Preguntas sin respuesta en un país minero donde el Ministerio de Minería carece de peso para decidir el destino de minerales estratégicos que se transan en el mercado internacional y que deciden la geopolítica mundial.
El compañero Barrera del Sindicato 1 se equivoca al llamar a Gabriel González Videla (GGV) «Gabriel el bueno» y al actual locatario de La Moneda, «la mierda».
No nos olvidemos que GGV abrió el campo de concentración de Pisagua. Reprimió las huelgas del carbón. Miles de trabajadores llenaron las cárceles, Quiriquina, entre otras. GGV se puso de lado de las Cías patronales del Carbón.
Fue una represión feroz, como se estilaba en aquellas épocas. Con un cuerpo de carabineros que no parecía tener límites. El mismo que había reprimido décadas anteriores al Pueblo Mapuche en Lonquimay (Troyo).
Es más, promulgó la Ley de Defensa de la Democracia y prohibió la existencia legal del Partido Comunista.
Sin los Convenios de Washington , 1951, Walker Larraín, Tomic, entre otros de la derecha liberal, como Hernán Videla Lira, se habría ido de la presidencia en 1952 con un triste historial, donde el cobre era vendido por las compañías norteamericanas sin participación del gobierno de Chile y a un precio incompatible con lo que se pagaba en el mercado internacional. No nos olvidemos que GGV, visitó a Truman para aliarse con el Imperio, cuya política exterior se basaba en la Tercera Guerra Mundial.
Ese es el «Gabriel bueno» del compañero Barrera.
Vamos al actual locatario de La Moneda. De la mano de la Concertación llevó al Poder a sus amigos de las luchas universitarias del Frente Amplio. En alguna parte debe haber leído lo que en abril de 2005 un grupo de disidentes del PS escribimos sobre la Iniciativa por un Frente Amplio. Ahí postulábamos, entre muchos otros puntos, la recuperación de los Bienes Públicos: «recuperar nuestras riquezas básicas y entre ellas el cobre, establecer un royalty por unidad de producto extraído (…) derogar la actual Ley de Concesiones Mineras (…) modificar el DL 600 de inversiones extranjeras (…) respetar los acuerdos internacionales sobre derechos de los trabajadores, ofrecer una alternativa real frente a la comercialización y empobrecimiento creciente de la cultura , etcétera.
Fueron suficiente 2 años para entender que no basta vestirse con un título ganador para asumir un gobierno. La institucionalidad minera de la dictadura, incluida la tristemente célebre Ley de Concesiones mineras, se mantuvo no sólo en los gobiernos de la Concertación, sino que se ahondó la falta de control en los puertos chilenos. Millones de toneladas de mineral de cobre, metales preciosos y tierras raras, han salido de nuestro territorio desde la llamada «vuelta a la democracia». En 2 años nada ha cambiado.
Hace algunos meses, la Jefa del Comando Sur nos advirtió la importancia que para su país tenía nuestro carácter de productor de minerales estratégicos. Hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anuncia que Janet Yellen, su titular en visita a Chile, tendrá como objetivo, «centrarse en la importante contribución de Chile a la transición verde, incluidas sus políticas internas para incentivar la energía renovable y su papel como *proveedor de minerales críticos»* – yo subrayo.
Es decir, en tanto proveedores de minerales críticos debemos mantenernos en línea con la política dictada por las transnacionales propietarias de los yacimientos, según la Ley de Concesiones Mineras. El presidente Boric no parece percibir el daño que causa a la Soberanía de un país la incerteza sobre su propiedad minera.
Tampoco parece captar las consecuencias del extractivismo para el país. El caso del cobre y sus subproductos es más que centenario. El litio arrastra 4 decenios. Período en que hemos sido incapaces de elaborar una política de cadena de valor con la industria de vehículos eléctricos. Baste decir que en 2023 las exportaciones se concentraron en carbonato de litio, hidróxido de litio y sulfato de litio.
Menos aún parece entender la incertidumbre que se crea con el capítulo sobre inversionistas y Estado del TPP11. Sólo Nueva Zelandia firmó una carta bilateral, restringiendo el capítulo sobre inversionistas y Estado. Sin un consenso entre los miembros del Tratado no veo cómo Chile podrá reformar los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas.
El cierre de Paipote se arrastraba desde hace más de una década (fundición de concentrado de cobre). Este se realizó finalmente el viernes 23 de febrero. Contrariamente a lo que afirma Iván Mlynarz (presidente de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI) la nueva FURE no estará en operaciones antes del nuevo gobierno. Para ello se requiere el Estudio de Impacto Ambiental, llamar a licitación para la construcción e instalación de la nueva planta.
Se cerró Paipote y la fundición de Ventanas. La refinería de esta última sigue operando. Cabe preguntarse, ¿cuál es el Plan que ENAMI tiene como proveedora de Ventanas? Sin un plan no quedaría otra alternativa que cerrar la refinería de Ventanas. Siendo ENAMI una empresa pública, está sometida a escrutinio público y a las directivas del Estado. ¿Tiene alguna política que proponer, aparte de constatar su estado de insolvencia e impago frente a sus principales proveedores de concentrados de cobre? ¿Quedará en manos de la justicia, nuevamente no olvidar los cobros ilegales de las Isapres, resolver la falta de políticas públicas del Estado? Ya los Sindicatos 1 y 2 de trabajadores, anunciaron querellas legales.
Preguntas sin respuesta en un país minero donde el Ministerio de Minería carece de peso para decidir el destino de minerales estratégicos que se transan en el mercado internacional y que deciden la geopolítica mundial.