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¿Hacia dónde va lo que empezó como Paro Nacional y se convirtió en un estallido social?

Fuentes: Rebelión

Alguien hizo esta pregunta en las redes sociales, la misma que se están haciendo muchos, dos semanas después de haberse iniciado el Paro Nacional el pasado 28 de abril.

«Me da esperanza todo esto, ¿pero cuál es la dirección? ¿Cuál es el verdadero norte?»

Nadie tiene completamente claro hoy para dónde va el Paro Nacional, que como magma inagotable de un volcán llamado Colombia que explotó, sigue expulsando la lava del histórico descontento acumulado en sus profundidades.

El Paro que empezó como una protesta contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, con el paso de los días y la tenaz resistencia de millones de jóvenes en las calles, se ha convertido en un Estallido Social.  

Lo que tiene desconcertado a propios y extraños es que el Paro se ha extendido más de dos semanas, además, en medio de la pandemia del Coronavirus 19 que ha alcanzado una cifra de mortandad de 500 personas diariamente, 3.031.726 de contagiados en todo el país  y una cifra total de fallecidos de 78.770.

Aún así, cientos de miles de ciudadanos siguen manifestándose diariamente en las calles, como si estuvieran desafiando un virus peor que el Covid.

No hay duda, Colombia ha vivido enferma por el virus de la narcoligarquía, una oscura alianza entre sectores oligarcas tradicionales liberal-conservadores con narcotraficantes.  

La situación del país se ha tornado extremadamente volátil, pero al mismo tiempo esperanzadora. Se mueve entre la brutal represión Estatal y la resistencia y batalla simbólica de millones de jóvenes que con digna rabia se movilizan en las calles y avenidas, transgrediendo los valores tradicionales de una sociedad en estado de descomposición.

A la sociedad que se expresa multitudinariamente hoy en las calles, se le agotó la paciencia que soportó por décadas, y hastiada y cansada de tanta miseria, injusticia social, corrupción, terrorismo de Estado, asesinato sistemático de líderes sociales e incumplimiento del acuerdo de paz, estalló y desafía sin miedo, al régimen de la narcoligarquía.

En medio de un derroche de creatividad, vuelve a pintar el graffiti que borra la mano asesina; baila y canta en charanga Duque chao, chao en Fontibón; sale en masiva marcha de antorchas por el barrio Castilla y las comunas de Medellín; protege y cuida a los manifestantes la Guardia y Minga Indígena en Cali, de bandas fascistas que les disparan sin conseguir doblegar su rebeldía ancestral; se paran duro contra el ESMAD y la policía en los puntos de resistencia y sus primeras líneas en Cali, Buga y Popayán, en una sinfonía de alegría y convicción que desborda todos los parámetros de análisis para explicar porqué se ha extendido tanto la lucha, y para dónde va todo esto.

Al momento dos tendencias se disputan el escenario de lucha, dentro del levantamiento popular en Colombia.

Una de las tendencias que pugnan por el cambio viene diciendo, a groso modo, que lo hay que hacer en este momento es abrir una puerta para la concertación con el régimen que representa el presidente Iván Duque, hacer un alto y bajarle al estallido social, reorganizarse y definir la táctica a seguir.

Hablan incluso de «salvar a Duque del uribismo», con el argumento de impedir el golpe de Estado que tiene preparado la extrema derecha uribista o la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, el viejo Estado de Sitio; para poder continuar con la campaña electoral, combinada, claro está, con movilización pero solo la necesaria como medida depresión, de tal manera que no se ponga en riesgo la vía electoral para ganar la presidencia y la mayoría del Congreso.

Esta posición está convencida de que deben hacerse elecciones, por lo tanto, hay que evitar que implosione el régimen, impedir que caiga y de paso conjurar el golpe de Estado y elecciones adelantadas.

Sin duda, quienes defienden esta línea saben quién ha roto el hilo constitucional y perdido la poca legitimidad que le queda. El argumento de peso es que Ivan Duque como jefe de Estado ha ordenado usar las armas de la nación contra sus propios ciudadanos, lo que ha causado un baño de sangre, se ha violado y reprimido brutalmente a miles de ciudadanos, y esto rompió el Contrato social, violó el primer mandato constitucional, el derecho a la vida que es un derecho fundamental imprescriptible.

Así, la vía electoral sería la salida a la grave crisis de hondo calado que atraviesa el Estado Social de Derecho, poniendo fin al Uribato, a partir de un nuevo gobierno verdaderamente democrático, para la vida digna, la paz con justicia social, estable y duradera, los derechos y las libertades de todos; y no solo el privilegio para una minoría como ha ocurrido hasta ahora; un nuevo gobierno que haga reformas (tributaria, ESMAD, educación, salud, seguridad social, pensiones) a favor de las clases más pobres, que se incrementaron con la pandemia del Coronavuirus a unos 30 millones de una población de 50, según el mismo DANE y la Cepal.

El nuevo gobierno que se elegiría en el 2022 a partir del Pacto Histórico – que como muchos han dicho es más un acuerdo electoral, aunque el constituyente primario lo está firmando en las manifestaciones públicas desde el 28 de abril – y la opinión de millones de colombianos en favor de un cambio, se encargaría de terminar la tarea.

El problema, segunda tendencia, es que no toda la juventud que está manifestándose copia la propuesta de la salida electoral, porque quieren, así no haya sido la meta inicial del Paro, ir hasta el final y hundir el gobierno del presidente títere Iván Duque.  

Son muchas las voces que han expresado en las calles, marchas, plantones, velatones, consignas y redes sociales, que de lo que se trata es de tumbar al régimen, empujar fuerte hasta que caiga con todo su gabinete, no ministro tras ministro; revocarlo en las calles ejerciendo el poder soberano como constituyente primario y convocar elecciones inmediatamente; otros, dentro de esta tendencia, plantean un gobierno de transición o de consenso nacional, que luego se emplearía en hacer las reformas más inmediatas, enfatizando en que la tributaria la deben pagar los más ricos.

El asunto es complejo, no hay una cabeza, voz líder, organización, partido o movimiento social a nivel nacional que unifique y canalice el Estallido Social, porque este es resultado no de la preparación y organización bajo el esquema y el viejo estilo del partido y el sindicato, además tiene mucha ira acumulada, ha perdido el miedo y cuenta con una gran dosis de espontaneidad, lo cual tiene de positivo como de negativo.

Es un movimiento de protesta y movilización popular de nivel nacional, que a pesar de la brutal represión y los intentos de algunas fuerzas (Coalición de la Esperanza, Robledo, Fajardo, Partido Verde, Dignidad, Moir, CGT, UGT) por desmovilizarlo, ha crecido y se ha expandido con el paso de los días, proporcional a como ha aumentado el antiurbismo en la consciencia de la gente.

Ante la posibilidad de una concertación con el régimen, la pregunta de fondo es, ¿qué agenda debe presentarse en una mesa de diálogo con Duque, que interprete y recoja el acumulado reclamo de justicia, que sea amplia, plural y represente tanto a la base de los movimientos y colectivos, como a los viejos sindicatos, partidos y al mismo CNP (Comité Nacional de Paro)?

Algunos han dicho, que debe empezar porque el régimen pare de asesinar y detenga la máquina de la muerte (ESMAD, policía nacional, ejército), resuelva el grave problema de DD.HH, entregue los desaparecidos y capturados, libere los judicializados, de un informe sobre los heridos. No estaría mal para un buen comienzo, pero también para concederle al pueblo lo que ha ganado, que no es poco.

Tal vez así, la digna rabia que se transformó en Estallido Social en Colombia, pueda mirar hacia el horizonte, hacer un alto en el largo y difícil camino transitado, y pasar de la acción directa destituyente a la acción consciente constituyente, de una nueva sociedad, un nuevo país, fundado sobre pilares humanos y políticos firmes que garanticen democracia, libertad, seguridad social y transparencia real.

Esos son los principios y las condiciones mínimas para restablecer la vida digna de todos y todas, y que nunca más vuelva a ser el privilegio de una minoría que por décadas reprimió y violentó a sus ciudadanos.