamentaria en favor de la vía revolucionaria para alcanzar el socialismo mediante la violencia, desplazando a Prieto y a Besteiro de la dirección de la UGT y del PSOE. La situación facilitó la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. La izquierda republicana trató de restaurar su alianza con los socialistas y tuvo una respuesta favorable por parte de los más moderados como Indalecio Prieto.
La derecha en España ha dominado históricamente los resortes del Estado. Desde el fin de la guerra en 1939 –provocada por ellos para defender sus intereses– hasta hoy, no ha dejado de estar en el poder. Controló la Transición a la democracia y pese a lo que pudiera parecer, se mantuvo en el poder económico durante los gobiernos socialistas. Ahora domina todo y quiere seguir dominándolo. Utilizan la estrategia del miedo en su provecho. Prefieren retornar a la estructura totalitaria del Estado franquista que heredaron, modernizando la estructura sin tocar su ideario.
Los principales problemas que percibimos los españoles, sufriéndolos, son el paro, la corrupción y los de índole económico, seguido por los políticos y la política en general. Pero hay otro mayor y está más o menos encubierto: la herencia del franquismo, que sigue dominando los designios del pueblo, a través de las políticas antisociales y represivas de los gobiernos del Partido Popular, ahora con la ayuda de Vox. Heredó las instituciones y su forma de ser y actuar, porque son los mismos y siguen en el empeño.
Frente a la unidad que presenta la derecha en defensa de sus intereses patrimoniales e ideológicos, los partidos de izquierda se han caracterizado por marcar sus diferencias. Por si mismo no es negativo, si fortalece el debate y encuentra la fórmula para superar la situación de injusticia que soporta la clase trabajadora y la ciudadanía en general. Por el contrario, la desunión, propicia que la derecha se mantenga en el poder y consiga sus fines. La división de la izquierda tiene una larga historia, que ya se manifestó durante la guerra española, con las luchas entre comunistas, anarquistas y socialistas. Hoy, mientras el PP se aglutina en un amplio espectro, con liberales, democristianos, conservadores, franquistas y la extrema derecha; la izquierda sigue dividida. Unidos Podemos rompió la tendencia, que ahora parece desquebrajarse.
Un componente esencial del pensamiento de izquierdas consiste en su actitud crítica. La izquierda cuestiona al poder, mientras que la derecha se dedica a justificar el orden social, dirigiendo sus esfuerzos a defender el sistema establecido o reformarlo para su continuidad: cambiarlo todo para que nada cambie. La vocación ética, de crítica rigurosa, es común en la izquierda, hasta el punto de volverse en su contra. Según Max Weber, la ética de las convicciones tiende a aplicar los principios morales de modo absoluto, despreocupándose de las consecuencias que provoca la conducta.
En 1936, se constituyó una coalición electoral, formada por los principales partidos republicanos y de izquierda, con el objetivo de presentarse a las elecciones generales, que ganó el Frente Popular. El primer gobierno de la República en 1931, pretendió modernizar el país y promover la justicia social, objetivos que el gobierno del Frente Popular retomó. Nada fue fácil; los sindicatos, CNT y un sector del socialismo vinculado a UGT, se lo pusieron difícil. Tan grande fue la oposición de la derecha capitalista y caciquil, junto con la de iglesia católica, que dieron un golpe de estado que provocó una guerra; la ganaron con la ayuda del capital internacional, la Italia fascista y la Alemania nazi. Los comportamientos de la derecha siguen siendo parecidos a los de entonces; defienden sus privilegios, por encima de los intereses de la mayoría social.
El programa de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
La reforma agraria era imprescindible si se quería acabar con el hambre y el atraso histórico. Los campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de vida, escasa alimentación, y jornadas de sol a sol. Los dueños de la tierra, grandes latifundistas, además de caciques señoritos, no entendían ni de gastos, ni de inversiones y no eran partidarios de la modernización del campo.
Ante la realidad que nos espanta, los partidos políticos tradicionales y las nuevas formaciones surgidas con iguales propósitos, deberían hacer un esfuerzo para superar contradicciones históricas. Es necesario llegar a un compromiso por encontrar elementos comunes ideológicos y abundar en una misma acción contra la derecha antisocial y reaccionaria, que se mantiene en el poder desde hace demasiado tiempo.
Largo Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos.
Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la Inspección de Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco millones de trabajadores). Se estableció el Seguro de Maternidad, y el Seguro de Accidentes de Trabajo. La CNT fue crítica y continuó con la convocatoria de huelgas, al entender que las reformas, no solo no beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente beneficiaban a UGT.
El pueblo llano, representado en las organizaciones republicanas, de izquierda y sindicales, fueron capaces de formar un Frente Popular, sin perjuicio de dejar a salvo los particulares postulados de sus doctrinas. En su Manifiesto declaraban ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política y la ofrecían a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por si estimasen conveniente integrarse en el bloque republicano y de izquierdas. La conspiración se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña.
Entre 1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros, con mejores salarios. El experimento más notable, fue la creación de las misiones pedagógicas, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que llevó «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura, que era patrimonio de una minoría, al pueblo, y promover la alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La reforma del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número de unidades militares, modernizar la dotación de material y la mejor formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la patria, bajo la jurisdicción militar.
El golpe de estado se dio contra la legitimidad de la República. Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. Hoy harían lo mismo si fuera necesario.
Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo contrarreformita, ejerciendo el poder para beneficio de sus propios intereses, muy alejados de unos compromisos de Estado.
La necesidad, la razón, la dignidad y la justicia social exigen que la desigualdad desaparezca y éste debe ser un objetivo común; como debe ser superar unidos la situación de crisis social, política e institucional que sufrimos.