Mientras el país todavía vive inmerso en el largo delirio por la épica conquista de los dos máximos trofeos del fútbol continental y los medios elevan a la categoría de noticia de portada cualquier cruce de insultos entre los insulsos políticos de la oposición y el gobierno; ese mismo gobierno de tinte populista, la auténtica […]
Mientras el país todavía vive inmerso en el largo delirio por la épica conquista de los dos máximos trofeos del fútbol continental y los medios elevan a la categoría de noticia de portada cualquier cruce de insultos entre los insulsos políticos de la oposición y el gobierno; ese mismo gobierno de tinte populista, la auténtica clase dirigente (es decir, la gran patronal CEOE) y los dos sindicatos más afines al poder han perpetrado durante el mes de mayo dos agresiones sucesivas a los derechos de los trabajadores (o sea, a la inmensa mayoría de la sociedad), con el sigilo propio de los buenos negocios y el silencio cómplice de tertulianos y columnistas de uno y otro bando.
En efecto, tenemos una nueva reforma laboral que generaliza el contrato indefinido con un despido más barato (33 días por año y un máximo de 24 mensualidades, en lugar de los 45 días y los 42 meses de tope de los contratos anteriores), que subvenciona la transformación de eventuales en los nuevos fijos precarios durante cuatro años o más y unas cuantías que van de los 500 a los 3.200 euros anuales, y que redondea el negocio (para los empresarios) con la reducción de la cuota empresarial en un 15% al desempleo y en un 50% al Fogasa. Es cierto que mejora algunos supuestos de subsidio y prestación, pero eso son las migajas para contentar a la parroquia sindical mayoritaria y, encima, se paga con dinero de los propios trabajadores, puesto que ya hemos visto que al empresario se le bajan sus cotizaciones.
El segundo, que no último, tijeretazo a los derechos sociales lo acabamos de conocer no hace muchos días. Se trata de nuevas dificultades para el cobro de las pensiones de vejez y viudedad (más requisitos de cotizaciones, y necesidad de muchos años de convivencia, respectivamente) y del anunciado alargamiento de las jubilaciones más allá de los 65 años (voluntario, de momento) y de un año en el caso de jubilaciones anticipadas (de 60 a 61 años, y en este supuesto de forma obligatoria). Si a todo esto le sumamos la reforma del Estatuto de la Función Pública (también recién pactado) y la pendiente y permanente negociación de un nuevo Pacto de Toledo sobre pensiones, podremos hacernos una idea aproximada del cariz que tiene esta ofensiva emprendida por gobiernos anteriores y que, al parecer, le ha tocado a ZP plasmar en sucesivos decretos-ley.
Estas políticas parecen inexplicables desde un gobierno tildado de progresista, pero más inexplicable resulta que apenas hayan tenido eco informativo, salvo para repetir las etéreas promesas gubernamentales de mejorar el empleo; algo inaudito desde el punto de vista periodístico, puesto que dichas medidas van a afectar en los próximos años a millones de ciudadanos. Evidentemente tampoco creemos que se vaya a dar a las organizaciones que, como la CGT, están en contra de tales recortes la oportunidad de responder a las falsedades de Cuevas, Caldera, Méndez y Fidalgo, de poder explicar nuestros puntos de vista ante cámaras y micros mucho más atentos e incisivos frente a eventos deportivos y encuentros o desencuentros de supuestos artistas y famosos de la prensa rosa en general.
Resulta asombroso que a los trabajadores españoles, condenados a un permanente apretarse el cinturón en materia salarial desde los ya lejanos y archiconocidos Pactos de la Moncloa, se nos apliquen sucesivamente todo tipo de sacrificios en nuestros derechos, mientras a la patronal -que casi triplica sus beneficios durante estas últimas décadas- se le hayan reducido sus impuestos y se les subvencione por firmar contratos en peores condiciones que las disfrutadas por las generaciones precedentes. Las consecuencias ya las estamos viendo: los trabajadores aportaremos más y recibiremos menos.