A siete años de la muerte de 14 migrantes en la playa del Tarajal por la acción de la Guardia Civil, la VIII Marcha de la Dignidad se extiende más allá de la frontera ceutí.
Tras siete años de impunidad, la VIII Marcha por la Dignidad de las víctimas de Tarajal recorrerá más kilómetros que nunca. Ante los confinamientos perimetrales por el covid-19, la manifestación hacia la playa ceutí se reproducirá en otras 32 ciudades del Estado, en Alemania y Senegal, para extender el reclamo de “memoria, vida y derechos frente a las políticas de muerte”.
Pocas veces como en los sucesos ocurridos en la madrugada del 6 de febrero de 2014 se evidenció tanto la necropolítica de las fronteras. La Guardia Civil repelió con material antidisturbios a un reducido grupo de personas migrantes que rodeaban por el agua el espigón limítrofe con Marruecos de la playa del Tarajal. El arsenal utilizado comprendió 355 salvas de fogueo, 155 pelotas de goma y cinco botes de humo.
Las consecuencias de la actuación policial hablan por sí mismas: 14 personas muertas, 1 desaparecida y 23 devoluciones ilegales a suelo marroquí. Otros lograron entrar, pero les sigue atormentando el estrés postraumático de una noche en la que perdieron amigos y sintieron peligrar su vida.
Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise, son los nombres de 13 de aquellos jóvenes que se atrevieron a buscar un futuro mejor. En el intento se encontraron con un Estado que desde hace décadas prefiere gastar millones de euros en control fronterizo en detrimento de los recursos para salvamento marítimo o para la apertura de vías seguras.
Según el monitoreo que realiza el colectivo Caminando Fronteras, en 2020 fueron 2.170 las personas que murieron en su intento de llegar a España por vía marítima y de ellas, apenas se rescataron 88 cuerpos, los demás siguen desaparecidos. La paradoja de una Europa fortaleza que tiene todos los recursos para salvar vidas y, sin embargo, es la frontera más mortífera del mundo.
Lo sucedido aquella noche en Tarajal no fue el episodio con mayor cantidad de víctimas, ni el primero ni el último ocurrido en la frontera sur española. En los espacios limítrofes la impunidad es directamente proporcional a la dificultad por demostrar las ilegalidades cometidas por los Estados. Ceuta y Melilla no son la excepción.
La ecuación se repite con peligrosa asiduidad. Las víctimas —en CIE o en frontera— se invisibilizan en entierros rápidos y tumbas anónimas. Los testigos son expulsados o, como en el caso de Tarajal, devueltos sin respeto a la legalidad y sometidos a prácticas de dispersión. Donde nadie vio nada, no hay hechos punibles.
En Tarajal, sin embargo, hubo cámaras que registraron lo sucedido, el mundo se conmovió con el nado desesperado de aquellas sombras asomando entre el humo, asustadas por el ruido y el fuego de los disparos. Los hechos obligaron al Ministerio de Interior a crear su propio relato. En un comienzo filtró a la prensa una sucesión de imágenes previamente editadas a su propia conveniencia y rechazó el uso evidente del material antidisturbios.
Para la cartera que en aquel entonces presidía Jorge Fernández Díaz (PP), las víctimas eran violentas y se habían ahogado en el intento de ingresar ilegalmente al país. Incluso el ministro relativizó las devoluciones argumentando que, ante la imposibilidad de determinarlo en el agua, el límite territorial lo marcaba el cordón policial formado sobre la playa.
Los cuerpos de nueve de las víctimas terminaron sobre las arenas de Marruecos. Fueron identificados, enterrados e informadas las familias mediante el consulado de Camerún. Incluso uno de ellos fue repatriado y ya descansa en su país.
Los cinco cadáveres que en los días siguientes el agua arrastró a las playas españolas, en 48 horas fueron enterrados en el cementerio Santa Catalina de Ceuta y siete años después siguen sin identificar. Se saben sus nombres gracias a la valentía de sus compañeros de viaje que brindaron testimonio y al esfuerzo de organizaciones sociales. España no ha tenido gestos a favor de la búsqueda de justicia y respeto a la memoria.
“Gracias al compromiso de las familias y a la tarea de Caminando Fronteras hemos puesto nombre a las víctimas del Tarajal, pero todavía no hemos sido capaz de poner la lápida en su sepultura. Hacer justicia y vencer la impunidad es que nadie tenga que migrar, que si migra no sea disparado en la frontera, que si es disparado en la frontera, no muera, y que si muere su familia pueda enterrar su cuerpo y llorar su memoria. Y esto no hemos sido capaces de hacerlo en Tarajal”, afirmó Patricia Fernández Vicens, una de las abogadas que intervienen en la causa, en una mesa redonda tuvo lugar este 4 de febrero.
La causa judicial ha sido archivada por tercera vez y su reapertura depende de un recurso de casación presentado por las acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia. “Esta resolución consagra una verdad formal, dice lo que ha ocurrido, aunque no coincida con la verdad material, con lo que ha acontecido”, aclara Fernández.
“Donde nosotros vemos desproporción y violencia, la Justicia ve proporción y actuación legítima. Donde nosotros vemos legitimidad en la migración, la Justicia ve ilegitimidad en el cruce de frontera. Y esto es lo realmente grave de esa resolución, que consagra esa verdad formal que desplaza la responsabilidad de las muertes sobre las propias víctimas, consolidando en nuestro acervo jurisprudencial y sobre todo en nuestro imaginario colectivo, ver al otro no ya como un migrante, como una persona que se mueve, sino como un crimigrante, la criminalidad como base de la migración”, cuestionó.
Casos como el de Samba Martine o Idrissa Diallo, ambos fallecidos en CIE, demuestran la importancia que tiene la memoria colectiva en la lucha contra la impunidad. “Una justicia social”, como llama Fernández, por sobre la justicia formal, un pedido de “memoria, vida y derechos” que volverá a recorrer el arduo camino que lleva a la verdadera justicia.