Como lo ha señalado la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, -y lo hemos sufrido todos los chilenos- a partir del estallido social del 18 de octubre, hemos experimentado graves y sis- temáticas violaciones de derechos humanos en nuestro país. El gobierno ha sido incapaz de revertir la situación de virtual autonomía constitucional y […]
Como lo ha señalado la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, -y lo hemos sufrido todos los chilenos- a partir del estallido social del 18 de octubre, hemos experimentado graves y sis- temáticas violaciones de derechos humanos en nuestro país. El gobierno ha sido incapaz de revertir la situación de virtual autonomía constitucional y legal de que disfrutan las Fuerzas Ar- madas y Carabineros; por medio de las cuales éstas han procedido a desarrollar una política extremadamente represiva en contra de los manifestantes pacíficos; y sorprendentemente contemplativa en contra de vándalos y saqueadores.
Curiosamente, los chilenos tendemos a olvidar generalmente que desde 1990 los gobiernos que ha habido no han mandado efectivamente sobre dichos cuerpos armados. A fines del año pasado hubo un recordatorio general de ello, con ocasión de los reiterados fraudes cometidos durante años por altos oficiales del Ejército y de Carabineros; y, especialmente, por el escánda- lo de la inteligencia de Carabineros con la operación «Huracán» y el asesinato del joven comu- nero mapuche, Camilo Catrillanca. Así, pudimos ver en televisión como dirigentes de todo el espectro político nos recordaban ello con absoluta claridad: el senador de derecha Carlos Bian- chi; el subsecretario de Lagos y ex DC, Jorge Navarrete; y el diputado de RD, Jorge Brito.
Pero sin duda que el testimonio más impactante fue el del senador del PS, José Miguel Insulza, ya que él fue un ministro clave de Frei Ruiz-Tagle (canciller y ministro secretario general de la Presidencia) y de Lagos (Interior). Y, además, en ambas calidades desempeñó un papel clave en el logro de la impunidad de Pinochet. Primero, como canciller, en las gestiones para obtener la libertad del ex dictador de Londres. Y, posteriormente, como ministro del Interior, presionan- do públicamente al Poder Judicial para que no se condenara a Pinochet por razones de «salud mental», lo que finalmente logró exitosamente. De este modo, en una entrevista televisiva con Mónica Rincón, Insulza le expresó sin tapujos que «desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabine- ros se mandaban solas».
Por si lo anterior fuese poco, aquello coincidió con las expresiones del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en una alocución a cerca de 900 oficiales en la Escuela Militar, en que declaró la disposición institucional a defender su privilegiado sistema previsional «con dientes y muelas». Obviamente, en cualquier país normal, en que las autoridades militares están subordi- nadas al poder civil, aquello habría terminado con la remoción inmediata de dicho comandante en jefe.
Producto de la represión fundamentalmente dirigida a los manifestantes pacíficos, se han regis- trado hasta hoy más de veinte personas muertas; centenares de personas torturadas (incluyen- do abusos y violaciones sexuales) y maltratadas; y miles de personas heridas, incluyendo más de 500 producto del uso criminal de perdigones o balines. Y, de éstas, según el Colegio Médico, has- ta el 5 de noviembre, ¡más de 180 personas han quedado con heridas oculares severas, debido principalmente al impacto de balines! Para dimensionar la ferocidad de esta represión, el mismo Colegio ha señalado que las fuerzas de seguridad israelíes, ¡en 6 años de conflicto han provocado heridas graves en los ojos a 154 palestinos!…
Por otro lado, los heridos hospitalizados alcanzan a 1.574 personas, de acuerdo a los últimos da- tos proporcionados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); y los totales (porque muchísimos quedan con heridas no requeridas de hospitalización o no se atreven a ser atendidos) alcanzarían a más de 2.500 de acuerdo a la Cruz Roja. Y lo que es aún más grave y sistemático, el uso de balines y perdigones ¡estaría incorporado en los protocolos para su empleo discrecional por parte de Carabineros; y tendrían incorporados elementos de metal lo que los hace doblemente peli- grosos. Además, de acuerdo al INDH ha habido, hasta la fecha, 4.316 personas detenidas.
Por otro lado, la autonomía de militares y carabineros ha quedado en evidencia en esta ocasión de manera tragicómica. Así, el presidente Piñera -en una muy desafortunada intervención por ca- dena nacional en los primeros días del estallido, que solo se puede entender como un modo de «demostrar» que él estaba conduciendo la fuerte represión- declaró que el país estaba «en guerra» contra un poderoso enemigo. Y al día siguiente lo desmintió literalmente el Jefe de Zona de Estado de Emergencia, el general Javier Iturriaga, y de una forma que pudo sonar hasta burlesca: «Yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie». Por cierto, aquello no significó ni la remoción ni la censura pública alguna del general bromista por parte del gobierno.
Por cierto, esta autonomía de militares y carabineros -que junto con desnaturalizar el sistema democrático, tiene grave impacto en la vigencia de los derechos humanos- constituye uno de los numerosos aspectos que deben ser erradicados de nuestra Carta Fundamental si queremos acceder a una Constitución verdaderamente democrática. Será, por tanto, uno de los temas prin- cipales a ser abordados por la futura Asamblea Constituyente, junto con las demás instituciones autoritarias propias de la Constitución impuesta en 1980 y hecha suya por la Concertación en 2005. Además, por cierto, de la armazón neoliberal que estructura aquella y que, en conjunto con las po- líticas económicas y sociales que la aplican, tantas injusticias y abusos está provocando desde hace muchos años en la sociedad chilena.
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