Pretendiendo dar una respuesta al clamor de la ciudadanía por reducir el enorme gasto que demanda actualmente el funcionamiento del desprestigiado Congreso Nacional, el gobierno de Sabastián Piñera anunció ayer, con gran despliegue publicitario, el envío al Congreso de una indicación que busca disminuir el número de parlamentarios de 155 a 120 diputados y de […]
Pretendiendo dar una respuesta al clamor de la ciudadanía por reducir el enorme gasto que demanda actualmente el funcionamiento del desprestigiado Congreso Nacional, el gobierno de Sabastián Piñera anunció ayer, con gran despliegue publicitario, el envío al Congreso de una indicación que busca disminuir el número de parlamentarios de 155 a 120 diputados y de 43 a 40 a senadores, proponiendo además que este cambio entre en vigencia en los comicios del próximo año.
Sin embargo, como suele suceder con las iniciativas de la casta política que nos gobierna, las apariencias engañan. En efecto, el verdadero objetivo de esta iniciativa no es satisfacer la sentida demanda de la ciudadanía por contar con un sistema político que se haga realmente cargo de defender y promover sus derechos, intereses y aspiraciones, y que sea a la vez que austero y diligente en su modo de operar, sino todo lo contrario.
Lo que el gobierno en verdad busca con su propuesta es configurar mediante ese expediente una representación parlamentaria que refleje en menor medida que el actual el veredicto de las urnas, retrotrayéndonos en alguna medida hacia el tipo de distorsiones que generaba el anterior sistema binominal. De ese modo a los sectores que representan más directamente a los poderes facticos empresariales le resultaría mucho más fácil alcanzar en las votaciones parlamentarias el tercio que necesitan para impedir cualquier cambio legal significativo.
Si de verdad le interesara al gobierno reducir el abultado gasto público que demanda actualmente la existencia del parlamento, a la vez que lograr que la composición del mismo sea más representativa del sentir ciudadano y también mucho más expedito el trámite legislativo, la solución más conveniente sería, en cambio, eliminar el senado, pasando a contar entonces con un parlamento unicameral como el que hoy ya existe en numerosos países. ¿Por qué no se opta por una solución de este tipo?
La razón de ello es que la verdadera función del Senado en el marco del Estado burgués es la de servir de dique de contención ante aquellos repentinos cambios en el sentir ciudadano que pudiesen implicar un peligro para la estabilidad del sistema de explotación capitalista. Es precisamente por eso que su composición no se renueva en su totalidad al unísono con la de la cámara baja, ya que para cumplir ese rol de contención no debe reflejar el sentir presente de la ciudadanía. Este solo hecho le resta una importante cuota de representatividad, y por tanto de legitimidad, al parlamento que hoy tenemos.
En consecuencia, el órgano del Estado que por su función estaría llamado a constituir la más clara expresión política del sentir ciudadano, es decir el Parlamento, está hoy muy lejos de satisfacer ese objetivo. Y si a ello agregamos los cuórums supramayoritarios que la Constitución de Pinochet establece para aprobar cualquier modificación de la misma, o de cualquiera de las leyes orgánicas constitucionales, lo que tenemos por poder legislativo no es más que una ciénaga en que inevitablemente se empantanan todas las iniciativas que más pudiesen interesar a los sectores populares.
Por lo tanto, lo que corresponde es rechazar y denunciar el verdadero objetivo de la medida propuesta ayer por el gobierno y demandar en cambio la clara, simple y elemental medida que, junto con reducir de manera sustancial el costo de la labor parlamentaria, permitiría contar con un Parlamento que esté más en sintonía con las aspiraciones y demandas de la población y con una capacidad de cumplir su misión de una manera realmente expedita: el paso desde un Parlamento bicameral a uno unicameral mediante la eliminación definitiva del Senado.
Por supuesto, un cambio institucional de esta naturaleza no lo podremos lograr en el marco del actual sistema político-institucional, ni tampoco de una Constituyente a la que la clase política de hoy le haya rayado la cancha imponiéndole los cuórums de la actual Constittución, como ocurre con el acuerdo cocinado el 15 de noviembre último, sino que deberá ser una de las banderas que empuñe el combate por abrir paso a una Asamblea Constituyente realmente soberana, como clara expresión de la reivindicación de una democracia real, sin cortapisas, componente central de la lucha por los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador.
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