¡La ciudad electrónica, la ciudad inteligente! ¿Ya llegamos al futuro? Asistimos deslumbrados a la informatización creciente de la vida en las ciudades. Se están colmando de todo tipo de sensores, GPS, cámaras, que permiten a la administración pública monitorear el tráfico, los semáforos, la contaminación, los accidentes, los trámites, las transacciones… y, también, a los […]
¡La ciudad electrónica, la ciudad inteligente! ¿Ya llegamos al futuro? Asistimos deslumbrados a la informatización creciente de la vida en las ciudades. Se están colmando de todo tipo de sensores, GPS, cámaras, que permiten a la administración pública monitorear el tráfico, los semáforos, la contaminación, los accidentes, los trámites, las transacciones… y, también, a los ciudadanos. Estos, además, portan su teléfono «inteligente» que permite saber en tiempo real dónde estamos, cuándo llegan los autobuses, los trenes, los taxis… accedemos a infinita información, nos comunicamos con todo el mundo y disfrutamos del comercio electrónico, la banca electrónica, el gobierno electrónico…
¿El gobierno electrónico? ¿También? ¿Acaso nos va a gobernar ahora una computadora? Es bueno cuidar el lenguaje y no quemar las palabras. En rigor, por ahora se trata más de administración electrónica que de gobierno electrónico. En efecto, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la administración de una ciudad puede incrementar considerablemente la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, en particular en la provisión de información y servicios. Informatizar los registros, el catastro, la información personal e institucional, la información económica, fiscal y territorial pueden agilizar, acelerar y abaratar (por la eliminación de toneladas de papel y miles de viajes) la relación de la administración con los ciudadanos, con las empresas e, internamente, entre instituciones del gobierno. Y, con ello, hacer más fácil la vida de las personas (a costa, es verdad, de perder privacidad).
Un gobierno electrónico propiamente dicho, en cambio, abre otras perspectivas, en particular la participación de los ciudadanos en la gestión económica, social y política, la transparencia sobre las instituciones, los servidores públicos, los presupuestos, los gastos, los planes, las políticas, la rendición de cuentas, el control ciudadano, la iniciativa legislativa, la consulta popular, etcétera. Ya son palabras mayores. Efectivamente el avance tecnológico puede facilitar muchas de estas actividades, pero nada más que eso, facilitarlas. Primero tienen que existir.
El gobierno del presidente Díaz-Canel insiste, con razón, en la importancia de la informatización de la sociedad. Comienzan los balbuceos en la banca electrónica, las trampas con los GPS, los tropiezos con las tarjetas electrónicas (que, en vez de agilizar, por ahora suelen alargar las colas), y ya entró también en el discurso público cubano el «gobierno electrónico».
Según el Ministerio de Comunicaciones se han planificado cuatro etapas para la introducción en Cuba del Gobierno Electrónico:
en primer lugar, la presencia de los organismos y gobierno con información útil para la población en el sitio del gobierno; luego, la interacción de la Administración Pública, el gobierno y el pueblo; más tarde, la transacción donde se usen los pagos electrónicos en los trámites y servicios; finalmente, la transformación, que incluye la participación del pueblo en la construcción de las políticas públicas y en la gestión de la administración y el gobierno.
Las tres primeras abarcan lo que hemos llamado administración electrónica y la última seria la que efectivamente podría identificarse como gobierno electrónico.
Se ha comenzado a experimentar con las dos primeras. Los resultados aconsejan prudencia y a menudo se repiten los errores de numerosas experiencias internacionales. Se impartió la «orientación» de que todos los gobiernos provinciales debían abrir un portal del ciudadano. Y así se hizo. ¿A qué se podría aspirar en esta primera etapa? A que se provea información actualizada (estadística, cultural, económica, política, ambiental…), que se puedan formular preguntas y quejas (y, claro, que sean contestadas…) y que sea posible realizar trámites (solicitud de licencias, permisos, emisión de certificados y constancias, acceso a los registros, a través de algo parecido a una ventanilla única).
Las ventajas son evidentes: rapidez, eficacia, ahorro de papel y de tiempo, no existen horarios ni distancias…, pero los requisitos no resultan tan evidentes. Hay que depurar, actualizar y digitalizar toda la información para que sea confiable, hay que capacitar a los funcionarios, hay que disponer de la infraestructura adecuada y, sobre todo, hay que mejorar los procesos internos haciendo funcionales y coherentes los procedimientos administrativos. Si no se solucionan previamente las inconsistencias y las incoherencias, lo único que se consigue es tener un caos electrónico, un desbarajuste digital absolutamente inútil.
¿Cómo va la experiencia en nuestra «maravillosa» Habana? Está claro que la base del sistema es la calidad de la información. Probemos el sistema. Nos interesaría saber, por ejemplo, cómo está estructurado el presupuesto de la ciudad. Entramos en el portal del ciudadano de «HABANA MÍA» (www.lahabana.gob.cu), pinchamos en «ECONOMÍA» y nos encontramos con el texto siguiente. «El gobierno promueve la transparencia en su gestión. Conozca cómo se distribuye y a qué se destina el presupuesto de la provincia. De igual modo puede consultar interesantes cifras publicadas directamente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en la provincia«. Ilusionados, pinchamos en «PRESUPUESTO» y nos tropezamos con un escueto: «No hay artículos en esta categoría.» (¡?) Hay que ir entonces a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Peor todavía. Si entramos en las páginas de los anuarios provinciales y municipales resulta que… ¡la ciudad de La Habana ha desaparecido! Lo mismo que sus municipios. Digno homenaje a su aniversario. Información: cero absoluto.
Nos introducimos entonces en otras secciones del portal para ver cómo anda la etapa de interacción. En la página «SECTOR ESTATAL» en el día 22 de julio de 2019 se observaban 43 intervenciones de ciudadanos haciendo preguntas y reclamaciones, pero solo se contabilizaban 10 respuestas. En la página «SALUD», 20 intervenciones, solo 7 respuestas. Lo mas inquietante es que la participación popular había comenzado vigorosamente al inicio del año, cuando se abrió el portal, pero ya en mayo se contabilizaban las últimas intervenciones… Ninguna en junio, ninguna en julio… la mejor forma de desprestigiar el portal y boicotear la administración electrónica es la no respuesta.
Lo más paradójico del asunto es que en otras provincias, en principio con menos recursos materiales e intelectuales, como Pinar del Río (www.redpinar.cu) o Granma (www.degranma.gob.cu) , los portales funcionan aceptablemente bien. ¿Qué podemos pensar entonces de la administración de la capital del país? Es obvio que la limitación no es material, ni técnica. Ahí esta el portal. El fallo es humano, ¿falta de interés, cumplimiento burocrático de las «orientaciones»?
Las etapas siguientes se ven todavía lejanas. La participación ciudadana puede quedarse en pura demagogia si no se ofrece a la población la información requerida para poder analizar, opinar y sugerir con conocimiento de causa. El requerimiento de transparencia no puede saltarse si queremos adentrarnos en el complejo mundo de la gobernanza electrónica. De hecho, la información es un requisito imprescindible para la participación, con o sin electrónica.
Recientemente, la Comisión de implementación de los Lineamientos abrió el portal CUBRACRECE (www.cubacrece.gob.cu) , tal como Marino Murillo había prometido hace unos meses. Uno de los temas más sensibles y en los que la población tiene más opiniones es el de la vivienda. Se ha hecho mención públicamente en repetidas ocasiones a una «Política de la vivienda» recién aprobada, que se puede suponer que no solo contenga las metas a alcanzar sino el camino para llegar a ellas. Si acudimos al portal mencionado a consultarla nos encontramos tan solo con los títulos de las políticas y un párrafo más o menos breve que anuncia el contenido. Pero el texto sigue brillando por su ausencia. Es más, la Política de la Vivienda no está incluida en el listado. ¿Como «participar en la construcción de las políticas públicas» si no se publican? ¿Acaso son secretas?
Hay otros aspectos de indudable complejidad que es conveniente también prever y abordar. Un gobierno electrónico debe ser inclusivo, no puede excluir a nadie y ello no será fácil. Se sufre exclusión por la edad (no todo el mundo está alfabetizado electrónicamente), por los precios (no todos pueden comprarse un smartphone o una computadora ni puede pagar las tarifas vigentes de datos…), no todas las zonas en la ciudad tienen la misma cobertura… pero si todos los ciudadanos tienen todos los derechos.
Transparencia, eficiencia, participación… tres pilares del gobierno electrónico que todavía andan lejos, aunque ya se ha comenzado a andar. Todo largo viaje comienza con un primer paso. Ahora, lo importante, es no parar. Hay que defenderlo, hay que exigirlo.
Carlos García Pleyán. Barcelona, 1946. Sociólogo cubano. Doctor en ciencias técnicas, profesor e investigador titular. Trabajó durante treinta años en el campo del urbanismo y el ordenamiento territorial en el Instituto de Planificación Física y diez en la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Fue profesor en la Universidad Tecnológica de la Habana y la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.
Fuente: http://oncubanews.com/opinion/gobierno-electronico-en-la-habana/