Fuentes militares y diplomáticas vinculan la Base Aérea de Manta, operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en el que murió «Raúl Reyes». La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida […]
Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que «una buena parte de los mandos» tienen «la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque» lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana.
«Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello», aseguró el militar.
El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos.
Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base de Manta fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría.
El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos.
Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo.
Pero la fuente militar aseguró a IPS que se deben «ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes».
El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido «una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento» en el ataque.
Pero la fuente militar aseguró que «la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos».
El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon «equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas».
«Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)» utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) «con una precisión impresionante» y un margen de error de un metro «de noche, en aviones a gran velocidad», agregó.
La fuente militar consultada por IPS dijo que «un ataque con bombas ‘smart’ exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos ‘ahora vayan a buscar los cuerpos’, entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas» en el lugar, sostuvo.
La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas «convencionales», lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses.
Los A-37 «lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)» y los «cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros», indica el informe de la OEA.
De acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá.
La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos «eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp», proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia.
Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial.
«Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp», aseguró el militar.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que su gobierno no permitirá «que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán».
El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010.
«Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación», establece el convenio.
Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna.
Uno de sus artículos afirma que «Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras».
Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas.
Podrían alegarse «muchas causas: la participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador», alegaron las fuentes.
Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia.
El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia.
«Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo», dijo y aseguró que esa guerrilla «ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002». Stavridis visitó Colombia en febrero.
En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que «Manta, para el propósito del Plan Colombia», es un «portaaviones en tierra de Estados Unidos».
Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3.
Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes.
Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento.
Manta es una de las cuatro «ubicaciones de operaciones de avance», junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe.
En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta.
El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves.
Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito.
De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.