Nota de la edición: Tras la victoria del PSOE en las elecciones de ayer y los resultados del resto de partidos, planea la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Rescatamos este artículo escrito la semana pasada en el que se analiza lo que podría significar uun gobierno […]
Nota de la edición: Tras la victoria del PSOE en las elecciones de ayer y los resultados del resto de partidos, planea la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Rescatamos este artículo escrito la semana pasada en el que se analiza lo que podría significar uun gobierno de esas características.
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La práctica totalidad de las encuestas apuestan por la victoria electoral del PSOE. Varias de las mismas prevén que podrá alcanzar la mayoría necesaria para investir a su candidato Pedro Sánchez mediante un acuerdo,con una de entre dos perspectivas contrapuestas. La primera con Unidas Podemos y todos o parte de los partidos ERC y Junts per Catalunya y los vascos del PNV y EH Bildu; la segunda con Ciudadanos (Cs). La campaña electoral del PSOE se basa en afirmar la necesidad de derrotar al bloque reaccionario y de equiparar a sus tres componentes, de los que se dice que forman una sola derecha aunque vayan con tres siglas. Como ha dicho Jaime Pastor, la competencia entre ellas no impide que compartan un mismo proyecto de nacionalismo español recentralizador y uniformizador, neoconservadurismo patriarcal y xenófobo y neoliberalismo austeritario. Cs, por su parte, ha dicho un día sí y otro también que su objetivo es echar a Pedro Sánchez y para ello ha afirmado que cuentan con el PP, omitiendo desvergonzadamente que también les serían necesarios -y aceptarían, como en Andalucía- los votos de VOX.
Sin embargo, no es descartable que «si dan los números» la opción gubernamental que se imponga sea la de un acuerdo PSOE-Cs. En cuanto al PSOE, no solo porque alguno de sus principales dirigentes ha afirmado hace ya unas semanas que esa podía ser la mejor opción sino por la presión de una parte importante de sus barones que se oponen radicalmente a cualquier acuerdo con Unidas Podemos y con quienes «quieren romper España» y defienden propuestas socioliberales y centralistas. Cs ha mostrado repetidamente que puede cambiar de posición fácilmente si ello le permite alcanzar cuotas de poder y puede considerar que tiene graves riesgos de descomposición si queda alejada del poder y se aleja la perspectiva de lograr la hegemonía en la derecha.
Además de los aspectos internos a los partidos, la opción del PSOE-Cs para formar gobierno es la preferible por el IBEX 35. Piensan que la alternativa del bloque reaccionario puede provocar reacciones nacionales, feministas, ecologistas y anti-austeridad muy extendidas y la del PSOE apoyado por Unidas Podemos (¿o con su integración en el gobierno?) y nacionalistas de diverso tipo puede atentar contra sus intereses de clase. Confían en que el PSOE y Ciudadanos mantendrían lo esencial de la reforma laboral y de una fiscalidad muy favorable para los altos ingresos y las rentas del capital. A pesar de que el programa electoral del PSOE contiene elementos progresivos, gran parte de los mismos tienen un importante grado de inconcreción y, sobre todo, el PSOE tiene una amplia trayectoria de programas y promesas incumplidas. Tanto ese programa como las medidas sociales adoptadas por el gobierno Sánchez se han producido para ampliar su base electoral y pueden olvidarse una vez obtenida una situación «más confortable», sobre todo, si como señalan los economistas críticos, repunta la crisis económica [1], cuando más necesaria es la firmeza en la defensa de las conquistas sociales.
Su declaración de que el objetivo de su campaña es «ganar la batalla del voto centrado, moderado, sensato y moderno», ratifica esa desconfianza. Ante el riesgo de conformación de un gobierno de este tipo, parece interesante analizar las propuestas de ambos partidos en materia laboral, de pensiones y fiscales.
Laborales, mantenimiento de la flexibilidad pro-empresarial
Pedro Sánchez prometió que derogaría la reforma de 2012. Ni siquiera se ha planteado la derogación de la de 2010 aprobada por un gobierno de su partido, basada en principios muy similares a la del PP. Una vez instalado en el gobierno se rebajó la anulación a «las medidas más restrictivas» de la de 2012, que ahora se reitera. El gobierno Sánchez ha utilizado como pretexto para no derogarla que solo disponía de 84 diputados. Pero con esos mismos diputados ha aprobado decretos leyes que han sido convalidados posteriormente por el Congreso. Si hubiera tenido la voluntad de derogarla hubiera podido presentar una propuesta y llamar a los sindicatos y movimientos sociales a se movilizaran para exigir su aprobación y obligar a «retratarse» a quienes se opusieran. Parece claro que las verdaderas razones están en otro lado, en la fuerte oposición a esa medida de la patronal y sus organizaciones, que se siguen beneficiando de una legislación hecha a su medida, que les permite contratar y despedir como quieren, despedir con indemnizaciones cada vez más bajas, establecer la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales y no aplicarles por motivos muy amplios y un largo etcétera, tal como se puede apreciar en el artículo de Antonio Baylos.
Tras el aumento de 2019 del salario mínimo no se concreta más allá del aumento «gradual» del mismo para cumplir el objetivo de la Carta Social Europea y se sigue manteniendo una gran distancia con el de otros Estados europeos. La equiparación salarial en el sector público se limita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obviándose al resto de las empleadas y empleados públicos. También se propone la «mejora de las retribuciones del personal militar». Parece evidente que el PSOE es muy sensible a la presión de sindicatos y agrupaciones de extrema derecha como Jusapol y de la jerarquía militar, lo que va contar con el pleno apoyo del PP, Cs y Vox.
Cs propone que todos los contratos sean indefinidos, salvo los de cobertura de sustituciones y los de formación. En lugar de reglas que penalicen los despidos, plantea la concesión de bonificaciones a las empresas que despidan menos y mantengan plantillas más estables en cada sector. En el programa no se pronuncian sobre la cuantía de las indemnizaciones de despido, pero a la vista de su trayectoria sobre esta materia es indudable que se acomodará a las pretensiones de las organizaciones patronales, que quieren prolongar la carrera continuada hacia la baja de las mismas, así como por una flexibilización de las causas de despido. Así, en una presentación a los partidos ante las elecciones generales, el Círculo de Empresarios ha reclamado reducir el coste del despido para los trabajadores fijos (ahora 20 días si es objetivo y 33 si es improcedente en función del año de firma) y equiparar las indemnizaciones por despido de contratos temporales e indefinidos en 18 días por año trabajado.
En relación con la economía digital, el programa asume la iniciativa de la patronal del sector, de adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital para asegurar la protección social de los trabajadores e incorporar la flexibilidad que requiere esa economía. En la patronal Adigital se encuadran las plataformas de reparto tales como Deliveroo y Glovo, cuyo modelo laboral ha sido cuestionado por los tribunales de justicia en varios países europeos, incluido el Estado español, en sentencias que han considerado fraudulenta la utilización de la figura del trabajo independiente y cuya problemática ha sido analizado en esta web por Josépha Dirringer.
Pensiones y financiación de la seguridad social, muy insuficientes
En materia de pensiones la única concreción positiva obrante en el programa del PSOE es la fijación de su revalorización conforme a la evolución de la inflación, pero no incluye la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo del período de congelaciones de la crisis. Con un diseño «compartido con los interlocutores sociales» se mantiene el factor de sostenibilidad, con el evidente objetivo de recortar la cuantía de las pensiones. La reducción de la brecha de género de las pensiones, mucho más elevada que la salarial (la primera alcanzaba el 33,8% en el 2016 frente al 14,2% la segunda), se despacha en una línea, sin referencia alguna a medidas evidentes -además de las salariales- que la rebajarían, tales como, entre otras, dar carácter retroactivo a los recargos en las pensiones de las mujeres por hijas e hijos y concederlas desde el primer hijo/a o la anulación de la medida que reduce, a efectos del cálculo de la pensión, al 50% de la base mínima a partir del cuarto año en los períodos sin cotización y que afecta en gran medidas a las mujeres, tal como he analizado aquí. Ninguna mención a dejar sin efecto la reforma del gobierno de Rodríguez Zapatero (Ley 27/2011) cuyo impacto es mayor que la del PP de 2013.
Los recortes de 2011 y 2013 están desacelerando el aumento del gasto en pensiones, que en lo esencial se debe al aumento del número de pensionistas, y reducido la cuantía de las pensiones iniciales. A pesar de lo anterior, la baja de los ingresos por cotizaciones debida a la caída salarial (solo compensada débilmente por el nuevo salario mínimo de 2019 y el aumento de los topes máximos de cotización el 7% en el 2019) y medidas tales como las subvenciones de cotizaciones a las contrataciones laborales, está dando lugar a unos déficits superiores a los 18 mil millones de euros anuales.
Para hacer frente a estos déficits, las propuestas del PSOE se mantienen en una absoluta vaguedad: se establecerá «una senda de cinco años para superar y eliminar el déficit del sistema de Seguridad Social a través de la adopción de un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de largo plazo del sistema»; se anuncia que las cotizaciones «soporten los gastos de naturaleza contributiva»… lo que ya está en vigor de 2013. No se considera aumentar nuevamente el tope máximo de cotización, que sigue dejando sin cotizar a una parte importante de los salarios más elevados (sólo en Comunidad Autónoma Vasca se ha estimado por el movimiento de pensionistas que cien mil personas asalariadas perciben salarios que superan ese tope). Ese aumento podría ir acompañado de un aumento, en menor cuantía, del tope máximo de pensiones, ya que las personas de salarios más elevados se benefician comparativamente de tener itinerarios laborales más estables y una esperanza de vida mayor que las de salarios más bajos y, por lo tanto, de más duración en el cobro de las pensiones. Dicho lo anterior, un cierto incremento puede ser razonable para compensar la reducción del salario por el mayor descuento de la cotización, evitando así la presión hacia las pensiones privadas de los salarios más elevados. Esta medida proporcionaría inmediatamente ingresos más elevados mientras que el aumento del gasto que se produjera, además de más reducido en el caso de ser más bajo el aumento del tope, se dilataría en el tiempo dado el acceso progresivo a la jubilación de las personas concernidas.
Se dice que aumentará progresivamente la aportación del Estado para hacer frente al acceso a la jubilación de la generación del baby boom, a partir de 2030-35. El Fondo de Reserva de las pensiones estaba previsto para «suavizar» el aumento del gasto debido a ese proceso, pero la caída de los ingresos ha dado lugar al agotamiento del mismo. A ello han contribuido las reformas laborales de 2010 y 2012, al debilitar la negociación colectiva sectorial y flexibilizar al máximo las relaciones laborales y con ello provocar una enorme caída salarial. Esa situación exige claramente aumentar los ingresos, pero el PSOE no contempla eliminar esas reformas para favorecer el aumento de los salarios, ni aumentar las cotizaciones empresariales, cuyos tipos se mantienen constantes desde hace muchos años.
Por su parte, Cs propone reducir más aún los ingresos del sistema de la seguridad social, al ampliar desde uno a dos años la tarifa plana de los autónomos (60 euros/mes) y eximirles del pago de cuotas en los dos años siguientes a la paternidad/maternidad, así como cuando tengan ingresos inferiores al salario mínimo. También se incluye la bonificación al 100% de las cotizaciones empresariales -no las correspondientes al trabajador o trabajadora y que se deducen de su salario- durante una incapacidad temporal por causas relacionadas con el embarazo o parto y durante el disfrute de los permisos por maternidad y paternidad. Varios de los beneficios que se proponen para los autónomos se aplican con independencia de sus ingresos, frecuentemente poco controlados, y de que tengan o no trabajadores/as asalariados/as que trabajen para ellos o trabajen en exclusiva o mayoritariamente para un empleador y son congruentes con la posición de Cs de favorecer el «emprendedurismo».
Salvo esta reducción de los ingresos, las propuestas de Cs sobre pensiones son inexistentes, salvo la de revalorización periódica… siempre que sea compatible con la sostenibilidad del sistema. Como la entienden se puede apreciar por su abstención en la convalidación del Decreto ley que acordó la subida del 1,6% para el 2019. Lo que si contempla su programa es la compatibilidad entre la realización de un trabajo asalariado y la percepción al 100% de la pensión de jubilación. Bajo una forma aparentemente atractiva se oculta que es una forma de obligar a las personas jubiladas a trabajar para complementar unas pensiones de cuantía cada vez más reducida si quieren mantener un nivel de vida decente. Esa compatibilidad contribuiría a crear un mercado de trabajo específico para las jubiladas y jubilados, como ya ocurre en el Reino Unido y Estados Unidos. Tal como sucede en estos países se concretaría sobre todo mediante contratos a tiempo parcial que harían el puente entre el trabajo tiempo completo y la jubilación íntegra.
Es probable que un gobierno PSOE-Cs sea muy «sensible» a las reivindicaciones patronales de reducir el gasto en pensiones y, en todo caso, bajar sus aportaciones. Así se ha manifestado el Círculo de Empresarios que ha reclamado hace unas semanas una reducción de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios (23,6%), elevando la de los trabajadores (4,7%), para que esté más «proporcionada».
Fiscales, sujetas a la disciplina de la UE
La posición del PSOE en materia de fiscalidad se basa en avanzar «hacia el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit y la deuda y la sostenibilidad fiscal de medio plazo». Reconoce que la mejora de la competitividad de la economía española y los elevados beneficios de las empresas durante los últimos años se han debido, en gran medida, a salarios muy bajos y empleos muy precarios, favorecidos por la reforma laboral del Gobierno del PP, pero omiten su responsabilidad por la reforma laboral de 2010. Presentando de forma poco creíble que es posible la cuadratura del círculo propone el aumento del gasto social en educación, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para jóvenes, así como el fomento de la inversión productiva y la transición ecológica e infraestructuras y, a la vez, la reducción del déficit público y de la deuda pública.
Propone medidas positivas, pero de escasa concreción, como la de reforzar la progresividad del sistema fiscal, la convergencia hacia el promedio de la recaudación fiscal de la Unión Europea -que en la actualidad es inferior en más de 6 puntos a la media de la UE- y el aumento de la aportación de las grandes empresas y los contribuyentes de ingresos más altos y de mayores patrimonios. Se dice que la desigual tributación de las rentas del capital y las del trabajo deben ser mejoradas de forma «equitativa», pero no se propone su sujeción a los mismos tipos impositivos. Por no ir muy hacia atrás, la experiencia del giro antisocial del gobierno de Rodríguez Zapatero en el 2010 cuando congeló las pensiones, redujo el sueldo de los funcionarios y empleados públicos y el gasto en las prestaciones contra la dependencia para cumplir con los diktats de la Unión Europea y la aprobación exprés de la reforma del art. 135 de la Constitución que prioriza absolutamente los objetivos de déficit y deuda públicos, muestra que la prioridad de los gobiernos del PSOE es la de cumplir con esos objetivos fijados por la Troika aunque sea al precio de aplicar políticas austericidas de recortes sociales e incumplir sus promesas electorales.
Cs propone limitar al 44% el tipo máximo del IRPF, frente al actual del 45% para las rentas superiores a 60.000 euros anuales, para «garantizar que los impuestos nunca sean confiscatorios» (sic). Considerando que pueden mejorar su posición electoral en la «España vaciada», quieren reducir el 60% del IRPF «a todas las personas que vivan en riesgo de despoblación». También propone deducciones para familias con hijos y la bonificación al 100% en los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, de forma que «Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar» ese impuesto. En otros muchos aspectos de las políticas públicas, en lugar de establecer medidas imperativas para conseguir fines sociales opta por los incentivos fiscales a favor de los empresarios y propietarios. Por ejemplo, mientras que critica los controles de los alquileres de las viviendas, dice que el acceso a la vivienda «a precios asequibles» se favorecerá mediante la mejora de esos incentivos. En correspondencia lógica con la reducción de los ingresos públicos y con la prioridad repetida con insistencia del saneamiento fiscal, las propuestas sociales son prácticamente inexistentes y, las que existen, van dirigidas en buena parte a los empresarios. Así, mientras que no aprobaron el salario mínimo de 900 euros para 2019, a fin de combatir la pobreza laboral los trabajadores percibirían un «Complemento Salarial Garantizado». Ello permitiría desplazar a los presupuestos públicos, financiados mediante impuestos pagados muy mayoritariamente por las y los trabajadores, la responsabilidad de que éstos y éstas perciban ingresos mínimos, mientras que los empresarios aumentan sus beneficios pagando salarios muy bajos.
En definitiva, la posición débil del PSOE y la agresiva de Cs en esta materia contribuyen a que el gasto social se financie a cargo de la mayoría trabajadora, mientras que los ricos y las grandes empresas, mediante la ingeniería financiera, el fraude y los paraísos fiscales apenas pagan impuestos, dando lugar a lo que Miguel Urbán ha calificado como la revuelta fiscal de la nueva aristocracia global.
Nota:
[1] François Chesnais, en «De nuevo sobre el impasse económico histórico del capitalismo mundial», Viento Sur, nº 163, señala que la incapacidad de la economía mundial para mantener el crecimiento económico durante más de 10 años después del estallido de la crisis de 2007-2008 «refleja una avería del motor de acumulación a largo plazo», por lo que las crisis se van reproducir de forma periódica.
Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo y miembro de la redacción de Viento Sur