Eligio Hernández -ex Fiscal General del gobierno de Felipe González- expresó su agradecimiento al ex general Enrique Rodríguez Galindo, por lo que él calificó como «su sacrificio por la democracia en España». Como se recordará, este ex general de la Guardia Civil, organizador de los GAL, fue condenado a 71 años de prisión por torturas, […]
Eligio Hernández -ex Fiscal General del gobierno de Felipe González- expresó su agradecimiento al ex general Enrique Rodríguez Galindo, por lo que él calificó como «su sacrificio por la democracia en España». Como se recordará, este ex general de la Guardia Civil, organizador de los GAL, fue condenado a 71 años de prisión por torturas, asesinato, secuestro y pertenencia a banda armada…
Eligio Hernández, ex Fiscal general del Estado del Gobierno de Felipe González en la primera mitad de los noventa, manifestó públicamente, el pasado 16 de junio, su agradecimiento al ex general Enrique Rodríguez Galindo, por lo que él calificó como «su sacrificio por la democracia en España». Hernández, que había sido también ex delegado gubernativo en las Islas Canarias, expresó este agradecimiento a través de un artículo titulado «La Guardia Civil frente al terrorismo», publicado en el periódico matutino La Provincia. En su escrito, el ex fiscal general del Estado afirma, de forma un tanto solemne y grandilocuente que, «hasta ahora había guardado silencio contra los dictados de mi conciencia. No puedo permanecer más en silencio por servicio a mi conciencia, sucursal de Dios en mi persona».Espiritualmente estremecido, el ex magistrado también confiesa en su artículo, «no haber superado el desengaño y la frustración que sufrió al visitar en la cárcel a Barrionuevo, Rafael Vera y al General Galindo, con quienes había colaborado lealmente en la lucha contra el terrorismo».
Con intencionada ambigüedad, y sin proporcionar los argumentos jurídicos que pudieran justificar su discrepancia, el ex fiscal disiente de la sentencia que pronunciara hace siete años el Tribunal Supremo, en la que se condenaba a largas penas de prisión al ex secretario de Estado de Seguridad, al ex ministro del interior Barrionuevo y al ex general de la Guardia Civil. No obstante, y curándose en salud, Hernández dice «no tener ninguna duda de la independencia e imparcialidad de los magistrados que dictaron sentencia».
Con un cinismo que da escalofrío, este ex magistrado, originario de la isla canaria de El Hierro, bajo cuya autoridad estuvieron vidas y haciendas, reprocha con amargura al Partido Popular el que promoviera la investigación de los asesinatos de Lasa y Zabala, «diez años después de que éstos se hubieran producido». En cambio, mantiene Hernández, Felipe González, «con una dignidad que le honra», le confesó a él personalmente que no quería empañar la memoria de los gobiernos de Adolfo Suárez, abriendo una investigación sobre los más de veinte asesinatos que habían cometido los grupos parapoliciales bajo el mandato de la UCD. ¿Como es posible que todo un Fiscal General del Estado especule con los asesinatos como si de un intercambio de cromos se tratara? ¿Qué tipo de «Estado de Derecho» es éste, en el que el máximo representante de la acción de la Justicia afirma públicamente que al Presidente de su país le honra el hecho de hacer la vista gorda con los crímenes cometidos por la Administracion que le precedió?
Quizás convenga recordar a los lectores que el hoy ex general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, fue condenado a 71 años de prisión, por ser uno de los organizadores de los grupos policiales que practicaron el terrorismo de Estado, durante el gobierno de Felipe González. Los GAL, que así se autodenominaron las mencionadas cuadrillas policiales, fueron los autores del asesinato de más de cien personas, la inmensa mayoría de las cuales no tenía relación alguna con ETA. El propósito de las incursiones de los GAL a Francia no fue tanto amedrentar a ETA, como presionar al país vecino para que colaborase con la persecución de la organización armada vasca dentro de sus fronteras. De ahí que una buena parte de las víctimas ocasionadas por la actuación de los GAL, no tuvieran nada que ver con ETA, cuya localización en territorio francés, por otra parte, no resultaba nada fácil.
Sin atender a los testimonios y las pruebas contundentes que se aportaron en el curso del juicio, y que sirvieron para condenar por asesinato y secuestro a Rodríguez Galindo, Eligio Hernández expresa su protesta, porque en una reciente exposición realizada por la Guardia Civil sobre la lucha contra el terrorismo no figurara, en un lugar destacado, la figura del ex general de la Guardia Civil, que tantos servicios ha aportado a la democracia española. No son pocos los lectores del artículo del ex fiscal que se preguntan con perplejidad dónde reside la diferencia entre el homenaje a un miembro fallecido de ETA, que ha provocado el reciente encarcelamiento de Arnaldo Otegui, y la apología al terrorismo de Estado que realiza Eligio Hernández, a través de la exaltación de un individuo condenado por asesinato, secuestro y pertenencia a banda armada. ¿Estribará la diferencia en que mientras unos matan con licencia del Estado, otros prescinden de ella?
De los muchos crímenes protagonizados por los GAL, los tribunales pudieron probar que el ex general Rodríguez Galindo y algunos de sus subalternos fueron responsables del asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano, dos jóvenes vascos no vinculados a ETA, secuestrados en Francia, y muertos en territorio español. Lasa y Zabala fueron sometidos a torturas de una crueldad tal que escandalizaron a la opinión publica internacional. Según se desprendió de los análisis forenses de sus restos, a ambos jóvenes se les arrancó, una a una, las uñas de sus manos cuando todavía se encontraban con vida. La sofisticacion utilizada en los metodos de tortura puso en evidencia la catadura del oficial-jefe que las ordenó, Enrique Rodriguez Galindo, a quien Eligio Hernandez «se arrepiente no haber defendido publicamante, como era mi deber de socialista español irremediable».
El tribunal Supremo en su sentencia condenatoria declaró probado que:
«Desde el día 16 de octubre de 1983 José Antonio Lasa Arostegui y José Ignacio Zabala Artano estuvieron detenidos en La Cumbre y su custodia, siguiendo las ordenes del Comandante ENRIQUE RODRÍGUEZ GALINDO, fue encomendada por el Capitán Ángel Vaquero Hernández, a Enrique Dorado Villalobos y a Felipe Bayo Leal, llevándose a cabo, por turnos, en los que también intervinieron otras personas.
A lo largo de varios días Jose Antonio Lasa Arostegui y Jose Ignacio Zabala Artano fueron interrogados por Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, y visitados con frecuencia por el capitán Ángel Vaquero Hernández, y el primer día por el comandante ENRIQUE RODRÍGUEZ GALINDO y JOSE JULIÁN ELGORRIAGA GOYENECHE.
Una vez concluidos los interrogatorios a que fueron sometidos Jose Antonio Lasa Arostegui y Jose Ignacio Zabala Artano, y resueltos ENRIQUE RODRIGUEZ GALINDO, JOSE JULIÁN ELGORRIAGA GOYENECHE, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal en darles muerte para hacerlos desaparecer, decidieron llevarlo a cabo en un paraje aislado, que les permitiese deshacerse de los cuerpos, enterrándolos en cal viva, para lo cual fue elegida la Foya de Coves, término municipal de Busot, Alicante».
Rodríguez Galindo fue condenado por estos hechos a 71 años de prisión por el Tribunal Supremo. Inició el cumplimiento de la sentencia en el año 2000, pero apenas tres años después sería excarcelado por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Su puesta en libertad causó un auténtico escándalo social en Euskadi y en otros lugares del Estado. Los hechos demostraban que el contumaz silencio de Galindo sobre el reparto de responsabilidades en lo sucedido tenía un precio. Y no se hizo otra cosa más que pagarlo.
Eligio Hernández, cuyos dos años de mandato en la Fiscalía General del Estado estuvieron marcados por una fuerte polémica por su sumisión cómplice a las orientaciones de Felipe González, y que tuvo que ser fulminantemente destituido por el propio presidente, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo declarara ilegal su nombramiento, afirmó también, en su artículo del pasado sábado, que había sido «testigo directo del abnegado sacrificio» del ex general Rodríguez Galindo, y de «su respeto y obediencia al Gobierno». No son pocos los que, después de leer estas opiniones del ex magistrado, se empiezan a preguntar si son los secretos generados por esa «obediencia debida», los que están convirtiendo en urgente para el ex fiscal la reivindicación del supuesto pundonor de un asesino.
Hernández forma parte de los sectores más derechistas del PSOE canario. Aunque adorna su discurso con una fraseología populista y aparentemente de «izquierdas», sus posiciones ideológicas se alinean con la corriente más conservadora de su partido en el archipiélago. Su notorio desprestigio en el ejercicio de la Fiscalía General del Estado, y los consecutivos fracasos electorales del PSOE en los últimos años, lo apartaron de la actividad política. Últimamente, ante las expectativas de tiempos propicios, vuelve a remolonear dejándose escuchar en un medio local de Tenerife que le presta sus micrófonos. Sus afinidades parecen estar próximas a José Segura Clavell, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma canaria que fue responsable del nombramiento de Antonio Gil Rubiales como comisario provincial de Tenerife. Gil Rubiales, a su vez, fue condenado por el Tribunal Supremo por torturar al detenido político Joseba Arregui, que murió durante su detención a consecuencia de estas torturas.
En círculos de la izquierda de las Islas se estima que la repentina toma de conciencia pública de Eligio Hernández sobre la «injusticia» cometida con Galindo no es producto de una mera casualidad. En estos mismos círculos se presume que el ex fiscal, que reconoce haber discrepado con el proceso de paz iniciado con la tregua de ETA, está haciendo en su artículo un aviso a navegantes. La reciente publicación de una autobiografía de Rodríguez Galindo, y casi simultáneamente de las memorias de Rafael Vera, son signos inocultables de que ha llegado la hora de reivindicar social y politicamente a quienes con el asesinato, prestaron un «inmenso servicio» al Estado. Y Eligio Hernandez, conocido con el sobrenombre de «el fiscal de los GAL», ha dado la primera campanada.