“…si hemos sido derrotados, no podemos hacer nada más que volver a empezar desde el comienzo” F. Engels
Ha caído el telón y, con él, se clausura la escena inaugural del primer gobierno progresista en Colombia. Como era previsible, proliferan los análisis y la mayoría insiste en la noción de “polarización” para explicar el evidente “empate electoral». Nosotros, en cambio, preferimos acudir a la expresión gramsciana de “equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica” para nombrar una situación de desequilibrio en donde —dicha paridad— antes que anunciar estabilización, legitimación y regulación, opera como un síntoma anticipado de una crisis que permanece en estado latente.
Por tanto, el propósito de este escrito consiste en reflexionar sobre si el revés electoral expresa la finalización de una forma “provisional” de gobierno o si, por el contrario, abre un nuevo momento para conquistar otros equilibrios de fuerza; no solo con el objetivo de preservar el deseo del cambio, sino, sobre todo, para impulsar una reconfiguración profunda del “instrumento” que deberá preparar el terreno para las grandes luchas venideras.
Para ello, proponemos dos interrogantes centrales: ¿puede leerse el cierre del mandato progresista en clave de un “gobierno provisional”? Y, de ser así, ¿puede esta experiencia ofrecer —al margen de sus liderazgos burocratizados— una base con potencia para desarrollar y producir acontecimientos inesperados?
Para abordar estas preguntas, introducimos la noción de “gobierno permanente” como herramienta para pensar sobre aquello que se pierde, pero también en torno a lo que puede ganarse, muy a pesar del descalabro sufrido en la segunda vuelta presidencial.
Para tal fin, nuestra hipótesis sostiene que no asistimos solo a la culminación de una dirección alternativa ni al simple retorno gubernamental de las fuerzas reaccionarias, sino a la agudización de los conflictos históricos que atraviesan la formación social colombiana; concretamente, entre sufragio nominal y dominación oligárquica, entre voluntad ciudadana y dependencia del dólar, entre promesa de cambio y persistencia de estructuras violentas.
En este escenario reaparecieron, bajo nuevas mediaciones, los rezagos de la herencia colonial y del “espíritu de la contrarreforma” que aún opera como matriz intelectual y moral, hoy reactualizada por el capitalismo digital y financiarizado. En el drama electoral reciente, la derrota culmina en un acto particularmente patético: el reconocimiento de los resultados y el inicio de un penoso empalme —o “auditoría”— en cabeza del “gobierno de los funcionarios”. En consecuencia, aquello que parecía abrir una disputa por la transformación profunda del Estado termina reducido, en su desenlace inmediato, a una transición administrada entre lenguaje punitivo, amenazas de judicialización y agresión burocrática, revelando los límites de un mesianismo incapaz de permanecer más allá de la “estadolatría” imperante [1].
Así pues, la presente exposición se organiza en dos momentos. En el primero, nos aproximamos a las categorías anunciadas para identificar el punto donde se condensa la puja por la hegemonía y la batalla cultural por el sentido común. En el segundo, responderemos los interrogantes planteados a partir de la relación entre “gobierno provisional” y “gobierno permanente”, con el fin de pensar cómo la derrota puede convertirse en organización, permanencia y reinvención política.
El poder “sin urna”
Si comprendemos qué significa un “gobierno permanente”, podremos advertir por qué los gobiernos de turno —independientemente de su signo ideológico— resultan, en última instancia, prescindibles para el sistema crediticio. Lo anterior quiere decir que, su permanencia o reemplazo no depende solamente de las elecciones, sino de su capacidad para garantizar la continuidad de un orden que los excede.
En este sentido, un gobierno es “permanente” no porque conserve siempre el mismo rostro, ni porque se identifique con una administración particular, sino porque puede atravesar, absorber y reorganizar distintas configuraciones de “gobierno provisional” sin alterar el núcleo que sostiene su dominación, a saber: la usura, la renta, la coerción estatal, la subordinación monetaria y la gestión de la obediencia.
Habría que agregar todo el entramado relativamente estable de instituciones e “infraestructuras políticas” que persisten fuera de los ciclos electorales y aseguran la reproducción del consenso. Este entramado se expresa en burocracias, aparatos de seguridad, élites económicas, tecnocracias financieras, medios de comunicación, organismos multilaterales, centros de pensamiento, redes nacionales e internacionales, entre otros. Aunque muchos de estos agenciamientos no compiten directamente por el gobierno, sí poseen capacidad para fijar prioridades, imponer límites y condicionar el horizonte de cualquier autoridad electa.
Por consiguiente, el rasgo de “permanencia” no reside solo en la ocupación de cargos oficiales, sino en la legitimación y delimitación del campo de lo posible, definiendo los ritmos del cambio y capturando, neutralizando o desplazando las demandas que amenazan los equilibrios del orden vigente. De este modo el sistema conduce la vida en común, combinando coerción y consenso con recursos materiales y vigorosas gramáticas del amigo-enemigo hasta moldear las decisiones estratégicas de toda una nación.
En esta perspectiva, el “gobierno permanente” designa la continuidad de relaciones que sobreviven a la alternancia y garantizan la estabilidad del bloque hegemónico. Ello permite comprender por qué los cambios en la representación no siempre modifican la orientación “natural” del poder, y por qué la democracia suele operar dentro de márgenes definidos por actores que permanecen por fuera del escrutinio público.
Asimismo, permiten desnudar cómo la dependencia y el alineamiento internacional inciden en la configuración de los proyectos nacionales. En nuestro caso, la gravitación histórica de Estados Unidos sobre las instituciones ha coexistido, más recientemente, con la creciente presencia comercial de China. Sin embargo, el “gobierno permanente” tiende a reacomodarse según las mutaciones del sistema internacional, ajustando sus orientaciones a las transacciones entre potencias y a los consensos geopolíticos.
En resumen, esta noción permite comprender la articulación relativamente estable de instituciones e infraestructuras que operan con independencia del péndulo de la gobernanza sistémica. En ese entramado, eufemísticamente llamado de “pesos y contrapesos”, confluyen factores reales de poder que no sustituyen formalmente al gobierno elegido, pero sí fijan los marcos de acción, estabilizan orientaciones y condicionan —aunque no determinen por completo— sus decisiones.
Consideramos que ésta figura también puede entenderse como un gobierno de la deuda. Esto porque el endeudamiento no opera como mero dispositivo financiero, sino como mecanismo de disciplinamiento. De modo que acreedores, mercados, calificadoras de riesgo y compromisos de estabilidad macroeconómica prefiguran los contornos de cualquier gobierno. Como resultado, la sostenibilidad fiscal se convierte en principio rector que subordina prioridades a la confianza de los acreedores y al servicio de la deuda. En suma, por encima de la alternancia democrática, la lógica financiera conserva una influencia estructural sobre la orientación del Estado.
Para no ir tan lejos, el Decreto 0618 de 2026, expedido por el gobierno saliente, estableció el “Plan de Austeridad del Gasto para los órganos del Presupuesto General de la Nación” [2]. Allí, la sostenibilidad fiscal opera como principio ordenador al imponer criterios de ahorro, eficiencia y contención sobre la contratación de personal, los gastos operativos, entre otros aspectos. En efecto, el próximo gobierno de ADLE encontrará ya pavimentada, con cemento progresista, la pista de la “racionalización del gasto público”: metas cuantificables de ahorro, planes internos de austeridad, controles periódicos y reportes de cumplimiento. Esta orientación podría afectar directamente a un número importante de trabajadores por prestación de servicios en la Rama Ejecutiva. Por esta razón, el “apretón” deja de aparecer como medida excepcional y se instala como imperativo de la disciplina fiscal.
De lo anterior se desprende una definición ampliada de “gobierno provisional”. Aunque el Instituto para las Transiciones Integradas —IFIT— lo entiende como un gobierno que asume un mandato extraordinario hasta la elección de una administración ordinaria [3], desde nuestra hipótesis lo provisional no se limita a esos escenarios de transición. También nombra a todo gobernante electo cuyo margen de acción permanece subordinado a un orden que lo antecede y lo sobrevive. Así, mientras el “gobierno provisional” tramita la coyuntura y preserva la continuidad institucional, el “gobierno permanente” modula los límites de esa transición. En definitiva, lo provisional designa el aspecto visible y temporal del mando; lo permanente, en cambio, la correlación que decide hasta dónde puede llegar.
Permanecer “desde abajo”
Con las nociones antes expuestas, podemos pasar ahora a las preguntas que alientan esta indagación. La primera, podemos responderla afirmativamente, aunque con una precisión decisiva: la experiencia progresista puede interpretarse como un “gobierno provisional” no declarado, en el contexto de una transición pactada entre facciones hegemónicas para contener la crisis desatada por el desbordamiento de la protesta social.
Ahora bien, fue provisional porque le permitió a la izquierda institucionalizada ocupar temporalmente la dirección formal del Estado, pero sin desplazar el núcleo permanente de mando que organiza la especulación y con ella los límites de lo posible. Su fracaso en los comicios confirma, entonces, una verdad de perogrullo: que arribar al gobierno no equivale necesariamente llegar al poder; más bien muestra la distancia entre gestión de gabinete y transformación efectiva de las relaciones de fuerza.
Conviene recordar que Antonio García advertía que el debate sobre la organización política en América Latina suele moverse dentro de un ciclo vicioso: “entre la democracia más o menos aparente y el absolutismo más o menos encubierto”. A partir de esta premisa, sostenía que los grandes cambios cualitativos solo se produjeron cuando las revoluciones sociales lograron quebrar el cerco del absolutismo institucionalizado. Esto no significa, desde luego, que toda reforma, en el marco de la democracia liberal, deba considerarse imposible; significa, más bien, que en sociedades dependientes y atrasadas la democracia aislada del movimiento real corre el riesgo de devenir en “democracia aparente”, es decir, puede conservar sus mecanismos representativos, pero dejar intacta la arquitectura que impide la participación popular efectiva [4].
Dicho de otro modo, la cuestión no es abandonar la disputa por el sufragio político, sino radicalizarla hasta convertirla en una lucha por conquistar y hacer irreversible una “democracia total”. Ello implica transformar la frustración electoral en una tensión productiva entre el reformismo “desde arriba” y la construcción de capacidad para reconfigurar las condiciones reales de decisión.
Desde allí podemos responder la segunda pregunta. Pese al abatimiento de muchos votantes, persiste un pueblo movilizado con potencial de proyectar otros modos de intervención, siempre que deje de concebirse como simple saldo electoral y se reconozca como una base ética para la edificación de un gobierno permanente “desde abajo”, en los márgenes y contra las formas del “fascismo democrático” emergente. Esa base no se encuentra, por ende, en la burocracia devenida en “nueva clase”, sino en los verdaderos protagonistas que hicieron posible el ciclo abierto por el Acuerdo de Paz, las insubordinaciones populares, las luchas territoriales y las resistencias juveniles, feministas, campesinas, sindicales, indígenas y afrodescendientes.
Justamente allí se encuentra la materia viva para dualizar las estructuras representativas; no como duplicación mecánica del Estado, ni como consigna insurreccional abstracta, sino como edificación paciente de órganos, redes, formas comunitarias, territoriales y programáticas capaces de producir decisión colectiva más allá de los “imperativos categóricos” electorales. En conclusión, el “gobierno permanente” de las clases dominantes solo podrá enfrentarse con una permanencia organizada de los oprimidos, es decir, mediante una congregación que convierta la derrota en conciencia anticapitalista, el desencanto en recomposición contrahegemónica y las ilusiones perdidas en punto de partida para los acontecimientos constituyentes por venir.
Notas y referencias
[1] En Gramsci, la “estadolatría” designa la tendencia a absolutizar el Estado, es decir, a convertirlo en el lugar privilegiado —e incluso exclusivo— de la vida política. No se trata simplemente de reconocer la importancia estratégica del Estado, sino de confundir la transformación social con la ocupación de sus aparatos administrativos, jurídicos y gubernamentales. Desde esta perspectiva, la crítica gramsciana apunta contra toda concepción que reduzca la política al “gobierno de los funcionarios” y subordine la iniciativa popular a la mediación estatal. Como recuerda Carlos Nelson Coutinho, uno de los aportes decisivos de Gramsci consiste en ampliar la teoría del Estado, al comprenderlo no solo como aparato de coerción, sino como articulación entre sociedad política y sociedad civil, entre dominación y hegemonía. Por ello, superar la estadolatría no significa negar la disputa estatal, sino impedir que esta absorba la capacidad autónoma de organización, dirección cultural y construcción política de las clases subalternas. En este sentido, la estadolatría expresa el momento en que la política queda capturada por la administración del Estado y pierde su potencia constituyente. Ver Coutinho, C. N. (1986). Introducción a Gramsci (A. M. Palos, Trad.). Ediciones Era. (Obra original publicada en 1981).
[2] República de Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto No. 0618 de 2026, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2026 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. Bogotá, D. C., 17 de junio de 2026.
[3] Institute for Integrated Transitions. (2020, noviembre). Gobiernos provisionales: lecciones y recomendaciones [Documento práctico de IFIT].
[4] García, A. (1987). Dialéctica de la democracia. Editorial Plaza & Janes.
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