La organización ecologista Greenpeace ha presentado hoy un informe detallado en el que se recoge la utilización de las bombas de racimo en los conflictos armados. En el documento, Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para la prohibición, se recogen los datos de fabricación de este armamento en España y los efectos que […]
La organización ecologista Greenpeace ha presentado hoy un informe detallado en el que se recoge la utilización de las bombas de racimo en los conflictos armados. En el documento, Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para la prohibición, se recogen los datos de fabricación de este armamento en España y los efectos que causan en la población que es atacada por ellas. España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden. Además, el ejército español, según reconoció el ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas. En concreto, el Ejército del Aire posee los modelos CBU- 100B (Rockeye), importada de EEUU; la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120, ambas de fabricación nacional.
La contradicción de la postura española se demuestra en que la desactivación de estas peligrosas armas es, precisamente, una de las tareas que deben asumir los soldados españoles desplegados en misiones de mantenimiento de la paz.
«Un Gobierno que apuesta por la paz no puede permitir que en España se fabriquen estas armas y que el propio ejército español las posea. Es necesaria una legislación que evite que sigan causando víctimas inocentes. El Gobierno español tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz, prohibiendo la fabricación, venta, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español, y apoyando de forma clara el proceso impulsado por Noruega para lograr su prohibición internacional», declaró Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.
Se ha documentado la utilización de bombas de racimo por fuerzas militares de los países de la OTAN, Estados Unidos o Israel. Desde los años 60 se han usado en distintos conflictos, como por ejemplo: Líbano, Irak, Afganistán, Kosovo, Laos o Vietnam. Sólo en el Líbano se calcula que tras la guerra del pasado verano, quedaron un millón de submuniciones sin detonar.
Una bomba de racimo está formada por una bomba «contenedor» que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies. En teoría, estallan cuando alcanzan el suelo, pero esto no siempre es así.
Actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares y, por sus altas tasas de error, siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que acabe un conflicto. Afectan sobre todo a la población civil, que son el 98% de sus víctimas. En especial los niños, que son atraídos por sus colores y formas llamativas.
«Estas armas no matan sólo durante los conflictos sino mucho tiempo después, ya que entre el 5% y el 30% de las municiones no estallan y quedan dispersas sobre el territorio. Después actúan como si fueran minas antipersonales. Son incluso más peligrosas que éstas, ya que están diseñadas para matar y no sólo para herir o mutilar, – declaró Mabel González, responsable de la campaña de Desarme. – «Un ejemplo claro es Laos, donde la gente sigue muriendo hoy en día como consecuencia de las bombas de racimo, y hace más de 30 años que se terminó la guerra».
En los últimos años se ha avanzado en la prohibición internacional de ciertos armamentos especialmente peligrosos. El último ejemplo fue el Tratado de Ottawa, de 1997, que prohibió las minas antipersonales. Las bombas de racimo deben someterse a un procedimiento similar. En el último año se han producido ciertos avances en este sentido. En febrero, Bélgica prohibió la fabricación, venta, uso y almacenamiento de bombas de racimo en su territorio. Y en noviembre, Noruega anunció que va a liderar un proceso de negociación internacional encaminado a lograr un tratado para prohibirlas. La primera reunión tendrá lugar el próximo mes de febrero.
Greenpeace pide al Gobierno español:
- Prohibir la producción, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español, y las transferencias o ventas al exterior
- Destruir o desmantelar los arsenales de bombas de racimo en poder del ejército español
- Apoyar la adopción de un tratado internacional que prohíba las bombas de racimo y apoyar los esfuerzos de Noruega y otros países en esta materia
- Asegurarse de que las tropas de la Unión Europea nunca utilizarán bombas de racimo en el marco de las operaciones militares en las que intervengan
Informe Bombas de racimo: la lluvia de acero
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