A pesar de la impunidad con que la CIA sigue operando en el mundo y de la pasiva o activa complicidad de la comunidad internacional de la que se sigue beneficiando, son varias las organizaciones humanitarias y asociaciones defensoras de los derechos civiles que se obstinan en romper ese muro de impunidad. En el nuevo […]
A pesar de la impunidad con que la CIA sigue operando en el mundo y de la pasiva o activa complicidad de la comunidad internacional de la que se sigue beneficiando, son varias las organizaciones humanitarias y asociaciones defensoras de los derechos civiles que se obstinan en romper ese muro de impunidad.
En el nuevo informe Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la desaparición que publica hoy Amnistía Internacional a nivel mundial, AI abunda en detalles sobre la macro operación secreta por medio de la cual la CIA ha llevado a cabo desde poco después del 11-S una de las operaciones encubiertas de mayor extensión geográfica y con más complicidades de países de toda la historia.Amnistía describe cómo la agencia de Inteligencia de EEUU ha secuestrado en numerosos países a personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda para entregarlas a los servicios de Inteligencia de países aliados a fin de ser torturadas, siguiendo unas prácticas llamadas extraordinary renditions o entregas extraordinarias, violando las más elementales reglas del Derecho Internacional.
Amnistía Internacional describe cómo la CIA ha utilizado a operadores de aeronaves privadas, como Richmond Aviation, propietaria de varios de los aviones Gulfstream utilizados en cientos de los secuestros realizados en los últimos cuatro años, y una serie de empresas tapaderas con el objetivo de evitar dejar rastros de los vuelos secretos. El informe denuncia cómo la agencia de EEUU ha manipulado prácticas de la navegación aérea para no declarar sus vuelos a las autoridades de aviación. «La Administración estadounidense ha intentado de muchas formas burlar la prohibición de torturar y maltratar. Los últimos indicios muestran cómo manipula acuerdos comerciales para poder transferir a personas violando el Derecho Internacional, y demuestran lo lejos que el Gobierno estadounidense está dispuesto a llegar para ocultar estos secuestros», dice la secretaria general de AI, Irene Khan. Muchos meses después de ser reclamada por varios partidos en el Parlament Balear la explicación de ministros del Gobierno, finalmente el titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, aseguró el 24 de noviembre pasado en las Cortes que no había ningún indicio de que los aviones de la CIA [por fin se reconoció que lo eran] que habían hecho más de 20 escalas en los aeropuertos de Palma de Mallorca y las islas Canarias hubieran violado los acuerdos bilaterales entre EEUU y España. Reconoció, sin embargo que quedaba alguna duda con un caso concreto, con el del avión Gufstream IV matrícula N85VM que proveniente de Guantánamo, hizo escala en Tenerife, camino hacia Bucarest.
En el informe de Amnistía se revela por primera vez la escala de ese mismo aparato el 28 de enero de 2004 en el aeropuerto de Barcelona y también, en ese mismo aeropuerto, mucho tiempo antes, el 30 de octubre de 2002, la del aparato Gufstream III con matrícula N829MG. Por el aeropuerto de Barcelona habría pasado igualmente otro de los aparatos de la CIA el 31 de octubre de 2005. Asimismo Amnistía hace otra importante aportación a la investigación hecha hasta el momento sobre estos vuelos secretos, la presencia del mismo Gulfstream III, en esa ocasión utilizando la matrícula N259SK, que hizo escala en el aeropuerto de Málaga al menos el 14 y el 17 de mayo de 2005, un aeropuerto que hasta el momento no había sido relacionado con los cada vez menos secretos vuelos de la CIA. De acuerdo al estudio del registro de vuelos realizado por Amnistía Internacional, desde octubre de 2002 hasta mayo de 2005 se han producido escalas de esos aviones en aeropuertos españoles en al menos 25 ocasiones.
De los más de 1.000 vuelos registrados por AI, la mayoría han utilizado el suelo europeo, al menos como escala. Amnistía insiste que el Gobierno español debe investigar el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos para este tipo de prácticas y pide también a las compañías aéreas que no fleten aviones cuando éstos puedan ser usados para entregas.