Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él?
Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.
Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. «Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada».
A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es «formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto».
Operación desgastada
A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. «El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó», declara Martínez.
A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: «Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución». En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: «En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora».
Oposición a pie de obra
Durante 2008, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba «la ciudad del juego». A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.