La localidad de Burlata fue el sábado escenario de una histórica asamblea de ayuntamientos y concejos navarros en defensa de su patrimonio. nada menos que 186 alcaldes y concejales, procedentes de 116 municipios, se reunieron para defender unidos las iglesias, ermitas y otros bienes históricos, artísticos y culturales apropiados por la iglesia católica. La Federación […]
La localidad de Burlata fue el sábado escenario de una histórica asamblea de ayuntamientos y concejos navarros en defensa de su patrimonio. nada menos que 186 alcaldes y concejales, procedentes de 116 municipios, se reunieron para defender unidos las iglesias, ermitas y otros bienes históricos, artísticos y culturales apropiados por la iglesia católica.
La Federación Navarra de Municipios y Concejos, controlada por UPN y PSN, había convocado una reunión para el sábado a las 10 de la mañana. Es decir, el mismo día y la misma hora que estaba convocada, dos semanas antes, la asamblea de alcaldes y concejales para unir fuerzas en defensa de su patrimonio público frente al afán privatizador del Arzobispado. Aun así, a las 10 de la mañana de ayer se reunieron en la Casa de Cultura de Burlata un total de 186 cargos electos, procedentes de 116 municipios navarros. Fue un encuentro histórico, ya que en las últimas décadas pocas veces se habían reunido tantos alcaldes y concejales en asamblea, al margen de la FNMC, para abordar un asunto que viene siendo motivo de creciente preocupación en los pueblos navarros.
Este asunto es la privatización de bienes públicos por parte de la Iglesia católica, privatización que, en último término, deja una inmenso patrimonio histórico y monumental de Nafarroa en manos del Estado Vaticano.
El alcalde de Uharte, Javier Bazterra (EA), fue el encargado de dar comienzo a la asamblea recordando la «obligación ética y legal» que tienen los ayuntamientos y concejos de «defender y rescatar» los bienes públicos frente a quienes los están privatizando.
A continuación, la abogada Isabel Urzainki explicó los aspectos legales. Así, recordó que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria concede a los ayuntamientos y concejos la potestad de inscribir estos bienes públicos. «Es una oportunidad que no hay que desaprovechar», dijo, por lo que animó a acudir al Registro de la Propiedad.
Sin embargo, en la mayoría de los pueblos el Arzobispado ya se ha apropiado «a la chita callando» de estos bienes. En estos casos, los municipios pueden reclamarlos antes de que transcurran dos años desde su inscripción. Si la Iglesia ya ha vendido esos bienes a terceros, es casi imposible su recuperación. Si no los ha vendido, se pueden reclamar mediante pleitos judiciales. «Pero para eso hace falta presentar pruebas», añadió Isabel Urzainki, pruebas que se encuentran de forma abundante en los archivos municipales y que numerosos municipios ya están desempolvando.
En lo que se refiere a los bienes muebles que se encuentran dentro de estos templos (retablos, cuadros, campanas, ornamentos…), esta abogada expuso que, según el artículo 449 del Código Civil, también pasan a ser propiedad de quien ha registrado el inmueble. En principio, la ley presume que va todo en el mismo paquete, «pero se puede instar a su recuperación si se aportan pruebas», insistió Isabel Urzainki.
La jerarquía eclesiástica
Uno de los aspectos más debatidos en esta cuestión es la personalidad jurídica de los bienes privatizados por la Diócesis, es decir, quién tiene la capacidad de disponer sobre los mismos. Esta abogada lo dejó ayer bien claro: según el pacto entre el Estado español y la Santa Sede suscrito en enero de 1979, la Iglesia católica adquiere los bienes a través de las diócesis, pero las parroquias «no tienen autonomía propia» para disponer de ellos, a pesar de que el Arzobispado argumente que pertenecen a las mismas para tratar de evitar el resquemor de los fieles.
«En este asunto rige la jerarquía eclesiástica. Es decir, el Papa es el supremo administrador de los bienes de la Iglesia católica», resumió esta abogada.
Tras indicar que los propios vecinos pueden iniciar pleitos para reclamar los bienes públicos privatizados, si el respectivo ayuntamiento no lo hace, Urzainki recordó que la ley que posibilita la privatización de templos en favor de las diócesis procede de la época franquista, «cuando el Estado tenía confesionalidad católica», y pidió su derogación por entender que en la actualidad esta norma es «inconstitucional».
Los aplausos que recibió por parte de los asistentes dejaron paso a José Mari Esparza, quien abordó la cuestión desde un punto de vista histórico. «El Arzobispado nos dice que las iglesias eran de la Iglesia antes de que existieran los ayuntamientos. Eso es mentira -respondió Esparza de forma tajante-. Siempre hubo un pueblo que decidió levantar y mantener una iglesia o una ermita. Y hubo un batzarre, un concejo o un regimiento, o más tarde un ayuntamiento, que administró esa decisión. La iglesia hacía de ayuntamiento, y allí se elegían los alcaldes, regidores y oficios. Se convocaba el batzarre vecinal, se enterraba a los muertos, se defendían en las guerras, se usaba de escuela y se informaba al pueblo desde el campanario. Como diríamos ahora -agregó-, la iglesia era el único espacio dotacional de los pueblos, para lo religioso, lo político, lo militar y lo cultural».
Frente al argumento del Arzobispado de que «son de la Iglesia desde tiempo inmemorial», el historiador tafallés informó de que «todos nuestros archivos municipales están repletos de acuerdos de obras y de facturas para pagar desde el badajo de la campana al último ladrillo».
«¿Puede la Diócesis presentar facturas similares?, ¿puede mostrar un solo acuerdo municipal en el que diga que ese patrimonio se lo entregaba el pueblo en propiedad a la Iglesia de Roma? -preguntó Esparza-. Si construir, amueblar, contratar el personal y administrar hasta el último detalle del edificio no indica propiedad, que nos digan entonces qué títulos mejores puede presentar la Diócesis».
Después de recordar que «sea uno creyente o no, el auzalan para arreglar la ermita o la iglesia todavía es obligatorio en muchos pueblos, si se quiere acceder al lote de leña», este historiador constató que «de la misma forma se construían las escuelas, los lavaderos, los frontones o los caminos comunales, sin que a los maestros, lavanderas, pelotaris o labradores que los usaban se les ocurriera nunca inscribirlos a su nombre en el Registro de la Propiedad».
Esparza también afirmó que «cuesta mucho creer que esta privatización no se haya hecho con fines lucrativos», y añadió: «Hoy en día los navarros seguimos gastando cientos de millones en el mantenimiento de estos bienes públicos. Que ahora el Vaticano, que jamás puso un sillar, sea el último propietario, es un sarcasmo».
Un fuerte aplauso cerró la intervención de José Mari Esparza, quien insistió en que esta privatización es un «escándalo y no lo vamos a permitir».
El ex sacerdote Pedro Leoz, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, aportó una lectura de estas privatizaciones desde un punto de vista más religioso.
Tras un breve repaso histórico sobre la expansión del cristianismo gracias a la declaración de religión oficial en el imperio romano, constató que en la actualidad «hay católicos que se sienten humillados y defraudados por la expropiación de estos templos, porque los ha construido el pueblo y son del pueblo», y se preguntó «qué ocurriría si los árabes quisieran escriturar la Mezquita de Córdoba porque fue de ellos y la construyeron ellos».
Leoz leyó varias citas del Evangelio para criticar la actitud de la jerarquía católica (la referente a la «cueva de ladrones» fue una de ellas) y recordó que el Arzobispado ha vendido en Nafarroa iglesias y ermitas, «pero no ha informado a qué ha destinado esos fondos».
«El Arzobispado no tiene ningún documento para probar la propiedad de estos bienes. En cambio, los archivos municipales están repletos de datos que demuestran que los costearon nuestros mayores. La Iglesia nunca ha tenido ninguna fuente de producción propia», concluyó este veterano ex sacerdote en medio de una prolongada ovación de los alcaldes y concejales asistentes a la asamblea.
La representante de Etxauri leyó a continuación la lista de los casi 30 ayuntamientos que se han adherido de momento a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, tras lo cual se abrió un turno de intervenciones de los cargos electos para informar de actuaciones realizadas en sus respectivos ayuntamientos o recabar información sobre los procedimientos a seguir en la recuperación de los bienes públicos.
Tras casi dos horas y media de duración, fueron elegidos los representantes municipales que se encargarán de llevar al Parlamento de Nafarroa una propuesta para que defienda los bienes públicos patrimoniales frente al afán privatizador de la Iglesia católica, así como para reclamar la devolución de estos bienes incluso por la vía judicial, «si fuese necesario».
Por su parte, la Plataforma seguirá su labor de concienciación y de recopilación de datos, con el objetivo de editar un libro y material audiovisual sobre la importancia de preservar el inmenso legado patrimonial público de Nafarroa. A la asamblea de ayer también asistió una representación de Nabarralde y personas a título individual.
Un botón de muestra
Desde que José Mari Esparza sacase a la luz esta operación privatizadora de la jerarquía eclesiástica, están siendo decenas y decenas los ayuntamientos y concejos navarros que han decidido escarbar en sus archivos en busca de datos que corroboren la propiedad municipal de estos bienes. Uno de ellos ha sido Auritz, cuyo templo parroquial fue inscrito el 30 de abril de 2003 en el Registro de la Propiedad de Agoitz por parte de la Diócesis de Iruñea.
El desempolvo de los archivos municipales ha permitido saber que en 1858 el Ayuntamiento se vio obligado a vender tierras comunales para construir esta parroquia, y en años sucesivos, hasta la actualidad, ha pagado retablos, campanas, seguros, obras, saneamiento, decoración, mantenimiento, reloj, campana, ornamentos, etc. Por todo ello, ha decidido iniciar procedimientos legales para recuperar este templo.