La Sala Especial del Tribunal Supremo de España acaba de darle un portazo al partido de izquierda independentista vasco, SORTU, que había solicitado su legalización ante ese órgano supremo judicial del estado español. Aunque la decisión no fue unánime, lo cierto es que los izquierdistas vizcaínos no lograron, por el momento, que fueran reconocidos legalmente […]
La Sala Especial del Tribunal Supremo de España acaba de darle un portazo al partido de izquierda independentista vasco, SORTU, que había solicitado su legalización ante ese órgano supremo judicial del estado español. Aunque la decisión no fue unánime, lo cierto es que los izquierdistas vizcaínos no lograron, por el momento, que fueran reconocidos legalmente por el estado español como una fuerza política más de las tantas que existen en aquel país. Ahora, solo les queda un recurso y es llevar su petición ante el Tribunal Constitucional y ver si allí tienen mejor suerte. La decisión de este Tribunal Constitucional podría durar meses en darse a conocer.
El Tribunal Supremo, para no legalizar la organización política, alegó que esta no era más que una continuación del antiguo partido independentista Batasuna, el cual fue ilegalizado en el 2003 por decisión del mismo Tribunal Supremo que ahora impide la legalización de SORTU. Para ilegalizar a Batasuna, los 16 magistrados del Supremo alegaron que esa organización política no era más que un frente político del Movimiento Independentista Vasco conocido por ETA. Ahora, por decisión dividida, la mayoría consideró que Sortu era lo mismo que Batasuna, aunque en sus estatutos fundacionales, estos por escrito, se separan tanto de ETA como de Batasuna, rechazando cualquier método violento de lucha y condenando cualquier acto terrorista.
Tengo ante mí los Estatutos del Partido Político Sortu en el cual, en uno de sus acápites, afirma textualmente: «Por eso, mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales: A la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular la de la organización ETA. A la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, la justicia y reconciliación de la sociedad Vasca. Al reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas». Más claro, ni el agua. Si esta organización declara públicamente que está en contra del terrorismo y de la violencia, y que su meta es ser un partido más de los tantos que existen en España, ¿por qué el Tribunal Supremo Español no lo legaliza como manda la constitución de aquel país? ¿Por qué si estos vascos no están prometiendo cambiar la sociedad y sus instituciones ni eliminar el sistema político, económico y social de España, tan alto Tribunal no les permite legalizarse y participar en las elecciones como cualquier otra organización política? ¿Por qué los dirigentes españoles, que se llenan la boca y se engolan para hablar de democracia, actúan tan antidemocráticamente? ¿No le exigen, constantemente, esos mismos dirigentes al gobierno de Cuba que reconozca partidos de cuatro gatos, algunos de ellos de un solo gato, que se legalicen mini partidos que sí proclaman abiertamente que quieren virar la sociedad cubana de arriba para abajo y que quieren derrocar el gobierno actual de Cuba? Todo no es más que una actitud hipócrita de parte de los grandes voceros de la democracia representativa que, de democracia, tiene solo el hacer elecciones cada cierto periodo de tiempo para que sean elegidos todos los que piensan igual. Nada de cambiar sistemas injustos, nada de alterar el status quo.
Cuando salen las grandes manifestaciones de ciudadanos a protestar en esas famosas democracias occidentales, atrás viene la policía a repartir palos, los políticos a callarse la boca, y los periódicos a dar una pequeña reseña de las palizas.
El Código Penal español castiga con una pena de 4 a 8 años a quienes «mantuvieran relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros con el fin de perjudicar la autoridad del Estado», y a penas de entre 10 a 15 años a quienes «se alcen violenta y públicamente con fines como derogar o modificar la Constitución, o destituir o suprimir facultades del Rey». Nada de eso es aplicable a los del partido político Sortu, sin embargo, el Tribunal Supremo se opone a su legalización y los que tanto hablan de libertades y democracia se quedan callados la boca y no protestan por esta arbitrariedad o apoyan públicamente la decisión. Es decir que, hay que demonizar a gobiernos extranjeros porque no hacen lo que ellos piden, mientras hacen en su territorio exactamente lo contrario de lo que le exigen a otros. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, es su himno de batalla.
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