Guion de un golpe blando

Destitución por no permitir corrupción

El 23 de junio de 2022 Luis Guillermo Pérez en su calidad de magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo el honor de entregar las credenciales oficiales que confirmaron el triunfo electoral de Gustavo Petro Urrego. Durante el acto Luis Guillermo Pérez recordó a los miles de jóvenes, hombres y mujeres que dieron su vida por una Colombia libre, democrática y en paz. En octubre pasado me reuní con él en Bogotá. Él entiende mejor que nadie a qué me refiero cuando le hablo de mis preocupaciones sobre “el golpe blando” que se está dando en Colombia.

El 1 de septiembre de 2022 Petro lo nombró Superintendente del Subsidio Familiar encargándole de controlar la gestión de las cotizaciones sociales de los 11 millones de trabajadores y trabajadoras por un monto anual total equivalente de 3 mil millones de dólares.

Luis Guillermo explica cómo apenas catorce meses después de su nombramiento la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, decidió iniciar una investigación en su contra. No se había presentado ni una sola queja, ni siquiera anónima. El proceso que siguió, se destacó por una sucesión de irregularidades con la única intención de poder destituirlo. Durante el período de la investigación fue suspendido de su cargo. En mayo de 2024 lo destituyeron e inhabilitaron por 12 años. Durante todo este tiempo no podrá ocupar un cargo público, ni contratar con el Estado, ni aspirar a un cargo de elección popular. “Esto equivale a una muerte política,” escribiría después. Le habían recomendado que se retirara de su cargo para evitar una destitución deshonrada, a lo que se negó. Hubiera sido ni mas ni menos que admitir que fuera culpable.

Oficialmente se dice que Luis Guillermo abusó de su cargo cuando propuso a los directores de las cajas de compensación familiar considerar un apoyo solidario para el proyecto de paz del gobierno. Luis Guillermo me explica que lo que realmente preocupaba a la Procuradora y a los gestores de las cajas fue que quería sanear un sistema corrupto que con el tiempo se había convirtido en el patrimonio privado de una lobby restringida y poderosa, reunida en un gremio cuya presidenta ejecutiva mantiene muy buenas relaciones con la Procuradora.

Margarita Cabello Blanco pertenece al clan de Álvaro Uribe Vélez, expresidente (2002-2010) y uno de los terratenientes más poderosos del país. Actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz lo está investigando como máximo responsable del asesinato de más de 6.400 jóvenes falsamente presentados como guerrilleros caídos en combate con las fuerzas armadas.

Matanza política

Luis Guillermo señala que él no es la única víctima de una guerra política que se pone cada vez más brutal. Decenas de políticos y funcionarios que contribuyen a dar forma a la política del “gobierno del cambio” corren la misma suerte. Se trata de un mecanismo sofisticado en el que la justicia y los medios de comunicación unen fuerzas con el propósito de derrocar a Gustavo Petro para salvaguardar los intereses económicos y políticos de un establecimiento que se considera intocable. Es la receta probada del “lawfare” que en los últimos años también se ha utilizado contra gobiernos de izquierda en otros países de América Latina.

Luis Guillermo recuerda la época cuando Petro fue alcalde de Bogotá (2012-2015) y la cascada de acusaciones falsas que terminaron en multas fenomenales (¡133 millones de dólares!), su destitución y su inhabilitación. Su delito: bajar las tarifas de transporte para los más pobres, reforzar el control público sobre la recolección de basura y formalizar el trabajo de los recicladores que pasan por las calles recogiendo basura y botellas vacías con sus carritos de mano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al Estado Colombiano de suspender las medidas disciplinarias de destituir a Petro. Sin embargo, el Estado se negó a pesar de ser una decisión del CIDH de cumplimiento obligatorio. Pasarían más de tres años antes de que se declararon nulas todas las sanciones contra Petro, hecho que le permitió presentarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2018 a última hora.

Esto fue sólo el comienzo, el establecimiento no cedió. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a otorgar personería jurídica a la Colombia Humana, el movimiento político en torno a Petro. Esto le privó de acceso a la financiación estatal para la campaña electoral y a tiempos de emisión en la radio y la televisión. No obstante Petro logró obtener 8 millones de votos, pero no fue suficiente para llegar a la presidencia.

Pasarían tres años antes de que la Corte Constitucional declarara inválida la decisión del CNE. En 2022, Petro volvió a presentarse como candidato y ganó. Es el primer presidente de izquierda democráticamente electo de Colombia. El establecimiento aún no logra digerir esa derrota y está decidido a hacer todo lo posible para derrocarlo a él, a sus partidarios y a su gobierno.

Comunista no, revolucionario sí

“Durante la campaña electoral, el establecimiento amenazó con cerrar las empresas si Petro llegara al poder en un intento de ahuyentar a potenciales votantes de izquierda con la amenaza del desempleo,” explica Luis Guillermo. “Esto no es ni más ni menos que una extorsión y en términos del derecho penal es un crimen.” “Pero aparentemente aquí en Colombia esas prácticas son normales,” añade lacónicamente.

Gustavo Petro ganó con casi 11,3 millones de votos, un récord sin precedentes en la historia de Colombia. Más del 58% de los ciudadanos habilitados habían usado su derecho al voto. La abstención no había sido tan baja desde las elecciones presidenciales en 1998. Petro fue el hombre que, como senador y diputado, nunca se anduvo con rodeos sustentando sus intervenciones en el Congreso con pruebas irrefutables exponiendo la complicidad del establecimiento político en la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

El exalcalde popular de Bogotá había hecho de la Paz Total para Colombia su tema de campaña. Esto contrastaba fuertemente con su predecesor, Iván Duque, que no perseguía sino un solo objetivo: boicotear la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC-EP en el año 2016.

“Petro no es comunista”, dice Luis Guillermo. “Es un revolucionario. Sigue reivindicando revolución y que hay que lograr que Colombia es un país productivo con una economía sostenible, reformas sociales y agrarias que deben garantizar la seguridad jurídica de los campesinos y la seguridad alimentaria para el pueblo”.

Controlando la justicia y la prensa

Con detalles y ejemplos Luis Guillermo explica cómo en los últimos años el establecimiento se ha ido apoderando del sistema judicial reemplazando a magistrados independientes y competentes por personajes corruptos hasta en los niveles más elevados de un aparato judicial donde prevalece el clientelismo. Sin escrúpulo alguno apuntan a altos mandatarios, a congresistas del Pacto Histórico y a funcionarios nombrados por Petro en puestos clave para terminar con la corrupción de los clanes familiares a los que poco les importa el proyecto de la Paz Total.

“Lo único que les interesa”, dice Luis Guillermo, “es causarle al presidente el mayor daño posible y hacerle imposible gobernar. Para lograrlo han ajustado sus tácticas”. El Pacto Histórico tiene la presidencia pero no tiene la mayoría en el Congreso. Para poder realizar los tantos cambios que Petro prometió durante su campaña se necesita establecer el marco legislativo requerido y asegurar la disponibilidad de los presupuestos necesarios para su ejecución.

Hay que luchar duro y negociar contínuamente para llegar a un consenso con las bancadas de la oposición, a quienes les encanta hacer trizas de los proyectos de ley del gobierno. Luego, cuando se logra un acuerdo, no dudan en acudir a sus amigos con las autoridades judiciales que con mucho gusto dan el golpe de gracia final por ser «inconstitucional», mientras que los medios gritan «no es capaz».

Al mismo tiempo, procuran que los logros del gobierno de Petro se minimizan o se callan en los medios de comunicación, tales como la reducción de la inflación o el hecho de que en poco tiempo Colombia se haya convertido en la sexta economía más fuerte de todos los países de la OCDE. Y todo ello a pesar del impacto del pago de los 5 mil millones de dólares de deuda externa que dejó el gobierno de Iván Duque.

“El establecimiento está atacando a Petro de la misma manera que cuando fue alcalde”, explica Luis Guillermo abordando el tema del papel de la prensa. «Los grandes conglomerados mediáticos lo atacan sistemáticamente, no solamente desconociendo las obras del gobierno, sino también tergiversándolo todo.» Da el ejemplo de la reforma laboral que, entre otras cosas, preveía un contrato de trabajo formal para la población del campo asegurando sus derechos laborales y de protección social. La oposición la rechazó y la prensa no dejó de gritar que llevaría al empobrecimiento de los campesinos. Los grandes terratenientes gritaron victoria. Son los que se aprovechan de la mano de obra mal pagada e incluso gratuita en sus haciendas.

La prensa colombiana está en manos de cuatro grupos grandes que a su vez están entrelazados con conglomerados internacionales, bancos y empresas en Estados Unidos, España y el Reino Unido. Controlan los principales periódicos, revistas y emisoras de radio y televisión, y tienen intereses directos en casi todos los sectores clave de la economía y las instituciones financieras colombianas. También tienen vínculos estrechos con muchos expresidentes y exministros sea como copropietarios o cofundadores o accionistas. Desde hace años tres de los cuatro propietarios figuran entre las 5 personas más ricas de Colombia. En el 2021 el cuarto desapareció de la lista Forbes de multimillonarios colombianos porque la fortuna de 2,3 mil millones de dólares tuvo que repartirse entre los familiares tras su muerte.

Un golpe de Estado en plena marcha

Luis Guillermo repasa los últimos meses en los que Petro advirtió reiterada y públicamente sobre un golpe de Estado que se estaba iniciando. En mayo de 2024 el Consejo Nacional Electoral anunció que abriría una investigación por presuntas irregularidades financieras durante la campaña electoral del Pacto Histórico en 2022. “El CNE lo hizo sobre la base de una denuncia anónima personalmente redactada sin ningún fundamento,” aclara Luis Guillermo. “Además se trata de una denuncia que se recibió muchos meses después de haberse expirado el plazo normativo de 30 días después de haberse finalizado las elecciones. En concreto, se trata de una contribución financiera de dos organizaciones sindicales, la FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y la USO (Unión Sindical Obrera), a la Colombia Humana, que no tiene nada que ver con la financiación de la campaña electoral del Pacto Histórico.»

Como abogado y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo conoce la normativa por dentro y por fuera. Para él está muy claro que las acusaciones son infundadas y que el CNE no tiene la facultad constitucional de investigar y sancionar al Presidente de la República. Como órgano administrativo sólo puede informar. “¿Y cuál es la preocupación del Presidente?” continúa. “Que el CNE puede terminar diciendo que el Presidente violó los topes de la campaña y que además hubo financiaciones prohibidas, lo que implicaría un proceso penal.” “Si hay fuentes de financiación prohibida el Presidente sí puede ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia por el Senado para que lo condene y no tenemos una mayoría en el Congreso…” Aún están vivos los recuerdos de las acusaciones falsas contra Petro de cuando fue alcalde.

Luis Guillermo trata de no ser cínico y señala con delicadeza que el Presidente anterior, Duque, admitió abiertamente que su campaña fue cofinanciada por el ‘Ñeñe’ Hernández, un narcotraficante brasileño asesinado en 2019. El Ñeñe fue uno de los invitados de honor en el acto de posesión de Duque y no es un desconocido tampoco para ese otro expresidente, Uribe. La Fiscalía no consideró necesario realizar una investigación a fondo. Sin embargo, se emitió una orden de captura contra Gonzalo Guillén, el periodista de investigación que hizo públicos los hechos.

Más combativo que nunca

Cualquiera que pensara que Petro se dejara intimidar o decidiera renunciar a sus promesas electorales, se equivoca. Está más combativo que nunca. Moviliza a la población y llama a la gente a informarse y organizarse. Así, por ejemplo, decidió organizar un acto público para la firma de la Ley de Reforma Pensional. Fue todo un lío lograr su aprobación en el Congreso. Garantiza una renta mensual equivalente de más o menos 50 dólares para más de 2 millones de personas mayores que actualmente viven en condiciones de pobreza extrema. El 16 de julio de 2024 la ley se firmó formalmente en la presencia de miles de personas que se habían reunido en la Plaza Bolívar en pleno centro de Bogotá. Pero Luis Guillermo sigue alerta. «Muy probablemente esa Corte tan degradada termina declarando inconstitucional la reforma pensional», teme.

No pasa una semana sin que Petro visite ciudades, pueblos y barrios en regiones desfavorecidas. Utiliza estas visitas para sensibilizar a la población. A principios de septiembre, durante una visita a Nuquí, un pequeño pueblo costeño en el Chocó, denunció a “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia” que criminalizan a los jóvenes que protestan en las calles.

El 10 de septiembre presentó las nuevas directrices sobre la cooperación entre la administración pública y la prensa. En su discurso mencionó dos intentos recientes de asesinarlo a él y a la vicepresidenta Francia Márquez. En términos muy claros acusó al poder judicial de ignorar las pruebas y a la prensa de optar por silenciar, tergiversar y ridiculizar los hechos.

“Se les quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos en una democracia y es mentira. Vivimos bajo un estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia,” enfatizó Petro. “El silencio es la antesala de la muerte y aquí no nos vamos a dejar matar,” dijo, refiriéndose también a la valentía de la protesta popular en las calles. Denunció a los dueños del poder económico y de los grandes medios de comunicación que detentan el poder real en el país y deciden asesinar o tumbar al presidente. “¡No me silencia nadie mientras que pueda pronunciar mis palabras!” avisó.

A pesar de los ataques y mentiras constantes y de los desafíos y amenazas enormes Luis Guillermo no se desanima. “Por supuesto, (las reformas prometidas) son parte de una apuesta que obviamente en un gobierno de cuatro años no vamos a ver. Hay resultados, resultados importantes, pero es apenas un peldaño frente a los más de 200 años que el establecimiento ha controlado el país. Un gobierno de izquierda por primera vez enfrenta muchas dificultades. Pero yo creo que este proyecto sí puede sobrevivir y avanzar.”

Esta es la segunda parte de la entrevista con Luis Guillermo Pérez. La primera parte se publicó el 13 de diciembre de 2024 en Rebelión.

Traducción hecha por la autora. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, 24 de diciembre de 2024, bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/12/24/colombia-draaiboek-voor-een-stille-staatsgreep-tegen-een-democratisch-verkozen-president/

Marleen Bosmans es politóloga y lleva toda una carrera como experta en derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, África y Asia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.