La nueva tarifa eléctrica que el Gobierno prevé aplicar a partir del próximo 1 de julio seguirá escondiendo los verdaderos costes de la electricidad, impidiendo que los consumidores elijan el origen de la electricidad que compran. Greenpeace hace un llamamiento a las organizaciones de consumidores para que rechacen ser utilizados como coartada para mantener unas […]
La nueva tarifa eléctrica que el Gobierno prevé aplicar a partir del próximo 1 de julio seguirá escondiendo los verdaderos costes de la electricidad, impidiendo que los consumidores elijan el origen de la electricidad que compran. Greenpeace hace un llamamiento a las organizaciones de consumidores para que rechacen ser utilizados como coartada para mantener unas tarifas que invitan al derroche y cargan al consumidor hasta el año 2020 con una deuda económica y ecológica que no ha elegido. La subida propuesta por el Ministerio de Industria, equivalente a menos de medio euro mensual para un consumidor doméstico medio, ignora que la demanda de electricidad limpia, registrada en la «OPA Verde» de Greenpeace en sólo 22 días, ascienda ya a más de 111 millones de kilovatios-hora (111.118.408 kWh), equivalentes al consumo anual de más de 35.000 hogares (35.626).
«Mientras crece cada día el número de consumidores que quieren ejercer su derecho a elegir electricidad limpia, el Gobierno se empeña en engañarnos con tarifas artificialmente bajas y nos carga con una absurda deuda de 15 años», ha declarado José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la campaña de Energía de Greenpeace. «Queremos que las tarifas eléctricas digan la verdad y que nos dejen elegir».
Como se explica en las Observaciones de Greenpeace al Proyecto de Real Decreto por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, el problema no es, para la mayoría de los consumidores, la cuantía del recargo, que para un consumidor a tarifa que pague una factura bimensual de 60 € supondrá apenas 41 céntimos al mes, sino el mantenimiento de un sistema de tarifas con consecuencias perversas y perjudiciales, como:
- Los consumidores de los próximos 14 años y medio se ven obligados a pagar por lo que no pagaron los consumidores de 2005, que perfectamente pueden no ser los mismos.
- Durante 2006 se siguen acumulando nuevos déficits, puesto que permanecen inalteradas las causas que generaron el déficit en 2005: la tarifa es inferior a los precios de la electricidad en el mercado. ¿Quién pagará estos nuevos déficits: los consumidores de los años 2020 a 2035? ¿Hasta cuándo se puede estar postergando el pago y acumulando de manera absurda una deuda para los consumidores que no han podido decidir sobre ella?
- Puesto que la tarifa sigue siendo deficitaria, al no cubrir la totalidad de los costes reales incurridos, los consumidores están recibiendo una señal equívoca, una información falseada sobre lo que cuesta su consumo, lo que lleva a decisiones incorrectas sobre lo que uno decide gastar: nos hacen creer que la electricidad es más barata de lo que realmente vale, con lo cual el resultado es un mayor gasto de energía (y por tanto más emisiones de CO2) y de dinero. Los perjudicados: los consumidores y el medio ambiente.
- Mientras se mantenga una tarifa inferior a los costes de mercado, es imposible que exista ninguna oferta comercial de electricidad. Como resultado, los consumidores continúan sin poder elegir. Entre ellos al menos los más de 111 GWh de demanda eléctrica anual, equivalente a la de más de 35.000 hogares medios, que querrían poder elegir electricidad limpia, como ha demostrado Greenpeace con la «OPA Verde».
Las personas que participan en la «OPA Verde», sumando sus kilovatios en http://opaverde.greenpeace.es/, unen su voz a la de Greenpeace para exigir del Gobierno unas tarifas eléctricas que hagan posible la libre elección de suministrador y un etiquetado eléctrico que diga el verdadero origen de la electricidad suministrada.
La propuesta de Real Decreto del Ministerio de Industria establece una subida de la tarifa media o de referencia de un 1,38% respecto a la actualmente en vigor, que se traduce en un recargo del 1,378% para los consumidores acogidos a la tarifa integral y de un 3,975% de la tarifa de acceso para los consumidores que opten por no acogerse a la tarifa integral. Estos recargos se aplicarán hasta el año 2020 con el fin de recuperar el dérficit en la liquidación de las actividades reguladas acumulado durante el año 2005.
Nota: ● El informe «Elegir Electricidad Limpia» está en: http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/opa-verde.pdf ● Más información: http://opaverde.greenpeace.es