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Como en Irak

Guerra privada en Colombia

Fuentes: Le Monde Diplomatique

En el Tour de Francia 2004, el tercer puesto individual y por equipos lo ganaron ciclistas de la formación CSC. Seguro que poquísimos aficionados en el mundo sabían que esas letras significan Computer Sciences Corp. ; y mucho menos que esta es una transnacional estrechamente vinculada con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Relación reforzada desde […]

En el Tour de Francia 2004, el tercer puesto individual y por equipos lo ganaron ciclistas de la formación CSC. Seguro que poquísimos aficionados en el mundo sabían que esas letras significan Computer Sciences Corp. ; y mucho menos que esta es una transnacional estrechamente vinculada con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Relación reforzada desde marzo 2003 cuando CSC adquirió a DynCorp, una de las compañías militares privadas, CMP, preferidas de Washington.

Desde 1993 DynCorp está presente en Colombia. Junto a más de 30 CPM participa en la lucha contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y en la represión al movimiento social, aunque sus actividades son presentadas como parte de la denominada guerra a las drogas. Estas CPM están bajo contrato directo con el Departamento de Estado, el Pentágono o la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, por lo tanto responden a los intereses de la «superpotencia».

El 23 de septiembre de 1999, el presidente Andrés Pastrana regresó de Washington con la noticia de haber obtenido de su homólogo, William Clinton, la aceptación de una estrategia presuntamente «antinarco» denominada Plan Colombia. Dentro de dicho Plan, previendo protestas públicas y el impacto sicológico negativo de una intervención muy visible, el número de militares estadounidenses autorizados a trabajar en las operaciones se limitó a 400. Y estos llegarían a Colombia únicamente para operar sofisticados sistemas de vigilancia, asesoramiento y entrenamiento. Cuando el Plan es aprobado por el Congreso estadounidense, julio 2000, se conoce que también era posible contratar a 400 civiles. Era lo que esperaban ansiosamente las CPM.

Así, Washington aceleraba la confección del principal conflicto interno privatizado del mundo, después de Irak.

En la práctica, el Plan Colombia dio legalidad a las actividades que ya realizaban varias de estas empresas, aunque ahora llegaban repletas de moderna tecnología y en toda legalidad.

En 1987, con el visto bueno gubernamental, gremios económicos, terratenientes y narcotraficantes contrataron a la empresa israelí de seguridad Hod He’hanitin (Spearhead Ltd) para entrenar paramilitares. Cuarteles militares y terrenos de la Texas Petroleum Co. fueron utilizados por ex altos mandos del ejército israelí y del Mossad (1), así como ex comandos del SAS británico, para tal efecto. Estos mercenarios enseñaron técnicas terroristas y antisubversivas con las cuales se «limpiaron» las zonas bananeras y petroleras de «sospechosos» de apoyar a la guerrilla. Entre 1987 y 1989, los «graduados», con el apoyo logístico del ejército, realizaron unas 40 masacres de campesinos. La capacidad operativa se demostró en el asesinato de tres candidatos de la izquierda a la presidencia (Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro), y del liberal Luis Carlos Galán. El gobierno de Israel negó la extradición de los mercenarios a la justicia colombiana.

El informe presentado por el Relator Especial de la ONU a la Comisión de Derechos Humanos, febrero 1990, demostraba que más de 140 grupos paramilitares operaban en Colombia, en íntima relación con el ejército y la policía. Puntualizaba que los miles de asesinados no sólo eran simpatizantes de la guerrilla, sino también sindicalistas, campesinos y hasta defensores de derechos humanos. Hábilmente utilizado, el paramilitarismo serviría hasta para ocultar la responsabilidad de los cuerpos armados estatales en la «guerra sucia», mientras lavaba las manos de la dirigencia política que promovía el exterminio (2).

Como esta política de terror no fue suficiente para erradicar a las fuerzas insurgentes, Washington decidió acrecentar su presencia militar pero ingresando al conflicto por la puerta trasera: Era el fin del Plan Colombia. Las compañías petroleras presentes en Colombia, las industrias de armas y las CMP invirtieron unos 6 millones de dólares en lobby para que el Congreso estadounidense diera luz verde al Plan Colombia. Aprobado, con los contratos se recuperó ampliamente la inversión. De los 1.300 millones que ofreció Estados Unidos para el Plan, a los pocos meses ya se habían gastado 1.130 millones, sin que un funcionario colombiano tocara un centavo. Ademas, los millones que Colombia fue consiguiendo con la banca mundial, como aporte al Plan, también fueron canalizados por Estados Unidos hacia sus CMP.

La primera inversión que se realizó con ese dinero fue comprarle al Pentágono un avión espía RC-7, de 30 millones de dólares. Este

reemplazaba uno que se había estrellado en la frontera con Ecuador mientras colectaba información sobre las FARC, en julio 1999. La nueva nave le fue prestada a la CMP Northrop para que siguiera el trabajo : en la primera habían muerto 5 militares estadounidenses, tragedia que por poco destapa un escandalo al demostrar el grado de involucramiento de Washington en el conflicto. (3)

Tres Esquinas y Larandia son prácticamente bases de Fuerzas

Especiales estadounidenses, ancladas al sur de Colombia desde hace varios años. Estas han visto llegar a los contratistas. En ellas todo lo que se consume y se utiliza es importado desde Estados Unidos por alguna de las CMP. Fueron en esas bases, principalmente, donde se entrenaron a miles de militares y paramilitares para que recuperaran la zona del Caguán, territorio donde el gobierno de Andrés Pastrana había adelantado negociaciones con las FARC.

Las relaciones de las CMP son con » alguien » en la embajada estadounidense en Bogotá. Ninguna autoridad colombiana tiene derecho a controlarlas, ni a sus aviones, ni equipajes, ni cargas. Sus hombres ingresan con visa de turista pero tienen protección diplomática. Las veces que a una alta autoridad colombiana le brotó dignidad e intento protestar, Washington amenazó con retirar las ayudas económicas.

Existen en Colombia CMP para todo, aunque la más polivalente es DynCorp que ofrece hasta cocineros. Arinc, construye sistemas para aprovisionamiento de gasolina en pistas de aterrizaje. El Grupo Rendon, enseña a los oficiales de la policía y del ejército colombiano como explicar el Plan Colombia. ACS Defense, brinda apoyo logístico y asesoría al personal de la embajada estadounidense involucrado en el Plan.

Entre otros servicios, la Lockheed-Martin da apoyo logístico a helicópteros de combate y aviones que transportan tropas. Northrop Grumman Corp., instaló y maneja 7 poderosos radares en coordinación con un sofisticado sistema aéreo de espionaje. Esta CMP también entrena fuerzas militares y paramilitares en operaciones especiales (4). Otras empresas que trabajan con alta tecnología para fotografiar desde el espacio, interceptar comunicaciones y procesarlas son : ManTech, TRW, Matcom y Alion. Estas informaciones son transferidas al Sistema de Reconocimiento del Comando Sur del ejército estadounidense (Southcom), y a la CIA, que las procesan y redistribuyen a las instancias que crean conveniente. Las fuerzas armadas colombianas son las últimas a tenerse en cuenta.

El Pentágono, el Departamento de Estado y la USAID han dejado en claro que la mayoría de estos programas, en particular los de asistencia militar, logística e inteligencia, no se podrán transferir a los colombianos rápidamente porque no cuentan con las «capacidades técnicas» para realizarlas (5). ¡No se sabe, entonces, a qué sirven los instructores contratados!

Más de 20 mercenarios han muerto desde 1998, y casi todos en «extrañas» circunstancias, inmediatamente silenciadas. Hasta donde se conoce, Eagle Aviation Services, East Inc, empresa subcontratada por DynCorp, la cual estuvo bastante involucrada en el Irangate por cuenta de la CIA (6), puso los dos primeros muertos en julio de 1988. Oficialmente, se estrellaron mientras fumigaban plantíos de coca. Otra versión asegura que la guerrilla los derribó.

Michael Demons, de la DynCorp, murió antes de llegar al hospital de Florencia, al sur del país, el 15 de agosto 2000. La necropsia indicó que había sufrido un ataque cardiáco debido a una sobredosis de heroína con morfina. Trabajaba en la base de Larandia. Alexander Wakefield Ross, también de la DynCorp, murió accidentalmente destrozado por la hélice de un avión en agosto 2002, según los informes oficiales. A su madre le han contado que fue asesinado porque sabía mucho sobre el trafico de drogas que realizaban algunos de sus camaradas.

Lo del tráfico de drogas parece que no es una fantasía. La revista colombiana Semana, cuando al fin tocó el tema que ya manejaban medios estadounidenses, subtituló : » Los gringos que fumigan en el Plan Colombia son una banda de Rambos sin Dios ni ley que incluso se han visto involucrados en un escándalo de tráfico de heroína » (7).

Efectivamente, el 12 de mayo 2000 la policía del aeropuerto El Dorado de Bogotá encontró dos frascos con un líquido que al analizarse resultó ser 250 gramos de heroína diluída en aceite. Para la mala suerte de DynCorp, sus hombres habían utilizado una empresa privada -Federal Express- que debía entregar la carga en Patrick Air Force, una base militar estadounidense situada en la Florida. La policía colombiana estuvo obligada a guardar silencio hasta que, un año después, la prensa estadounidense retomó un informe de la Drug Enforcement Administration, DEA. También 10 mercenarios de la Dyncorp se vieron involucrados en un tráfico de anfetaminas en el 2000. Las investigaciones oficiales colombianas » desaparecieron » misteriosamente. Ante la evidencia de los hechos, la DynCorp expulsó y/o trasladó a los involucrados.

La gran preocupación en Washington es que estos sucesos no trasciendan, pues pondrían en peligro las operaciones que el Pentágono tiene con DynCorp en varios países, principalmente en Irak. Es por ello que no se ha mediatizado la captura por las FARC de tres mercenarios -nombrados como «rehenes» por la mayoría de medios informativos- el 13 de febrero 2003. Estos hombres, que trabajan al sur del país para California Microwave Systems, «realizaban operaciones de inteligencia». (8)

Hasta los atentados del 11 de septiembre 2001, a las guerrillas colombianas se les había reconocido estatuto de fuerzas políticas beligerantes. Después, el Departamento de Estado las incluyó en la lista de organizaciones «terroristas». En 2002, el Congreso estadounidense aprobó el aumentar hasta 500 el número de miembros de las Fuerzas Especiales en Colombia, pero eliminó el límite que existía sobre la cantidad de contratistas de las CMP. De igual manera autorizó la utilización de la ayuda militar «antinarco» para fines contrainsurgentes. Con esto Washington no daba más rodeos, y oficializaba lo que siempre ha sido una realidad. A este cambio, dentro de la misma estrategia, se le ha llamado Plan Patriota, y el eje de la guerra se desplazó hacia las zonas petroleras, cercanas a la frontera con Venezuela.

La guerrilla dificulta la explotación y transporte del petróleo, al juzgar que las ganancias sólo benefician a las transnacionales y a unos cuantos colombianos. La primera petrolera en utilizar mercenarios para proteger las infraestructuras fue la Texaco. En 1997 y 1998, la británica Defence Systems Ltd. colaboró con el ejército entrenando paramilitares por cuenta de la British Petroleum, Total y Triton, subcontratando a la empresa israelí Silver Shadow para adquirir armamento.

El 13 de diciembre de 1998, helicópteros artillados bombardearon unas casuchas en Santo Domingo, un caserio no lejos de Venezuela. El ejército dijo que ahí se encontraban miembros de una columna guerrillera. En realidad, los 18 asesinados eran campesinos. Quienes ubicaron el objetivo y ordenaron el bombardeo fueron 3 mercenarios estadounidenses al servicio de la Occidental Petroleum, en cuyas propiedades se preparó parte del operativo, y despegaron las naves de la Florida Air Scan. Los mercenarios se esfumaron, y el gobierno estadounidense se niega a entregarlos a la justicia colombiana, a pesar de que uno es militar activo (9).

En septiembre 2003, el gobierno colombiano firmó un convenio con Washington donde se compromete a no enviar ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, sin la autorización de Washington. ¿Quién se encargará, entonces, de castigar los crímenes y delitos cometidos por los mercenarios que trabajan para las CMP?

Paramilitares. Mercenarios de las CMP. No son todo: Como apoyo a la estrategia contrainsurgente denominada «seguridad democrática», del presidente Alvaro Uribe, está en creación un contingente de 25 mil «soldados-campesinos», frentes locales de seguridad en los barrios, y una red de un millón de «informantes». Entonces, ¿quién controlará efectivamente las acciones de todos estos nuevos actores involucrados en una guerra que cada día tiende a ser más, peligrosamente, privatizada?

Acaso la suma de todo ello no es la extensión, y la actualización, de la estrategia teorizada en 1976: «Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos.» (10)

(*) Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor.

© Le Monde Diplomatique. Noviembre 2004.

1. Centro de inteligencia y de operaciones especiales de Israél.

2. Leer: «Los paramilitares en el corazón del terrorismo de Estado en Colombia», Le Monde Diplomatique, abril 2003.

3. Caicedo Castro Germán. «Con las manos en alto. Episodios de la guerra en Colombia«. Planeta. Bogotá, 2001.

4. Cahier d’études stratégiques. N° 36-37. Cirpes. París, junio 2004.

5. El Tiempo, Bogotá, 20 de junio 2003.

6. Ken Guggenheim, Associated Press, 5 de junio 2001. Iran-Contragate: escándalo por el financiamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses con las ganancias generadas por la venta de armas a Irán, por parte de Estados Unidos, a pesar de tenerle declarado un embargo.

7. «Mercenarios», Semana, Bogotá, 13 de julio 2001.

8. «Mercenarios S.A.», El Tiempo, Bogotá, 20 de junio 2004.

9. Caicedo Castro Germán, op.cit.

10. «La guerra en el mundo moderno«, Revista de las Fuerzas Armadas, Bogotá, mayo-agosto 1976.