El ex presidente español Felipe González encabeza la lista de firmantes de una petición de indulto presentada ayer mismo en favor de Rafael Vera, condenado a siete años de cárcel por llevarse dinero de los «fondos reservados». Vera y el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, habían lanzado veladas amenazas. El Gobierno de José […]
El ex presidente español Felipe González encabeza la lista de firmantes de una petición de indulto presentada ayer mismo en favor de Rafael Vera, condenado a siete años de cárcel por llevarse dinero de los «fondos reservados». Vera y el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, habían lanzado veladas amenazas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene sobre su mesa una «patata caliente», después de que su predecesor al frente del Ejecutivo español y del PSOE Felipe González presentara ayer una petición de indulto para Rafael Vera y José María Rodríguez Colorado. Ambos han sido recientemente condenados a siete y seis años de cárcel respectivamente por «malversación de caudales públicos» en el caso de los «fondos reservados» durante el Gobierno de González.
El escrito fue presentado en el Ministerio de Justicia ayer por el abogado Jorge Argote, y reclama el indulto «total», no parcial, para los condenados. Junto a la firma de González está la de dos de sus ministros de Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera. Cabe recordar que tanto Barrionuevo como Vera, máximos responsables del Ministerio en 1983, ya fueron condenados y encarcelados por el secuestro de Segundo Marey, acción de los GAL. González les acompañó también entonces (diciembre de 1998) hasta la puerta de acceso a la prisión de Guadalajara.
«Con riesgo de sus personas»
Los tres ex responsables gubernamentales piden el indulto total (incluidas responsabilidades civiles) argumentando que «podemos y debemos afirmar y manifestar nuestro apoyo a la gestión realizada por las dos personas indicadas al frente de sus respectivas responsabilidades políticas, resaltando sus meritorios servicios al Estado y a la democracia con total entrega y riesgo de sus personas».
La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno de Zapatero, que ya ha autorizado en las últimas semanas la salida de prisión del ex general Enrique Rodríguez Galindo. Ayer, diversos responsables del PSOE como el portavoz parlamentario, Adolfo Pérez Rubalcaba, se limitaron a indicar que la petición de indulto está prevista en la Constitución.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, añadió que los tribunales «ya han hablado respecto a la culpabilidad y la responsabilidad de los encausados», y que ahora «debe ser la sala sentenciadora la que emita un informe respecto a esta petición de indulto, pero en última instancia decidirá el Gobierno».
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, salió al paso de la demanda para pedir a Rodríguez Zapatero que «no haga ningún caso» a la demanda. Su compañero de filas en Euskal Herria Mikel Arana consideró evidente que González «se ha quitado la careta y ha reconocido de facto la implicación de su gobierno en los GAL», al pedir el indulto para Vera «porque sabe que está dispuesto a tirar de la manta».
Josu Jon Imaz (PNV) y Onintza Lasa (EA) también vincularon la demanda de González con el miedo a la verdad.
Plantean acciones judiciales contra Ibarra
El primero en levantar la voz tras las advertencias de Vera fue, anteayer, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que amenazó con revelar datos sobre acciones de los GAL si no se hacía algo en favor de los condenados por los «fondos reservados». Portavoces de formaciones políticas vascas advierten indicios delictivos en las palabras de Rodríguez Ibarra.
Para el consejero de Justicia del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga, la actitud del presidente extremeño debe ser considerada «cuando menos como denegación de auxilio a la Justicia».
Parafraseando sus palabras, indicó que «como ciudadano, Rodríguez Ibarra puede sentirse como un sacerdote, un monaguillo o lo que quiera, pero como responsable político e institucional debe dejarse de misticismos». Le pidió que revele lo que sabe «por respeto a la memoria de las víctimas del GAL, que, como las de ETA, son víctimas del terrorismo. No lo olvidemos».
Imaz:»Injustificable»
Josu Jon Imaz, presidente del PNV, estimó en Antena-3 que «si es cierto que tiene datos sobre un asesinato» y no los declara ante los jueces, «eso es un delito».
Onintza Lasa, portavoz de EA, consideró por su parte que «si vamos uniendo la carta de Vera, las declaraciones de Rodríguez Ibarra y el escrito de petición de indulto de González, se puede pensar que hay muchísimo miedo a que se llegue a saber toda la verdad sobre los GAL».
Portavoces del PP y de IU de Extremadura también advirtieron que la actitud de Rodríguez Ibarra podría ser delito.
«Siempre tuve la autorización de todos mis superiores»
La carta hecha pública por Rafael Vera en »El País» la pasada semana, y que ha provocado esta cascada de movimientos, afirmaba entre otras cosas que «no me he apropiado de cantidad alguna de los fondos reservados que no fuese para asuntos relacionados con mi seguridad, como en muchos otros casos, y siempre con conocimiento y autorización de todos mis superiores». A tenor de la frase, cabe entender que entre ellos estaba la de Felipe González. «Los que cobraron, y tenían responsabilidades en el ámbito de la Justicia, en la Intervención General del Estado, en los servicios jurídicos y algunos miembros de la Fiscalía y de la Judicatura, debían haberme advertido de la ilegalidad de ese cobro, pero se callaron y pidieron más». Más adelante, Vera expresaba su apoyo a Galindo, entre otros, y concluía que «por esto me repugna la cobardía. Hemos linchado a servidores del Estado que han dado lo mejor de sí mismos. ¡Qué horror!». Y anticipaba que «espero la orden de ejecución de la sentencia para tomar una última decisión en este largo y agotador proceso político-jurídico: han sido 22 años de esfuerzo, entrega, sacrificio y también errores: esa decisión podría ser uno de ellos».