Hepatitis C: No son muertes, son crímenes de Estado

La austeridad homicida que ejecuta este sádico Gobierno tiene múltiples manifestaciones. Vamos a abordar aquí una de las más recientes, crueles e inhumanas. De los 7.000 pacientes de Hepatitis C que aproximadamente necesitan el medicamento de nombre comercial «SOVALDI» para poder sobrevivir, los Presupuestos garantizan que únicamente lo recibirán unos 1.200 pacientes. El resto será abandonado a su suerte, probablemente morirán en un período más o menos breve de tiempo. De hecho, ya han muerto varias personas durante los últimos meses, víctimas de este abondono oficial por parte del Ministerio de Sanidad, lo cual ha provocado que su Plataforma de Afectados realice un encierro indefinido a las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Al momento de escribir este artículo, la Dirección General de Farmacia ha confirmado que se administrará este fármaco a todos los pacientes críticos que lo necesiten, pero como decimos, las cifras realmente cubiertas van a ser irrisorias.

Y no estamos hablando de un brote virulento de una cruel enfermedad epidémica incontrolable, ni siquiera de una enfermedad mortal para la cual no exista medicamento curativo. No. La enfermedad es conocida, el tratamiento existe, su éxito en la curación es certero, el único problema es el presupuesto público para sufragarlo y expedirlo para todos los pacientes que lo necesiten. Pero claro, eso lo haría un Gobierno socialmente responsable, éticamente impecable, y humanamente justo. Un Gobierno al que le importaran las personas. Evidentemente, nuestro actual Gobierno del PP está muy alejado de dichos parámetros. Porque lo cierto es que muy ruín y despreciable tiene que ser un Gobierno para que sea capaz de sacrificar vidas humanas en pro del supuesto saneamiento de sus cuentas públicas. Es el más fiel exponente y ejemplo de cuando un Gobierno se convierte y trabaja como una empresa privada, en vez de estar al servicio de su sociedad.

Tanto que a este Gobierno le gusta comparar la gestión de las Administraciones Públicas con las de una familia, esto es como si unos padres renunciaran a salvar la vida de su hijo o hija que padece una enfermedad, porque tienen que saldar su cuenta con la comunidad de vecinos. Absolutamente miserable. Una conducta cruel y abyecta, demostrativa, una vez más, de que estamos gobernados por gente que desprecia absolutamente a la ciudadanía. Porque lo que un Gobierno responsable haría, si es que quiere priorizar el derecho a la salud, es enfrentarse con las grandes empresas farmacéuticas, para conseguir por 300 euros lo que dichas empresas quieren ofrecer por 80.000 (son cifras imaginarias). En todo caso, no es posible que una cuestión tan básica como la salud y la investigación necesaria para la creación de medicamentos se encuentre en manos de empresas privadas, que únicamente pretenden asaltar las Administraciones Públicas para enriquecerse. Hoy día, la investigación farmacéutica se encuentra absolutamente privatizada, las empresas privadas son las que investigan y monopolizan el conocimiento creado mediante patentes comerciales, y posteriormente roban al erario público y a la sociedad en general, sabiendo que necesitan de sus medicamentos.

Llegados por tanto a esta situación, se hace más necesaria que nunca la nacionalización de los grandes sectores estratégicos de nuestra economía productiva, para que pasen al control público las grandes empresas que monopolizan la investigación, el conocimiento y la comercialización de sus productos, cuando estos productos resultan básicos para la sociedad a la que deben servir. Por un lado, el ámbito público debiera fomentar un sector de Investigación y Desarrollo (I+D+i) que se ponga realmente al servicio de la sociedad, porque ¿cuántos investigadores e investigadoras podríamos financiar todos los años con el dinero con el que el Estado adquiere ciertos medicamentos? Ese conocimiento podríamos utilizarlo para fomentar una industria farmacéutica pública, que ayude realmente a curar enfermedades, y no a enriquecer a algunas empresas a costa de nuestra salud. Los criterios que deben guiar esta labor son los de rentabilidad social, no los del lucro particular y privado. Y todo ello tiene que ver también, como hemos dicho, con el rechazo y la indiferencia social que nuestro desalmado Gobierno practica con nuestro sector de Investigación y Desarrollo, especialmente con el mundo de los jóvenes investigadores, que se ven obligados a emigrar a terceros países donde reconocerán su valía profesional, porque en su país, tristemente, sólo se ven abocados al paro o a la precariedad. Mientras todo ello no se aborde con un mínimo de sensibilidad social, continuarán muriendo dependientes y pacientes crónicos en nuestro país.

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