El juicio iniciado el 11 de noviembre del año 2005 contra los ciudadanos y ciudadanas vascas procesados en el sumario 18/98 ha quedado visto para sentencia. Han sido 16 largos meses en los que las defensas han puesto en evidencia el impulso, carácter, contenido y objetivo netamente político de este proceso y en los que […]
El juicio iniciado el 11 de noviembre del año 2005 contra los ciudadanos y ciudadanas vascas procesados en el sumario 18/98 ha quedado visto para sentencia. Han sido 16 largos meses en los que las defensas han puesto en evidencia el impulso, carácter, contenido y objetivo netamente político de este proceso y en los que el Estado español ha quedado una vez más al desnudo. Las palabras con las que la presidenta de la Sala, Angela Murillo, cerró la vista oral pusieron un broche inmejorable, por ser clarificador y compendio de la actividad que ese tribunal ha desplegado a lo largo de los últimos 16 meses: amenazó a los acusados con tomar medidas contra ellos y manifestó su pesar por haber dejado demasiado espacio a la defensa para su supuesta estrategia de obstaculización del juicio.
Pero, más allá de las advertencias y amenazas de Murillo en el colofón de su actuación, ayer era la jornada en la que los acusados podían ejercer el derecho a una última palabra, y en ella hicieron protagonista absoluto a Jokin Gorostidi. Todos los acusados, en su intervención final, hicieron suyas las últimas palabras que dejara escritas el militante abertzale cuya salud no pudo resistir la última condena que le impuso el Estado español en forma de un juicio sin delito y con castigo previo a la condena.
Se abre ahora un tiempo de duración incierta y de aún más incierto resultado. Porque, como todos los procesos de sustrato únicamente político que se han celebrado hasta ahora contra militantes vascos, resulta imprevisible, porque no se sujeta a normas ni lógicas ligadas al derecho sino a los caprichos de la correlación de fuerzas, de la coyuntura política y de los distintos intereses de Estado. Así pues, nadie puede esperar que la sentencia aporte argumentos jurídicos, ni siquiera debiera esperarse tal cosa. Cuando la ley es justa y el delito existe, es ésa la tarea que cabe exigir a la Administración de Justicia. Pero no es el caso. Para restablecer siquiera una pequeña parte de la justicia que se ha negado a los acusados en el 18/98 sería imprescindible dejar sin efecto este sumario y todos los basados en su misma sinrazón.