El macroproyecto del TAV se ha caracterizado desde su mismo inicio por dos elementos fundamentales. El primero de ellos ha sido la sistemática ausencia de información pública clara y fidedigna, que los responsables públicos han tratado de sustituir sin éxito por la propaganda. El segundo ha sido la imposición, materializada en el desprecio de la […]
El macroproyecto del TAV se ha caracterizado desde su mismo inicio por dos elementos fundamentales. El primero de ellos ha sido la sistemática ausencia de información pública clara y fidedigna, que los responsables públicos han tratado de sustituir sin éxito por la propaganda. El segundo ha sido la imposición, materializada en el desprecio de la voluntad ciudadana expresada en las diferentes consultas, siempre con resultados contrarios al macroproyecto. Y la carga de la Ertzaintza contra quienes intentaban el sábado acercarse para ver in situ los destrozos que están produciendo las obras en Urbina reproduce estos dos errores, con lo que el TAV vuelve a aparecer como un proyecto falto de la más mínima transparencia exigible e impuesto a través de la violencia, con pelotazos y porrazos si es preciso.
La versión oficial de la Consejería de Interior, que habla de que los manifestantes arrojaron piedras a los agentes Ertzaintza, no supera el menor contraste ni con los testimonios de quienes presenciaron los hechos, ni con las profusas imágenes reproducidas por los medios de comunicación, en las que no se aprecian más golpes que los propinados por los uniformados. Pero es que ni siquiera concuerda con la propia actuación policial, que consistió no sólo en cargar en esa zona concreta y durante nada menos que una hora, sino también en identificar a cientos de personas a mucha distancia del lugar de las obras o en irrumpir en locales del casco urbano de Urbina. Las características de la intervención, incluida la fulminante llegada a la zona de un helicóptero, apuntan más bien a una premeditada operación de castigo al amplio y plural movimiento social que se opone al TAV con razones diversas, y todas ellas muy legítimas.
Sea como fuere, la desmedida intervención policial no hace sino agravar el conflicto y viene a demostrar que sus últimos responsables, a falta de argumentos, buscan profundizar en la confrontación para utilizarla como una suerte de razón de Estado que les permita seguir imponiendo su proyecto por la única vía que les queda: la fuerza.