El debate entre soberanistas catalanes sobre si tienen que descartar o no la acción unilateral para conseguir sus objetivos resulta del todo estéril, o casi del todo. Unos y otros parecen inmovilizados desde hace tiempo. Solo una parte, la independentista, insiste, como quien habla en el desierto, sobre la necesidad de negociar con el Estado. […]
El debate entre soberanistas catalanes sobre si tienen que descartar o no la acción unilateral para conseguir sus objetivos resulta del todo estéril, o casi del todo. Unos y otros parecen inmovilizados desde hace tiempo.
Solo una parte, la independentista, insiste, como quien habla en el desierto, sobre la necesidad de negociar con el Estado. La otra parte reitera, como quien recita una jaculatoria, que es necesario «superar la política de bloques», pero el resultado que obtienen unos y otros no es más que ruido. Es el barullo que producen las mutuas y continuas descalificaciones sin contenido. Nunca, o casi nunca, se formulan argumentos sobre lo que se puede conseguir y perder si una parte más o menos importante de la ciudadanía catalana decide poner en cuestión en la práctica, por la vía de los hechos, la supremacía del Estado español.
Tampoco se oyen nunca explicaciones sobre las oportunidades o momentos propicios para negociar aunque solo sea sobre algunos espacios de soberanía. Demasiado a menudo se contrapone la unilateralidad a la negociación, como si fuera necesario elegir inevitablemente entre una actividad y otra, y como si fuera imposible entender la relación dialéctica que existe entre ambos conceptos.
Parece evidente que cualquiera de las partes que intervienen en un conflicto tiene que intentar demostrar de alguna manera que puede actuar autónomamente si quiere conseguir que la otra lo escuche.
Insistir en que hay contradicción entre «acción unilateral» y «solución acordada» es absurdo. Lo es en cualquier circunstancia. Y en el caso del conflicto entre Catalunya y el Estado es evidente.
No hay que hacer un esfuerzo demasiado grande para entender que las instituciones españolas, que niegan desde siempre la existencia de la soberanía de Catalunya en todos los ámbitos, no admitirán nunca, por ejemplo, la negociación sobre la posible realización de un referéndum si no ven en el otro lado a un sector significativo de la ciudadanía suficientemente dispuesta a incomodar mucho al Estado y a ejercer en alguna medida el derecho que considera suyo.
Ninguna libertad democrática se ha conseguido sin algún tipo de alteración unilateral de «legalidades vigentes».
Cualquier que tenga algún tipo de experiencia en gestión de conflictos sabe que las políticas de concertación no tienen viabilidad si no sobrevuela la posibilidad de la confrontación.
Quién contempla la eventualidad de un enfrentamiento, quién lo provoca, lo sufre o se ve implicado en el mismo, lo que busca siempre es ganar algo, pero antes de ser derrotado, intenta encontrar una salida, una solución, o cuando menos una vía para minimizar los daños. Resulta más que improbable que un ente cualquiera preste atención a las reivindicaciones de otro si sabe que detrás suyo no hay capacidad de tomar decisiones en algún sentido, de ofrecer algo, provocar un conflicto o evitarlo.
En el caso de los conflictos sociales, los que se producen para luchar contra las desigualdades, para defenderse de decisiones injustas o para conseguir derechos económicos y sociales, para poder vivir dignamente, la relación entre movilización y negociación es tan evidente que no precisa argumentación.
«Los conflictos son fenómenos sociales, inherentes a la naturaleza humana, es decir, son naturales, inevitables y, incluso, necesarios. Cuando se gestionan de manera constructiva permiten el desarrollo social». Lo explica Kristian Herbolzheimer, director del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), en una publicación de este organismo, creado por el Parlament de Catalunya hace ahora 12 años «para promover la cultura de la paz en la sociedad catalana y en el ámbito internacional».
Esta entidad publicó una encuesta el año pasado, realizada a partir de un millar de entrevistas telefónicas, que ponía de manifiesto que más de un 70 por ciento de la población catalana consideraba que la convivencia en Catalunya era buena o muy buena.
Este hecho sigue siendo una realidad incontestable para cualquier persona que preste atención a la vida cotidiana del común de los ciudadanos de Catalunya, a pesar del esfuerzo que hacen diferentes actores políticos, incluso algunos que se reclaman soberanistas o federalistas, para explicar que la reclamación de libertad por los presos políticos resulta ofensiva y que media sociedad catalana vive enfrentada con la otra mitad como consecuencia de la reivindicación de independencia.
Algunos de estos actores se empecinan incluso en presentar la utilización de la lengua catalana en los medios de comunicación públicos de Catalunya como un problema, y como lengua vehicular en la enseñanza como un hecho discriminatorio, sin atender los argumentos en sentido radicalmente contrario que aporta la comunidad educativa. Los que insisten en la existencia de un «problema de convivencia», sin embargo, no parece que consigan hacer crecer mucho el número de sus seguidores con este tipo de discurso.
Un conflicto político de difícil solución
Además de esta realidad social, la de la convivencia libre de intoxicaciones, el ICIP sí considera que Catalunya se encuentra en un estado de «fuerte polarización entre partidarios y detractores de la independencia de Catalunya» y en un «momento de enorme confusión», después de años de movilizaciones masivas.
Es por este motivo que, ante lo que consideran un «conflicto político de difícil solución», «con un riesgo de cronificación en percepciones y posiciones enfrentadas», los actuales responsables del ICIP han decidido compartir reflexiones de personas que han «hecho frente a retos similares en otros contextos» y ensayar al mismo tiempo con iniciativas de diálogo, después de hacer un nuevo intento de interlocución con todos los grupos parlamentarios.
No han hecho ningún gesto visible de momento, pero parece ser que todos, salvo el PP, con quien no hubo reunión, han agradecido su iniciativa, lo cual representa un paso adelante en relación al fruto obtenido con otras gestiones realizadas por el propio ICIP a finales de 2017.
Necesitan poder trabajar con el visto bueno de todo el arco parlamentario y ahora parece que lo tienen, pero su apuesta por el diálogo quieren que empiece desde abajo. Por eso han organizado además sesiones de diálogo «experimental», en tres importantes localidades catalanas: Mataró, Cardedeu y l’Hospitalet de Llobregat. Unas «pruebas piloto» para las cuales han contado también con la participación de personas de la calle. Creen que han obtenido buenos resultados y se plantean la posibilidad de que esa experiencia se replique desde otros ayuntamientos.
Es preciso que se produzca diálogo social y político, según ellos, y que se dé con tres condiciones: curiosidad por parte de todas las partes, para conocer algo sobre el que piensa diferente; respeto por las personas, independientemente de sus ideas; y autocrítica, para reconocer que nadie tiene la verdad absoluta.
Se trata, no hay duda, de una iniciativa ambiciosa, que se pone en marcha con grandes interrogantes sin resolver:
¿Tiene el ICIP predicamento suficiente para vencer las dificultades que ha encontrado anteriormente y las nuevas que sin duda aparecerán?
Necesita el concurso de otras entidades. ¿Qué otras organizaciones pueden estar interesadas en impulsar también un proceso de diálogo entre actores sociales y políticos?
¿Existe alguna instancia internacional dispuesta a mediar entre instituciones catalanas y españolas que pueda contar con la aceptación de una y otra parte?
¿Es posible conseguir que el poder judicial deje de intervenir en la vida política? Los llamados constitucionalistas ¿estarían dispuestos en algún momento a dejar de recurrir a la Fiscalía y a los tribunales para reprimir al independentismo catalán?
La represión tiene un efecto desmovilizador, no hay duda, porque genera miedo. El miedo, como dijo el profesor Sampedro, es una fuerza más poderosa que cualquier otro sentimiento. ¿En qué condiciones pueden conseguir que se sienten a hablar los representantes del soberanismo si ven sus fuerzas debilitadas como consecuencia de la intervención sobre las instituciones, la vulneración de derechos elementales, las condenas pasadas y futuras, las multas, la acción policial y las advertencias más o menos explícitas sobre grados superiores de represión estatal?
¿Llegará el momento en el que el Estado reconozca que no tendría que haber negado derechos políticos a las personas encarceladas y exiliadas?
Conviene repasar la historia del conflicto y recordar de qué se hablaba en 2005, cuando ERC, CiU y PSC defendían en el Congreso de los Diputados el texto estatutario. Si gobiernan PP, Cs y Vox ya sabemos lo que pasará, porque no se cortan al defender lo mismo que mantenía el PP en aquel momento y que dio como resultado el recurso ante el Constitucional. Pero si lo que se encuentra en la Moncloa es un ejecutivo más o menos izquierdista, ¿es posible imaginar a las fuerzas catalanistas, soberanistas o no, exigiendo a otro gobierno del PSOE -entonces estaba el de Rodríguez Zapatero- el máximo respeto por lo que aprobó o aprobará el Parlament de Catalunya?
Los expertos del ICIP están convencidos de que «el conflicto catalán tiene solución», pero no a corto plazo. Exigirá tiempo y no saben cuál será, pero también están seguros de que no puede ser un resultado con ganadores y perdedores.
Eso está bien, pero pase lo que pase habrá nuevas elecciones en algún momento, que pondrán de manifiesto correlaciones de fuerzas similares o diferentes de las actuales.
Si los independentistas ganan se les volverá a pedir que gobiernen para todo el mundo, obviamente. Se les volverá a exigir que pongan la Administración catalana disponible en aquel momento al servicio de toda la sociedad catalana. Al servicio de ganadores y perdedores, y no solo de quienes les hayan votado. Cuesta imaginar, efectivamente, donde se encontrará la solución del auténtico conflicto político, el que enfrenta a una parte importante de la sociedad catalana con el Estado. ¿Cómo se puede encontrar en estas circunstancias un camino de entendimiento con el nacionalismo español?
Pero si los constitucionalistas consiguen la mayoría, también está claro lo que harán los soberanistas. Los rifirrafes que ahora tienen entre ellos subirán de nivel o no, pero no tendrán otra alternativa que mantener la actitud que observaban cuando eran minoría. Tendrán que buscar de verdad la manera «de ampliar su base».
Lo que resulta más difícil de imaginar es un escenario de fuerzas respetuosas de la legalidad española, instaladas en la Generalitat, gobernando con un programa de medidas que guste a los independentistas y que ponga fin, como dicen, a «la política de bloques».