En el último «Debate sobre el Estado de la Nación», celebrado el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a presentar un plan de cierre de las centrales nucleares antes del fin de esta legislatura. En ese contexto, la decisión del Gobierno […]
En el último «Debate sobre el Estado de la Nación», celebrado el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a presentar un plan de cierre de las centrales nucleares antes del fin de esta legislatura. En ese contexto, la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Santa Mª de Garoña en el 2009, fecha en la que expira el permiso de explotación provisional de esta instalación atómica, tal y como han publicado ciertos medios de comunicación en los últimos días, podría ser el primer paso dentro de ese prometido plan de abandono de la energía nuclear en España (un plan cuyos detalles, por ahora, se desconocen).
Obviamente, Greenpeace valora positivamente esta decisión del Gobierno, aunque la considera en sí misma insuficiente, por dos motivos. El primero es que, debido a su peligroso funcionamiento y al evidente agotamiento de su vida útil, es un error esperar hasta 2009 para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Garoña; ésta debería cerrarse de forma inmediata (de hecho, debería haberse cerrado hace muchos años). Y, en segundo lugar, porque la medida no debería plantearse de forma aislada, sino dentro de un plan de cierre progresivo pero urgente de todo el parque nuclear español.
En ese sentido, Greenpeace pide al Gobierno que consensue con el movimiento ecologista el plan de cierre de las centrales nucleares, cuya vida útil técnica ronda los 25 años, y que no permita alargar la vida operativa de ninguna central más allá de ese periodo. Las centrales nucleares españolas, incluso las que llevan menos años en funcionamiento, como Vandellós-2 o Cofrentes, están sufriendo importantes problemas de seguridad, como ha demostrado su reiterado mal funcionamiento en los últimos años.
Con respecto a Garoña, los hechos demuestran que su seguridad está seriamente degradada, tanto por problemas técnicos como por los fallos derivados de la deficiente cultura de seguridad del operador (Nuclenor) y, en suma, que su funcionamiento entraña un riesgo inaceptable para la seguridad pública y el medio ambiente. Además su aportación eléctrica es perfecta- mente prescindible y está más que compensada por la producción procedente del régimen especial (renovables y cogeneración).
Es innegable que la central nuclear de Garoña sufre serios problemas de seguridad, reconocidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por mucho que éste trate de minimizar su importancia. Existe un problema creciente de agrietamiento múltiple por un fenómeno de corrosión, que afecta gravemente a una serie de componentes de la vasija del reactor, la cual alberga el combustible de uranio, y que es, por así decirlo, el verdadero corazón de la central nuclear.
Este problema ha provocado la aparición de grietas en 66 de los 97 tubos que atraviesan la vasija, unos tubos a través de los cuales deben pasar al interior de la vasija, con precisión milimétrica, las denominadas barras de control, cuya función es parar las reacciones nucleares que tienen lugar en el reactor. Por lo tanto, la integridad estructural de esos tubos es fundamental para la seguridad nuclear. Este problema de agrietamiento, además de favorecer la pérdida de agua de refrigeración del reactor al exterior de la vasija, provoca la pérdida de integridad estructural de esos tubos, lo que puede impedir que se inserten correctamente las barras de control. Un problema, como reconocieron los responsables del CSN ante el Congreso de los Diputados, que seguirá empeorando inexorablemente.
En lo tocante a la pésima cultura de seguridad, un caso flagrante: en noviembre de 2005, se descubrió que la central nuclear de Garoña había estado más de siete meses operando sin que funcionara la instrumentación post-accidente y sin que nadie en Nuclenor se hubiera dado cuenta de ello. Esta instrumentación es de suma importancia en caso de accidente y por lo tanto el que estuviera en una situación muy prolongada de incapacidad operativa es un hecho grave, que finalmente fue calificado dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, como nivel 1. Como relata el CSN en su informe, en el caso de que en ese periodo de siete meses se hubiera producido un accidente con liberación radiactiva a la atmósfera de la contención, ese fallo en la instrumentación post-accidente «podría haber inducido a la toma de decisiones no conservadoras que pudieran haber puesto en entredicho la integridad de la contención primaria». De nuevo, Nuclenor puso en riesgo nuestra seguridad.
En cuanto a los aspectos energéticos, la aportación al Sistema Eléctrico de la central nuclear de Garoña es perfectamente prescindible. En el 2005, Garoña produjo 3.678 GWh (un 9,1% menos que en 2004), lo que supone tan solo un 1,5% del total peninsular y un 1,4% del total estatal.
En el Estado español existe un exceso de potencia eléctrica instalada, incluso considerando un margen de seguridad aceptable. Para demostrarlo, no hay más que acudir a los datos de Red Eléctrica de España (REE). Según su «Informe 2005 de Operación del Sistema Eléctrico», a 31 de diciembre de 2005 la potencia eléctrica instalada en megavatios (MW) en el sistema peninsular (sin contar con los sistemas de Canarias y Baleares) era de 73.970 MW. De ellos, 54.829 en régimen ordinario (hidráulica, fuel/ gas, ciclos combinados, carbón y nuclear) y 19.142 MW en régimen especial (renovables+cogeneración).
Hagamos unos cuantos números. El 27 de enero de 2005, cuando se produjo un máximo histórico de demanda, la potencia eléctrica que fue necesario poner en marcha ascendió a 43.378 MW. Es decir, incluso en esos momentos difíciles, existe un excedente de al menos 30.592 MW (cifra mayor que cuando se produjo el récord anterior, en 2004), cantidad que casi cuadruplica los 7.876 MW instalados en centrales nucleares. Esto indica que es totalmente posible acometer un programa de abandono progresivo de la energía nuclear. Y desde luego demuestra que es perfectamente factible prescindir inmediatamente de la central nuclear más antigua: Garoña, con 466 MW, cuya contribución al suministro de energía eléctrica es marginal.
Abandonar la energía nuclear es sólo una cuestión de voluntad política, no hay ningún problema técnico, energético o económico que lo impida. Es lo deseable desde la óptica ciudadana y medioambiental. Sin embargo, el ecuador de esta legislatura ya se ha cruzado sobradamente y el retraso en poner en marcha el plan de cierre de las centrales nucleares prometido por el Gobierno socialista empieza a ser decepcionante para muchos ciudadanos
Carlos Bravo – Responsable de la Campaña Antinuclear de Greenpeace