El 13 de septiembre de 2010 se celebró la subasta de 630 viviendas con protección pública promovida por Alberto Ruiz Gallardón. Gracias a ello, Lazora, (empresa dedicada al alquiler de viviendas protegidas, surgida de la fusión de Larcovi y Azora, que cuenta con la participación y respaldo de Caja Madrid, Unicaja, Caja Navarra, Caja del […]
El 13 de septiembre de 2010 se celebró la subasta de 630 viviendas con protección pública promovida por Alberto Ruiz Gallardón. Gracias a ello, Lazora, (empresa dedicada al alquiler de viviendas protegidas, surgida de la fusión de Larcovi y Azora, que cuenta con la participación y respaldo de Caja Madrid, Unicaja, Caja Navarra, Caja del Mediterráneo, Caja Duero, BBK, Caja España, Caja Inmaculada, Caja Castilla-La Mancha, Caja Avila, Caja Burgos y distintas Cajas Rurales, fondos de pensiones de la Caixa, BBVA, Caixa Catalunya, Fonditel y Sabadell y grupos empresariales como el de Manuel Jove o Grupo Prasa) logró hacerse con las 630 viviendas protegidas con garaje y trastero por 65 millones de euros, cuando el precio medio de venta de esas mismas viviendas a sus adjudicatarios hubiera sido de 130.000 €. Es decir, la venta a los adjudicatarios originales de estas mismas viviendas hubiera reportado al Consistorio de Alberto Ruiz Gallardón unos 82 millones de euros.
Tras la subasta, Alberto R. Gallardón declaró que se trataba de una operación que se hace «en un ejercicio de solidaridad para poder construir nuevas viviendas sociales» (elmundo.es 08/09/2010). En la misma línea se manifestó Juan José de Gracia, Consejero Delegado de la EMV, en una entrevista publicada en El País el 13 de septiembre de 2010. Y, en efecto, Concha Osácar, directiva de Lazora, sin duda debe opinar que la subasta es un acto desmedido de solidaridad y generosidad para con el gran capital.
La realización de la subasta se ampara en un decreto emitido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En concreto en el artículo 18 del Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, que permite la enajenación de promociones completas de viviendas públicas «previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda».
La subasta se ha llevado a cabo sin esa autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Por tanto, es hora de que la Comunidad de Madrid se pronuncie. Esperanza Aguirre, Ana Isabel Mariño Ortega, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y Juan Van-Halen Rodríguez, Director General de Vivienda y Rehabilitación, guardan silencio desde el 30 julio, fecha en que se hizo pública la convocatoria de la subasta.
Ahora, todos los afectados aguardan la decisión de Esperanza Aguirre y su postura respecto a la vivienda social. Ella ha posibilitado, promulgando el decreto arriba referenciado, que Alberto Ruiz Gallardón malvenda al capital privado 630 viviendas construidas con dinero público, al igual que, en su día, posibilitó mediante la promulgación del Decreto 105/2009 (BOCM 29 de diciembre de 2009), por el que se regula la financiación del primer ciclo de Educación de la Comunidad de Madrid, que empresas como Clece (propiedad de Florentino Pérez) accedieran a la gestión de guarderías públicas hasta entonces gestionadas por cooperativas de trabajadores asociados sin ánimo de lucro.
Ahora, Esperanza Aguirre, Ana Isabel Mariño Ortega y Juan Van-Halen Rodríguez deben decidir si se adhieren al acto de solidaridad de Alberto Ruiz Gallardón u optan por la defensa de la vivienda pública y 630 familias.