¿Hacia una «Ley de Punto Final»?

Ante el próximo debate parlamentario del Proyecto de Ley de «derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo», Amnistía Internacional afirma que si no se modifica este Proyecto de Ley, caminamos hacia una «Ley de Punto Final». Esto significa una amnistía general encubierta sobre crímenes contra el derecho internacional, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil o persecución por motivos políticos, religiosos y raciales.

La organización presenta un nuevo informe titulado «Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho», donde asegura que 70 años después del comienzo de la guerra civil, el Estado daría un paso atrás y perdería una oportunidad histórica para ofrecer verdad, justicia y reparación a miles de víctimas, si no cambia este Proyecto de Ley.

El Estado español no asume ninguna responsabilidad por los crímenes atroces que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo. Este Proyecto de Ley no menciona las normas internacionales de derechos humanos, ni ninguna otra norma de Derecho Internacional que España debe cumplir y hacer cumplir.

«Nos preguntamos cómo es posible que el Gobierno español vaya a tener una política exterior comprometida con los derechos humanos, si no es capaz de hacerlo a nivel interior. Esto es un despropósito», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España

La organización muestra su preocupación porque el Gobierno español intente pasar página sobre abusos y crímenes pasados, ignorando normas internacionales relativas al derecho a la verdad y el deber de recordar, y al derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones.

«Parece que no existieran los derechos humanos antes de que se aprobara la Constitución española de 1978, lo que constituye un grave error y una terrible afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familiares. Este Proyecto de Ley debe eliminar algunos de sus artículos y debe cambiar en muchos aspectos. Si no, debe ser retirado. Es insostenible en las actuales condiciones.», continúa Beltrán.

Amnistía encubierta

Para evitar que el Proyecto de Ley, de ser aprobado, suponga una amnistía general encubierta, la organización pide a los representantes ante las Cortes Generales que eliminen los mecanismos de impunidad incluidos en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno. Por eso solicita:

– Que se incluya toda la información relevante sobre los crímenes del pasado y no se sustituya en ningún caso el derecho de las víctimas a obtener justicia.

– Que no se eliminen los nombres de los presuntos autores de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista y que todos los ciudadanos puedan a acceder a los archivos y obtener información de los documentos que les conciernan o a los cuales demuestren tener interés legítimo.

«Sin verdad no puede haber justicia, y sin justicia no hay reparación. Si no se modifica este Proyecto de Ley, el Estado seguirá en deuda con las víctimas olvidadas de la guerra civil y del franquismo», afirma Beltrán.

Los obstáculos a la verdad y a la justicia, así como la omisión de garantías para que las víctimas cuenten con recursos eficaces y obtengan reparaciones, recogidos en este Proyecto de Ley, sitúan al Gobierno español por detrás de las tendencias mundiales en cuanto al respeto de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.

«Este Proyecto de Ley, de continuar tal y como está, puede suponer un peligroso antecedente de impunidad frente a otros abusos contra los derechos humanos que puedan cometerse en el futuro o que se hayan cometido en el pasado», concluye Beltrán.

Verdad oculta y privatizada, sin justicia y reparación escasa

Según el derecho internacional, el Estado es responsable de investigar los graves abusos contra los derechos humanos, llevar ante la justicia a sus autores y de asegurar que las víctimas disponen de recursos eficaces y obtienen reparaciones.

Este Proyecto de Ley no esclarece la verdad sobre crímenes que respondieron a una estrategia represiva sistemática y a gran escala, que usó los recursos del Estado para llevar a cabo violaciones a los derechos humanos, legisló para reprimir, denegó recursos para la protección judicial a las víctimas, empleó el sistema judicial para perseguir a los opositores, colocando a la sociedad en una situación de grave indefensión y creando una atmósfera de terror y control.

Se privatiza el derecho a la verdad de las víctimas, obviando la responsabilidad del Estado en la investigación de graves crímenes. El hecho de que tengan que ser las víctimas y sus familiares quienes tengan que localizar las fosas y los restos de personas desparecidas refleja desprecio a la dignidad de las víctimas y confirma su indefensión ante el Estado español.

Se profundiza en el trato discriminatorio de las víctimas y se incluyen garantías de que los nombres de las personas presuntamente implicadas en abusos contra los derechos humanos no serán revelados.

Además, el Proyecto de Ley excluye ofrecer justicia material e individualizada; olvida este derecho de las víctimas y renuncia a desarrollar mecanismo alguno para garantizarlo.

En cuanto a la reparación, a pesar de que se han recogido algunas medidas de reconocimiento moral y económico, éstas son insuficientes. Se confirma la tendencia de los últimos 30 años hacia una reparación económica parcial y sin conexión con los graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos. Así se demuestra la falta de voluntad política del Gobierno para cumplir con su obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de las víctimas.

Durante los casi dos años que han durado los trabajos de la Comisión Interministerial encargada de elaborar este Proyecto de Ley, el Gobierno español debería haber dado pasos significativos para resarcir a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, como la firma y ratificación del Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad o la anulación de las condenas a muerte dictadas tras juicios injustos. Pero esto no ha ocurrido.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Estas son algunas de las recomendaciones que la organización hace a los representantes ante las Cortes Generales para que las tengan en cuenta durante la tramitación del Proyecto de Ley.

– Crear un órgano oficial temporal que contribuya al esclarecimiento de la verdad sin sustituir el derecho de las víctimas a la justicia.

– Garantizar el acceso de las víctimas a justicia material e individualizada, mencionando expresamente la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

– Instaurar una Fiscalía especializada en las violaciones de derechos humanos con la dotación de recursos apropiados y con un Protocolo de exhumaciones para la búsqueda, la localización e identificación de los restos mortales de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

– Poner en marcha medidas expresas con relación a las víctimas de abusos por razones políticas, religiosas, raciales o por orientación sexual; y medidas para abordar el impacto de la guerra civil y el régimen franquista sobre las mujeres.

– Introducir un procedimiento idóneo que pueda revisar y eventualmente anular las sentencias condenatorias a penas mayores dictadas durante la guerra civil y el régimen franquista.

Ver informe: No_hay_derecho.pdf