Prácticamente desapercibidas han pasado, al parecer, las declaraciones efectuadas el lunes, día 14, por el rector de la ULPGC, José Regidor. Sin embargo, los acontecimientos que estas declaraciones adelantan no tardarán demasiado en afectar gravemente a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad canaria. Sus palabras merecen, por tanto, ser analizadas y situadas […]
Prácticamente desapercibidas han pasado, al parecer, las declaraciones efectuadas el lunes, día 14, por el rector de la ULPGC, José Regidor. Sin embargo, los acontecimientos que estas declaraciones adelantan no tardarán demasiado en afectar gravemente a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad canaria. Sus palabras merecen, por tanto, ser analizadas y situadas en su justo contexto.
Durante la presentación de las Jornadas de Financiación de las Universidades Públicas Españolas, José Regidor -hombre afín a los parámetros ideológicos del PSOE – se quejó de las «bajas tasas de las matrículas que mantienen las universidades canarias» que, en su opinión, «perjudican a estas instituciones y son inapropiadas respecto al resto de España y la Unión Europea». Además de defender la subida de estas tasas, el rector subrayó que «urge la reforma del sistema de financiación» de la Universidad, y defendió una revisión del sistema fiscal para conseguir que las universidades españolas «cuenten con más apoyo de las empresas privadas». En este sentido, Regidor reiteró su petición de que se permita a los empresarios instalados en Canarias invertir los fondos de la RIC en proyectos de «innovación».
Por su parte, el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens -acaudalado empresario, además de mediocre escritor- calificó de «fundamental» que se modifique la Ley de Mecenazgo para que la inversión privada pueda financiar proyectos públicos como las universidades. Siemens no dudó en calificar el sistema de financiación de las universidades canarias como uno de los «peores» del Estado, por su alta dependencia del dinero público. (Entre el 70 y 80% de su presupuesto es aportado por el Gobierno de Canarias).
Como colofón a este coordinado discurso a dos voces, el rector aseguró que «hay que darse prisa» a la hora de realizar estos cambios, porque «no hay dinero» y el que hay «es para mantener los recursos existentes». Y Lothar Siemens solicitó que las conclusiones que se obtengan en las jornadas se puedan aplicar al nuevo contrato programa que las dos universidades canarias elaboran junto al Gobierno autónomo. La consejera de Educación,Milagros Luís Brito, aseguró que el «Ejecutivo será sensible y receptivo» a estas peticiones. Pero si los cambios en la Universidad canaria, tan deseados por el rector, están a la vuelta de la esquina, no es fundamentalmente por la buena disposición de la consejera. En realidad, José Regidor sólo está continuando la senda iniciada por el anterior rector Manuel Lobo, llevando a la ULPGC las directrices de una contrarreforma educativa pergeñada en los años 90, y para cuya inmediata aplicación acaba de promulgar un Real Decreto el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.
DEL ‘LOBBY’ EMPRESARIAL EUROPEO AL PROCESO DE BOLONIA
En 1999, en la ciudad italiana de Bolonia, los ministros de Educación de la Unión Europea firmaron una Declaración conjunta, que dio inicio a un «proceso de convergencia» cuyos objetivos declarados eran facilitar un efectivo intercambio de titulados entre los distintos países, así como adaptar los estudios universitarios a las demandas sociales. Estas llamadas «demandas sociales», no obstante, lejos de ser el producto de la expresión democrática de los ciudadanos supuestamente representados por los firmantes del acuerdo, habían sido impuestas con anterioridad por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos (ERT), uno de los grupos de presión más influyentes de la UE. Tres años antes de la Declaración de Bolonia, este «lobby», que agrupa a directivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, entre otras, presentaba un informe titulado «Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje», en el que podía leerse:
«El objetivo de este informe es presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento. La ERT espera que añadiendo la visión práctica de la empresa se pueda ayudar a provocar los urgentes cambios que, a nuestro juicio, requieren en la actualidad los sistemas educativos europeos».
Los miembros de la ERT, a quienes se puede considerar en justicia como los verdaderos artífices en la sombra de la política económica de la UE, también tuvieron éxito a la hora de definir el modelo educativo más adecuado a sus intereses particulares. El Proceso de Bolonia, que condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, hizo suyas las líneas fundamentales expuestas en su informe, orientando la trasformación de los sistemas universitarios en la dirección exigida por estos grandes poderes económicos, para ser «competitivos» frente a los EE.UU. y otras potencias emergentes.
HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: UNA ENSEÑANZA PARA PRIVILEGIADOS
Aunque los incrementos que sufrirán las tasas de matriculación de las Universidades en los próximos cursos bastarán, probablemente, para provocar las mayores protestas entre los estudiantes, éstos solo constituyen uno de los efectos de la reforma que está a punto de imponerse y que terminará -si nada lo impide- con el tipo de Universidad que hoy conocemos.
El Real Decreto de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la «reordenación de las enseñanzas universitarias oficiales», suprime definitivamente las diplomaturas y licenciaturas, para dar paso a una nueva jerarquización de las titulaciones en Grado, Máster y Doctorado. Los Grados ofrecerán una «formación general» orientada al ejercicio de actividades de «carácter profesional».Para especializarse y adquirir las «competencias, habilidades y destrezas» demandadas por empresarios y banqueros, quienes puedan permitírselo deberán realizar un Máster o Doctorado entre 3 y seis veces más caro que el Grado. Además, con la implantación del llamado Eurocrédito, sólo el 30% de los créditos de los que está compuesto cada curso corresponderá a las clases presenciales, por lo que habrá que pagar por tutorías, horas en la biblioteca, etc. Para hacer frente a los precios prohibitivos que alcanzarán los estudios superiores los alumnos tampoco contarán con las becas que hasta ahora habían conocido. Sólo podrán acceder a una beca-préstamo, con sus correspondientes intereses, que tendrán que pagar en cuanto concluyan la carrera, por lo que se incorporarán al mercado de trabajo con una «hipoteca» previa que mejorará aún más la posición de dominio de quienes demanden su fuerza de trabajo.
En la Universidad se establece, como puede apreciarse, un proceso de selección basado en el poder adquisitivo, que configurará una institución mucho más elitista, con una limitación drástica del acceso de las clases populares. La imposición de un nuevo horario académico similar a la jornada laboral, adecuado a una orientación mercantilista preocupada exclusivamente por producir «trabajadores eficientes» y no por formar ciudadanos instruidos y críticos, será otro obstáculo que contribuirá decisivamente a realizar la mencionada criba clasista. Máxime, cuando se establecerá también la asistencia obligatoria a todas las clases y el resto de actividades incluidas en los créditos, impidiendo así compaginar los estudios con el trabajo.
Paralelamente a estos cambios en los planes de estudio tendrá lugar un incremento progresivo de la financiación privada de las Universidades y, consecuentemente, del control de estas instituciones por parte de sus nuevos patrocinadores. También en este aspecto las declaraciones e iniciativas del rector de la ULPGC, que recientemente ampliaba un «convenio de colaboración» con el BSCH de Emilio Botín, han adelantado los futuros acontecimientos. La reflexión «sobre el sistema de financiación» a la que ha aludido José Regidor, se circunscribe, en realidad, al establecimiento de los mecanismos más adecuados para posibilitar el tránsito a este modelo que conduce, con paso firme y decidido, hacia la privatización de la universidad.
Pero no será preciso esperar a futuras regresiones para constatar quienes pasan a dominar las universidades del Estado español. El decreto gubernamental antes mencionado establece ya que la ANECA, (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), constituida en buena medida por profesionales representantes del mundo empresarial: «elaborará un informe sobre el plan de estudios que tendrá carácter preceptivo y determinante». Según el artículo 27 de este decreto, para la renovación de un título universitario será necesario un «informe positivo» de la ANECA.
Si un plan de estudios no supera la fiscalización de este organismo «se considerará extinguido… y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional». Se establece así, por ley, el procedimiento para que los «mecenas» determinen qué estudios pueden cursarse, así como los conocimientos y carreras que deben desaparecer por no ser adecuadas a sus «demandas sociales». Este proceso de privatización afectará también, obviamente, a la propiedad de las patentes de investigación, ya que las empresas no subvencionarán investigaciones de las que luego no puedan obtener sustanciosos beneficios. Los ideales de libertad y autonomía académica tampoco tendrán cabida, por tanto, en los nuevos centros de formación de empleados dóciles y «cualificados» en que se pretende convertir la institución universitaria.
Nos enfrentamos, pues, a la última vuelta de tuerca del proyecto neoliberal de la Unión Europea, en la que los mismos poderes económicos que han impuesto la precariedad laboral o la privatización de las empresas públicas como «necesidad» para posibilitar su crecimiento particular, atentan ahora contra uno de los pocos derechos sociales no desmantelados aún por completo. Al tiempo que la educación pública primaria y secundaria es sometida a un interesado proceso de deterioro, la Universidad se proyecta como «escuela de negocios» para privilegiados, con la investigación científico-técnica al servicio del beneficio privado y regida por los mismos criterios empresariales de cualquier multinacional.
En Canarias, el rector de la ULPGC, José Regidor, parece dispuesto a abanderar esta contrarreforma, que terminará por imponerse si una fuerte organización estudiantil y ciudadana no logra constituirse para evitarlo.