Cuando el movimiento del 15-M se pregunta ¿qué hacer de ahora en adelante?, es oportuno que se aplique a sí mismo un precepto aplicable a toda persona civilmente activa: la acción civil no se hace para uno mismo, sino para la ciudadanía en general. Así, nadie posee en exclusiva el derecho a reclamar la renovación […]
Cuando el movimiento del 15-M se pregunta ¿qué hacer de ahora en adelante?, es oportuno que se aplique a sí mismo un precepto aplicable a toda persona civilmente activa: la acción civil no se hace para uno mismo, sino para la ciudadanía en general. Así, nadie posee en exclusiva el derecho a reclamar la renovación democrática de la política, y hay que convocar a quienes tengan algo que decir al respecto.
A mi parecer es preciso formular los objetivos del movimiento de la mejor manera posible. Los indignados -que tienen el mérito indiscutible de haber sacudido la opinión pública y de haber revelado los enormes agujeros de nuestra vida civil- tienen la autoridad moral necesaria para convocar a quienes tengan algo que decir. Los indignados tienen esa autoridad moral, pero no han aparecido desde la nada. Han emergido de una sociedad donde cientos y miles de activistas variopintos llevaban años denunciado injusticias y abusos, a veces desde el mero voluntarismo ciudadano y a veces, también, desde una formación técnica, jurídica, política, económica, histórica, etc. Estos activistas aprovecharon o crearon estructuras varias con las cuales y desde las cuales han mantenido un tejido sociopolítico más o menos denso que ha venido resistiendo a las embestidas de los poderes, denunciándolas y a veces luchando activamente contra ellas.
Me refiero a sectores del movimiento vecinal y el movimiento obrero, de las organizaciones ecologistas y pacifistas, de los observatorios (de la deuda externa, de los derechos humanos, de la sostenibilidad, etc.), a grupos múltiples movilizados por múltiples causas justas, a ciudadanas y ciudadanos que actúan por su cuenta efectuando una labor capilar de educación política, social e ideológica, como profesores, abogados y profesionales o simples activistas, publicando artículos, organizando actividades culturales y políticas en ateneos y centros de barrio. Éste es un activo esencial de personas que ni por activa ni por pasiva pueden ser consideradas cómplices de un orden injusto que, en general, se han dedicado a combatir.
Habría que juntar a «indignados» del 15-M con gente de esta galaxia social y política para que, juntos, elaboren una plataforma común y compartida de ideas alternativas que den respuesta a los problemas denunciados, plataforma que no tiene por qué aspirar a ser definitiva. La indignación, vieja y nueva, versa sobre muchos temas, y se necesitará encontrar respuestas para empezar a avanzar. Sólo avanzando, aunque sea fragmentariamente y con soluciones parciales o provisionales, se podrá incidir sobre una realidad a la que es difícil hincar el diente. En esta línea, propongo la celebración de una Convención para la Renovación Democrática, en la línea de lo que en Francia llaman «Estados generales»: un encuentro en el que poner en común soluciones y propuestas que puedan ser compartidas por amplios sectores de la población, esos sectores que en las encuestas muestran por el movimiento del 15-M niveles de simpatía que oscilan entre el 60 y el 80% de la población total. Esta simpatía tan amplia es una riqueza del movimiento que éste no debería dilapidar. La enorme responsabilidad que esto implica exige estar a la altura de las circunstancias.
El movimiento altermundialista, cuya dinámica se ha comparado con la movilización de los indignados, muestra un modelo organizativo en el que inspirarse. Y, de paso, una experiencia de la cual sacar lecciones prácticas para mejorar resultados y evitar errores. Inmediatamente habría que dotarse de un núcleo coordinador que marcara ámbitos de trabajo, fijara fechas, buscara espacios físicos donde reunirse la Convención y estableciera normas de funcionamiento. Las webs y publicaciones digitales de que el movimiento se ha dotado serían de una ayuda inestimable para coordinarse, trabajar en red y difundir ideas. Un encuentro de estas características contribuiría a precisar ideas, a definir modos de trabajo, a resolver interrogantes sobre las posibles maneras de influir en una realidad que no nos gusta.
Entiendo que es importante la afirmación de principios generales, como algunos que ya se han formulado, del tipo: «La economía ha de estar al servicio de las personas y no al revés»; «Los derechos sociales deben preservarse porque son el patrimonio de la inmensa mayoría de la sociedad (frente a los derechos minoritarios asociados a la gran propiedad)»; etc. Son el fundamento filosófico de la movida, y deben ser proclamados con el mayor énfasis posible.
A la vez, no obstante, hay que identificar, discutir, elaborar y calificar técnicamente las propuestas concretas de acción. Ahí entrarían temas como la dación en pago de las hipotecas, el endurecimiento de las penas contra el fraude fiscal, la reforma de las leyes electorales (incluida la regulación del referéndum), la exclusión de los corruptos de la vida política (empezando por las listas electorales), el sufragio revocatorio de los cargos electos y una multitud de propuestas posibles que se abren camino, o pueden hacerlo, si se crea un marco de debate adecuado. Cabría pensar en un trabajo de lobby sobre los representantes electos para hacerles llegar propuestas y presiones morales desde el movimiento, para evitar que las únicas presiones que reciban sean las del poder económico. En temas que exigen una acción internacional (como la prohibición de los paraísos fiscales, la homologación fiscal en todos los países de la UE o la tasa Tobin), habría que pensar en coordinarse con movimientos de otros países para ejercer presión sobre los europarlamentarios.
El camino es largo, las posibilidades muchas y las fuerzas dispersas. Por eso hay que encontrar vías de trabajo que resulten eficaces.