Cuando un gobierno de derecha neoliberal utiliza el vocablo “populista” para atacar a sus opositores sabemos perfectamente de qué está hablando y de qué se trata. En un contexto histórico dónde el riesgo de polarización social se ha transformado en amenaza política real para los intereses estratégicos de la oligarquía dominante, y cuando los diversos análisis señalan que el responsable actual y directo de la situación de ingobernabilidad que está a la vuelta de la esquina es el Gobierno de Sebastián Piñera, el conflicto verbal entre las partes es la manera de ocultar el conflicto real.
No olvidemos que en Chile gobierna la extrema derecha del consenso neoliberal, pero que éste va desde la derecha ultra hasta sectores de la reciente alianza “progresista” que gobernó Chile, es decir la Nueva Mayoría. Y que el Chile que hay que cambiar para vivir en un país bueno y adaptado a los desafíos de los tiempos presentes es el de las viejas instituciones que fueron modeladas por ese acuerdo histórico espurio llamado “la transición”. Pacto que fue fraguado entre las fuerzas concertacionistas de la época y las herederas del pinochetismo en sus diversas variantes, y con el único fin de preservar los “pilares del modelo”. En este diseño político, es imposible obviar esta realidad, las direcciones sindicales han mantenido una suerte de “paz social” congruente con los intereses de los grandes poderes económicos.
Bien sabemos que el esquema de “pacificación” social a sangre y fuego fue coronado por una Constitución del 80 neoliberal e impuesta de manera anti democrática para proteger el orden económico injusto fraguado por los Chicago boys. La tarea sucia la hizo Pinochet. De allí, de esas antiguas correlaciones de fuerzas entre “interlocutores legítimos”, en la que el pueblo estuvo ausente y pasmado, vienen ese vestigio de la dictadura que es el régimen político de “hiperpresidencialismo”, las leyes laborales antisindicales y patronales, las AFP (*), la desigualdad social, económica y también política. Pero los tiempos cambian. Desde el 18/O las correlaciones entre las fuerzas políticas tienden a redefinirse. El actor popular pesa en ellas pues se rebeló y clamó dignidad en la práctica ante tanta mentira organizada.
Ese es el Nudo Gordiano que hay que cortar. Porque quienes gozan del poder de tratarse bien entre ellos e imponer leyes consensuadas son esas castas privilegiadas de un pasado que pesa. En definitiva, son éstas las responsables del descalabro sanitario y de penuria general. Y desde una mirada histórica retrospectiva global, también de la represión brutal del pueblo ciudadano cuando éste entró en estado de rebelión el 18/O.
¿Cómo olvidar que desde mediados de los 90 fueron los sectores populares con sus luchas y movilizaciones por fuera del sistema los que impusieron en la escena política la prioridad de lo público y social, por sobre lo privado y el Capital?
Y como ya es la norma, ahora, la crema y nata del núcleo de la vieja elite concertacionista ampliada intentará acarrear agua para su molino ante la crisis que anida el régimen político. Es muy posible que cuenten con esas fuerzas que han revelado su ser profundo: ser prótesis ortopédicas para el sistema al momento de lograr acuerdos anti democráticos y votar leyes criminalizadoras contra el movimiento social. La táctica que bosquejan es proponer la solución del “régimen parlamentario” para copar con discursos el escenario futuro. De manera de canalizar el descontento y la energía popular hacia una solución cocinada en la casta política y ofrecida como panacea al pueblo.
Así quieren escamotear las verdaderas tareas prioritarias en tiempos de pandemia y crisis económica global y nacional. Pues hoy se trata de resolver las reivindicaciones populares urgentes y al mismo tiempo darle a Chile verdaderas instituciones políticas adaptadas a los desafíos de los tiempos presentes y futuros salidas de la voluntad popular, pero ejercida como Poder Constituyente democrático y abierto a los posibles.
La historicidad de Chile está a flor de piel y fluye
Las fuerzas opositoras parlamentarias, cuando eran poder ejecutivo, fueron tan presidencialistas o más que la derecha; también utilizaron negativamente ese poder para impedir los cambios constitucionales necesarios y para reforzar a su pinta el consenso neoliberal. Hoy, los políticos de la casta quieren limitar el debate al “presidencialismo” (sería la fuente de todos los males) versus el “parlamentarismo” (modelo imitativo de otras democracias también en crisis de representación que sería depositario de todas las virtudes). Sería la solución para ellos.
Para que estas movidas de entretención sean posibles, los oposicionistas (ex Concertas, NM y Frente Amplio) quieren pasar por alto un hecho notable en la política del enfrentamiento entre las clases sociales. No quieren sacar las conclusiones de un dato de relevancia histórica: fue toda la oligarquía empresarial la que se cuadró con Piñera para defender a las AFP, y contra el retiro del 10% en momentos en que medios electrónicos declaraban al Presidente inapto por razones de “dolencia mental” para gobernar. (Lea aquí el editorial de elmostrador.cl).
Lo mismo hizo el gran poder económico oligárquico al blindar antes a Piñera. Fue cuando el primus inter pares decidió declararle la guerra a su propio pueblo. Justo antes de que se lo entregara en bandeja al virus…
Fue esta poderosa oligarquía empresarial la que movió los hilos para el cambio de gabinete y llamó a Desbordes a que se pusiera definitivamente del lado de la demanda de Orden y dejara de bailar en la cuerda floja. El que fuera el comodín de las oposiciones para justificar alianzas con las fuerzas de derecha “humanistas” se les fue, y los dejó colgados. Al mismo tiempo que Evópoli quedó al desnudo y sin el ropaje liberal y valórico, casi “progre”. Blumel se puso sin problemas el de bruto represor. Y Briones el de neoliberal conservador de la vieille école.
El “hiperpresidencialismo” como maniobra ideológica
El documento publicitado en El Mercurio el 13 de julio pasado,cuyo objetivo no declarado era blindar a Piñera y a su Gobierno, atestigua del hecho: fue firmado por la flor y nata de la gran burguesía oligárquica para defender el pilar AFP del modelo, pero de alcance mayor. Fueron el presidente de la CPC, Juan Sutil, junto con Ricardo Ariztía (SNA), Manuel Melero (CNC), Diego Hernández (Sonami), Bernardo Larraín (Sofofa), Patricio Donoso (CChC), José Manuel Mena (ABIF), Peter Hill (CCS), Joaquín Villarino (Consejo Minero), Rafael Cumsille (Confederación de Nacional del Comercio Detallista) y Juan Pablo Swett (MNE), y otros más.
De ahí que Nicolás Eyzaguirre, el ex de Hacienda de Bachelet y ex funcionario del FMI, junto a otros apunten al “hiperpresidencialismo” como factor de crisis, y no al orden económico neoliberal y a los dueños del poder y la riqueza como responsables de la situación social de precariedad y carencias del pueblo de Chile. Así evitan enfrentarse con la clase social propietaria de las riquezas a la que sirven.
Si en la Constitución existiera el mecanismo de plebiscito revocatorio del presidente (de iniciativa ciudadana), y también del personal parlamentario, ya se habría resuelto el problema. Pero nunca lo han querido plantear. Porque a la casta política en su conjunto no le conviene. Y si hubiera mecanismos plebiscitarios ciudadanos y democráticos para nacionalizar empresas y bienes comunes privatizados (como el agua) en situaciones catastróficas, lo mismo.
Si el proceso constituyente es una oportunidad para avanzar en el cambio del régimen político y del sistema de propiedad es a condición que sectores organizados del pueblo: los trabajadores, los movimientos sociales de mujeres; ecologistas, estudiantiles, pobladores, pueblo mapuche, deudores del CAE y de otros servicios públicos asuman ser poder constituyente e impongan una Asamblea Constituyente Soberana (y no el remedo cocinado el 15 de noviembre pasado con “convención constitucional” ¡donde la derecha neoliberal obstaculizará la redacción de una constitución democrática y popular con el poder de veto de 1/3 de los votos que les hicieron los oposicionistas del congreso!). (Lea aquí entrevista al historiador Felipe Portales).
Un proceso constituyente liderado por un verdadero poder constituyente popular y movilizador del pueblo opositor, sin sectarismos, puede ser portador de las demandas de estos años — ya expuestas claramente durante la Rebelión Social del 18/O — es la condición sine qua non que podría abrir paso a un proceso de ruptura con la actual institucionalidad y el orden económico del capital explotador y depredador. Para construir una nueva institucionalidad democrática con bienes comunes y públicos universales, sin AFP, de acceso igualitario, ecológica y sin poderes supra políticos de facto, como el de la Oligarquía que truena y reina porque tiene a quien gobierna.
(*) Lea aquí los nombres de concertacionistas y de las derechas al servicio de las AFP.