-M.H.: En comunicación con el economista e historiador colombiano, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de ese país, Renán Vega Cantor. En 2012 compartimos este espacio radial de «Metrópolis» durante medio año y hace tiempo que quería hablar contigo por la situación colombiana, pero quiero comenzar por una cuestión más coyuntural que fueron las elecciones […]
-M.H.: En comunicación con el economista e historiador colombiano, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de ese país, Renán Vega Cantor. En 2012 compartimos este espacio radial de «Metrópolis» durante medio año y hace tiempo que quería hablar contigo por la situación colombiana, pero quiero comenzar por una cuestión más coyuntural que fueron las elecciones a alcaldes en tu país, a fines del mes de septiembre, en las cuales se produjo un hecho que fue muy comentado por la prensa, la derrota de la izquierda en Bogotá luego de haber gobernado esa ciudad durante 12 años.
-R.V.C.: Las últimas elecciones para alcaldes y gobernadores dieron un resultado general, que podemos llamar de manera global de centro derecha. Entre los resultados más significativos está la derrota de la candidatura del Polo Democrático encarnada en Clara López, luego de 12 años en que sucesivos gobiernos llamados de izquierda, controlaron la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Creo que los motivos fundamentales fueron los errores que se cometieron, el gobierno anterior al de Petro que fue terriblemente corrupto, y el del propio Petro tampoco se caracterizó por ser muy de avanzada por decirlo de alguna manera. Era un poco previsible que esto pudiera pasar.
-M.H.: Eso con respecto a la izquierda. ¿Cuál fue la fuerza favorecida en estas elecciones de alcaldes que son como nuestros intendentes municipales?
-R.V.C.: La fuerza ganadora es un partido tradicional que es Cambio Radical, cuyo personaje principal es el actual vicepresidente de la República, el cual tomó pista para la campaña presidencial en la que seguramente va a ser candidato.
En la mayor parte del país ganaron candidatos del Cambio Radical, el partido liberal, el otro hecho significativo de estas elecciones es lo que podemos considerar la derrota estruendosa de las fuerzas del Centro Democrático, que incluso en su fortín electoral de Antioquia y Medellín fue derrotado. Aunque sacó más o menos un millón cien mil votos, no se compara con los resultados electorales que consiguió en la última ocasión en 2006 con 8 millones de votos.
Además, Uribe cuenta con todo un aparato mediático prácticamente gratuito, está todos los días en los medios de comunicación; entonces se trata de una derrota significativa de esta fuerza de extrema derecha. Aunque los ganadores son políticos que han ido desplazándose hacia fuerzas que giran en torno a Juan Manuel Santos, entonces no es que haya habido una renovación política en el país.
-M.H.: Me gustaría que actualizaras la marcha de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC en la Habana, ya que a fines de septiembre se firmó el acuerdo sobre justicia transicional y víctimas. ¿Cuál es tu visión sobre esto que toma como base la llamada «justicia restaurativa»?
-R.V.G.: En efecto a nivel mundial tuvo un impacto significativo lo que aconteció en la ciudad de La Habana cuando se presentó públicamente un estrechón de manos entre Juan Manuel Santos como presidente del Estado Colombiano y Timoteo Jiménez, alias Timochenko, el jefe máximo de las FARC, con la mediación del Presidente de Cuba, Raúl Castro. Tuvo tanto alcance porque significó un vuelco en el proceso de negociación que estaba estancado hasta el momento e incluso se hablaba de una ruptura inmediata.
El punto que había estancado las conversaciones era precisamente el relativo a la justicia. Hay un trasfondo que no aparece en las noticias que tiene que ver con el hecho de que hay una campaña mediática diaria y cotidiana desde que se iniciaron los diálogos, por parte de los medios de comunicación en Colombia tanto de televisión como de prensa escrita, que trabaja con la idea de que este proceso de paz donde están discutiendo dos partes, sin que ninguna esté derrotada militarmente, sino que es una negociación entre pares, se plantea como la entrega incondicional de la insurgencia y la aceptación de la cárcel.
Se sigue pidiendo que los máximos dirigentes de las FARC paguen con cárcel el hecho de haberse rebelado. Este es un hecho que trabó el proceso durante mucho tiempo, hasta que lo llevó a la crisis, entonces se creó una comisión entre las dos partes que finalmente llegó a un acuerdo que tiene 75 puntos, que no se ha dado a conocer en su totalidad por el gobierno, mientras las fuerzas de la insurgencia han dicho que es necesario que se conozca en su totalidad. Se ha dado a conocer un comunicado y manifestaciones de las partes con relación a lo que allí se acordó. Lo que se puede decir que se establece son procesos de justicia restaurativa, distinto de la justicia punitiva que es lo que querían importantes medios de comunicación en Colombia.
De las pocas cosas que se conocen del acuerdo, quedó claro que habrá un tribunal de tribunales donde se va a juntar no solo a miembros de la insurgencia sino a miembros del Estado colombiano involucrados en crímenes de lesa humanidad y en cuestiones relacionadas con el conflicto armado.
Hay otro hecho que no se conoce, que es que importantes gremios de las clases dominantes se reunieron hace 15 días y manifestaron su inconformidad con esa decisión, porque recordemos que gran parte de estos sectores, industriales, terratenientes, ganaderos, han sido los patrocinadores de los grupos paramilitares de los últimos 30 años. Lo que queda claro es que los grupos paramilitares no se formaron por sí solos, sino que fueron influenciados por grandes empresarios tanto nacionales como internacionales. Entonces, existe la posibilidad de que se junte a empresarios y capitalistas para que confiesen sus crímenes.
Hay otra serie de disposiciones, como que las personas que hayan cometido delitos en el desarrollo del conflicto, confiesen la verdad de cara a las víctimas y con eso tendrían una pena muy mínima en algunos casos, pero no en todos. Eso es lo que se conoce de ese acuerdo, pero estamos esperando que se dé a conocer la totalidad de los puntos que allí se plantearon.
También se daba por sentado que este debate ya estaba concluido y al otro día los delegados del gobierno dijeron que había cosas que no estaban cerradas, lo cual generó la disconformidad de las partes porque les pareció un gol olímpico que les metían luego del show mediático que se había dado con la llegada de Santos.
-M.H.: ¿Algún otro aspecto de la política actual colombiana que te interese destacar?
-R.V.C.: Hay un hecho coyuntural que me parece importante destacar porque tiene que ver con lo que se está debatiendo. Se acaban de conmemorar 30 años de la masacre del Palacio de Justicia, un hecho terrible que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, una masacre cuyo principal responsable fueron las Fuerzas Armadas que le dieron un golpe de Estado al Presidente de la época y significó la muerte de más de 100 colombianos incluyendo a guerrilleros de un comando del M19, representantes de las altas cortes del país, personal civil que se encontraba en el Palacio y fueron desaparecidas una docena de personas que hasta el momento casi todas siguen desaparecidas 30 años después.
El hecho significativo es que en noviembre del año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por tales crímenes relacionados con la toma del ejército, entre ellos la desaparición forzada, torturas y asesinato fuera de combate de un Magistrado.
El viernes anterior a conmemorarse los 30 años, Santos realizó una ceremonia para cumplir la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este hecho es significativo porque al Estado le ha tocado ofrecer este gesto a las victimas contradiciéndose, ya que años antes había dicho que no iban a hacer algo parecido.
Paralelamente, el fiscal general de la nación ha pedido que se examinen los procesos de amnistía que se concedieron en 1990. Veinticinco años después van a revisar a ver si los dirigentes del M19 están involucrados en crímenes de lesa humanidad relacionados con el Palacio de Justicia. Esto es significativo porque es un mal precedente para los posibles acuerdos de La Habana. Si se llegaran a llevar adelante esos procesos, significaría que el Estado colombiano, ni en sus más altas instancias respeta los acuerdos y las decisiones tomadas.
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