Cualquier ciudadano tiene derecho a poder responder la pregunta ¿Hacia dónde vamos? a partir de una mínima información de los poderes públicos que lo gobiernan. Es decir, debe poder formarse una representación de las orientaciones políticas, de lo que pretenden los que lo gobiernan y de cómo lo quieren lograr. Que esté de acuerdo o […]
Cualquier ciudadano tiene derecho a poder responder la pregunta ¿Hacia dónde vamos? a partir de una mínima información de los poderes públicos que lo gobiernan. Es decir, debe poder formarse una representación de las orientaciones políticas, de lo que pretenden los que lo gobiernan y de cómo lo quieren lograr. Que esté de acuerdo o no es otra cosa, que haya elegido quien le gobierna o le venga impuesto es otra cuestión, pero si debe participar en el resultado común tanto si quiere como si no, tiene derecho a saber hacia donde debe ir. El poder político y el entramado de instituciones le deben permitir orientarse.
¿Sabemos hacia dónde vamos los que vivimos influidos por las decisiones políticas que adopta el Gobierno español? ¿Nos llegan señales claras de la dirección que debemos seguir? O, más importante, después del desbarajuste que ha permitido con la burbuja inmobiliaria y financiera, y el conjunto de medidas (todas de urgencia, supuestamente para evitar males mayores) y los sacrificios que se piden un día y otro a la gente, ¿qué se pretende? La destrucción de buena parte del marco de las relaciones del trabajo asalariado (la denominada reforma laboral) se hace con prisas, ¿y nos tenemos que creer que servirá para que la gente encuentre trabajo y viva mejor? ¿O es que debemos admitir vivir peor sin más explicación que invocar la palabra crisis? ¿Es que el Gobierno de España autoriza subir el precio de la luz que utiliza la gente y aún dice que puede subir más, dando por explicación un supuesto «sentido de la responsabilidad» del ministro socialista, y nos hemos de creer que no se puede hacer otra cosa?
Un país democrático no se puede gobernar contra la gente teniendo más de cuatro millones y medio de parados, restringiendo los derechos laborales, reduciendo sueldos, aumentando el coste de la vida, y aumentando la edad de jubilación (y muy posiblemente reduciendo las pensiones), y todo ello mientras ministros, diputados y cargos van en coche oficial de lujo, duermen en hoteles de lujo y cobran sueldos y dietas de diferentes instituciones teniendo derecho a jubilaciones a las que no podrían aspirar como profesionales. Y además sin sabernos decir hacia dónde vamos.
Fernando G. Jaén. Profesor Titular Universitat de Vic.
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