Las cartas del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dirigidas a empresas con actividad en Israel y en las colonias en los Territorios Ocupados por Israel deberían ser apoyadas, en tanto en cuanto, responden a una preocupación en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
La realidad es que hay empresas españolas que forman parte y se lucran con la colonización que realiza Israel y los colonos en los Territorios Ocupados o sustentan la economía que fortalece a un Estado con leyes supremacistas y ocupante y colonizador.
Por otro lado, España tiene instrumentos jurídicos, que no quiere emplear, para suspender el comercio con los asentamientos ilegales.
Es un dato cierto y conocido por la administración de la existencia de empresas españolas que participan en la colonización: Así, COMSA, CAF y sus filiales CAF Signalling y autobuses Solaris, GMV, y TYPSA en las líneas de tren ligero entre el Jerusalén ocupado y las colonias próximas; OSSA empresa de construcción que ejecuta la ruta 60, un eje Norte al Sur en medio de Cisjordania, uniendo colonias; Edreams, agencia de viajes y alojamiento on line que facilita alojamientos en los asentamientos ilegales en Territorios Ocupados.
Otras empresas que facilitan la maquinaria militar israelí son los bancos españoles Santander, BBVA y La Caixa, según denunció la Campaña Banca Armada.
Se da la circunstancia que recientemente el gobierno en respuesta a la pregunta de Enrique Santiago y Teslem Andala, del grupo SUMAR, sobre la participación de INECO en proyectos en Territorio Ocupado, hace una afirmación discutible sobre su inacción ante actividades empresariales internacionales: “el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informa de que la decisión de las empresas españolas sobre la conveniencia o no de su participación en procedimientos de licitación internacionales, en las que compiten junto con empresas de otros países, corresponde a las propias empresas. El Ministerio no puede interferir en las decisiones adoptadas al respecto por las empresas.”, obviando el hecho de que la potencia ocupante, Israel, no tiene soberanía en los Territorios Ocupados, y que las empresas, como las mencionadas anteriormente, vulneran el derecho internacional, y se lucran con la ocupación y colonización ilegal.
Por otro lado, la UE que tiene competencias en comercio exterior, permite por cuestiones varias, entre ellas por causas morales, que un Estado miembro suspenda el comercio con un territorio o bienes determinados. Diferentes asociaciones y los partidos SUMAR y PODEMOS se han dirigido al gobierno para que proceda a la suspensión de relaciones con Israel y, en concreto, a la suspensión de comercio con los asentamientos ilegales.