El calendario lo dice todo. El pasado marzo, en tres distintos saltos a la valla de Melilla, unos 2.500 migrantes lograron entrar en territorio español. La Policía marroquí, cómplice, dio todas las facilidades para ello. Trataba así de agudizar el conflicto fronterizo y crear serios problemas al Estado español. Poco después, el 8 de junio, Pedro Sánchez explicó en el Congreso un cambio radical en la política española sobre el Sáhara, defendiendo ahora la propuesta autonomista de Marruecos y olvidando la autodeterminación antes reclamada. ¿Guardaban relación ambos hechos?
La BBC acaba de publicar una investigación sobre la masacre ocurrida en Melilla el pasado 24 de junio. La víspera, los campamentos de migrantes de las montañas cercanas fueron asaltados violentamente y desalojados por la Policía marroquí. Al día siguiente unos 2.000 migrantes trataron de escalar las vallas que separan Marruecos de Melilla. La Policía marroquí cargó con pelotas de goma y gases lacrimógenos, golpeando con saña a todo el mundo. Unos 700 migrantes quedaron atrapados y estrujados en un espacio muy reducido. Las puertas de la valla española no se abrieron, sino todo lo contrario. La Guardia Civil utilizó también gases y balas de goma contra los que intentaron saltar la última valla. Resultado: 24 migrantes muertos, por lo menos, buena parte en territorio español, y más de 70 desaparecidos.
Pedro Sánchez echó las culpas de todo a las mafias traficantes de personas y afirmó que el problema se había resuelto «razonablemente bien». Por su parte, Grande Marlaska, habló de un «ataque violento a su frontera y sus fuerzas de seguridad» y afirmó que «no tenemos ningún complejo» ya que la actuación policial había sido «escrupulosa». En el Congreso el PSOE, apoyado por el PP y Vox, rechazó posteriormente la petición de crear una comisión de investigación de los hechos.
Poco después, el 8 de julio, la Unión Europea y Marruecos suscribieron un nuevo acuerdo de control migratorio. Se acuerda en él pagar a este país 500 millones de euros durante los próximos cinco años, cantidad que duplica la antes existente. El acuerdo fue gestionado entre las autoridades marroquíes, el ministro Grande Marlaska y la comisaria de Interior europea, Ilva Yohansson. En resumen, la UE paga, Marruecos masacra y el Estado español mamporrea vendiendo la soberanía del pueblo saharaui y colaborando en la represión policial.
Cambio de tercio. Los ministros de Interior del PSOE merecerían un lugar de honor en el museo de los horrores. El primero de ellos fue José Barrionuevo (1982-1988), condenado a diez años de prisión por secuestro y malversación de fondos destinados a la financiación de los GAL, quien hace tan solo unos días ha declarado sonriente y ufano que asume todo aquello y bastante más. Su sucesor, José Luis Corcuera (1988-1993), fue el padre de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley de la patada en la puerta», quien dimitió después deque el Tribunal Constitucional anulase buena parte de la misma. El siguiente fue Antonio Asunción (1993-1994), responsable de la política de dispersión de los presos de ETA, quien también dimitió tras la fuga de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil y chorizo impenitente que metió mano en todo tipo de cuentas y fondos públicos.
Juan Alberto Belloch (1994-1996) unificó bajo su mando las carteras de Justicia e Interior, mostrando así sin vergüenza alguna el maridaje que en el actual régimen se da entre las porras y las togas. Fue portavoz de Jueces por la Democracia y fundador de la asociación de DDHH del País Vasco, pero tras lograr su superministerio se volvió sordo-ciego ante las denuncias por torturas que llegaron a su mesa.
Tras el paso de Pérez Rubalcaba por el Ministerio (2006-2011), este volvió a manos de un juez. En junio de 2018 el PSOE recuperó el gobierno y nombró para el cargo a Fernando Grande Marlaska. Importó poco que este hubiera sido propuesto por el PP para su cargo en el Consejo General del Poder Judicial, pues contaba con el favor de las cúpulas policiales y los servicios de información y ese era su mejor aval. Lo demás, peccata minuta.
De las once condenas que el Estado español ha recibido en los últimos años por no investigar denuncias por torturas policiales, seis de ellas han tenido que ver directamente con Grande Marlaska. En una de ellas, la de Portu y Sarasola, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó también que recibieron un «trato inhumano y degradante», pero nada de ello importó a Pedro Sánchez. Más peccata minuta.
Cuando Marian Beitialarrangoitia, parlamentaria de EH Bildu, preguntó en el Congreso a Grande Marlaska por los 4.113 casos de torturas reconocidos en un informe oficial realizado por encargo del Gobierno Vasco, este le respondió chulescamente: «Me podrá decir lo que quiera, pero yo le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000… Acostúmbrese a que la verdad es la verdad judicial». Claro está, por esa misma razón los crímenes del franquismo no han existido ni deben considerarse por la sencilla razón de que ningún tribunal los ha juzgado ni condenado.
Curiosamente, cuando cientos de denunciantes han acudido a los juzgados españoles en demanda de verdad y justicia para los crímenes franquistas, estos les han dado un portazo en la cara, inadmitiendo y archivando todas sus querellas. Y la nueva y flamante Ley de Memoria Democrática sigue haciendo lo mismo, pues continúa sin permitir el acceso a la Justicia. En resumen, el ministro dice que tan solo vale la verdad judicial, pero la Justicia española se niega a investigarla y el Gobierno respalda su actuación. Grande Marlaska hace trampas y se ufana de ello.
Volvamos al principio. Tan solo en un gobierno que califica la criminal intervención policial en Melilla como razonable y escrupulosa puede entenderse que haya un ministro como Grande Marlaska, cómplice de la práctica reiterada de la tortura en dependencias policiales. Tal para cual.
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