1. Por sus atribuciones constitucionales el Ejecutivo organiza y manda el juego político en Chile. Es el gran hacedor de leyes. Sin su intervención, iniciativa, calificación de urgencias, discusión, veto, promulgación y publicación, los proyectos pueden dormir años en las comisiones parlamentarias. Es más la iniciativa de los congresales se reduce al período ordinario de […]
1. Por sus atribuciones constitucionales el Ejecutivo organiza y manda el juego político en Chile. Es el gran hacedor de leyes. Sin su intervención, iniciativa, calificación de urgencias, discusión, veto, promulgación y publicación, los proyectos pueden dormir años en las comisiones parlamentarias. Es más la iniciativa de los congresales se reduce al período ordinario de sesiones que apenas dura cuatro meses, esto es de Mayo a Septiembre; el resto del año pertenece al Ejecutivo. Tanto por sus atribuciones, como por profundas raíces históricas, las políticas de Estado, siempre dependieron del Presidente de la República. Por eso, no existe ambigüedad cuando se trata de atribuir éxitos o fracasos. Nunca en estos últimos 16 años hemos tenido una política de Estado en relaciones exteriores. Es así que «nos hemos comprado» conflictos innecesarios como el gas con Argentina, el apoyo de Lagos – y su posterior voltereta – al golpe de estado en Venezuela. Los conflictos limítrofes con Bolivia los declaramos unilateralmente resueltos; metodología fracasada pero conscientemente repetida con Perú…
2. Paradojalmente, la idea fundacional de nuestra sociedad en los últimos dieciséis años, esto es, la democratización, no sólo perdió fuerzas sino que se vistió de ropajes ambiguos. Las grandes iniciativas en el terreno de los derechos humanos se entregaron a la interpretación de los tribunales de justicia. El último proyecto enviado por el ejecutivo en esta materia, la llamada Ley de Impunidad o Ley Insulza, por un rechazo generalizado tuvo que ser retirada del Congreso. El secular conflicto con el pueblo mapuche, su integración plena a la nacionalidad, se entregó al fallo de los tribunales. La educación, privatizada por Pinochet, siguió en manos de los sostenedores; las elecciones, por falta de una ley que diera garantías a todos los sectores quedaron entregadas al financiamiento de los poderosos, o bien a oscuras maniobras burocráticas, hoy investigadas por los tribunales….Carente de ideas y proyecto, el Presidente esquivó responsabilidades y elevó al rango de política pública, la «judicialización de la política». 3. El Ejecutivo se entregó con cuerpo y alma a los sectores locales dominantes y a los grandes poderes transnacionales. Poderes fácticos que fueron determinantes en la entrega del cobre al capital extranjero. Quien privatiza no es Pinochet sino la Concertación. En 1990, 70% del cobre estaba en manos del Estado, hoy es apenas un 30%. Su elaboración quedó en manos de las compañías extranjeras a quienes conviene exportar el granulado y agregar valor en el Primer Mundo industrializado. Cuando se trató de reparar esta carencia fundamental en nuestra economía se propuso un tardío royalty, que con el correr del tiempo se transformó en un impuesto específico cuyo ridículo rendimiento es apenas 100 millones de dólares al año. Baste decir que por concepto de impuestos CODELCO aportará en el año fiscal 2005, más de 5 mil 300 millones de dólares y las compañías extranjeras, 1 mil 900 millones de dólares [?!]. Consciente de la existencia del DL 1349, que rige el estatuto orgánico de COCHILCO, que en su Art. 18 otorga al Presidente de la República, en circunstancias extraordinarias, la posibilidad de decretar el monopolio de la venta del cobre y fijar su precio, el Ejecutivo, en los duros días cuando el precio del cobre en los mercados internacionales llegó a menos de 60 centavos de dólar la libra, prefirió esperar que el mercado arreglara sus problemas. Conspicuo ejemplo de «transnacionalización de la política», cuyos efectos están aún por verse.
4. Cuando la izquierda argumentó que el plebiscito estaba consagrado en la Constitución [Art. 5º] y que faltaba voluntad política para convocarlo, se argumentaron tortuosas razones legales, como aquella que faltaba una ley reglamentaria. Excusas que en su época no bastaron para que Alessandri convocara a una Asamblea Constituyente y plebiscitara la Constitución de 1925. Así quedaron en el camino, entre otras, las modificaciones, a las AFP y las ISAPRES, o la derogación lisa y llana, de la Ley Orgánica Constitucional de Educación [LOCE], la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM]. Grandes transformaciones de la sociedad chilena, cuya única posibilidad de realizarse es la movilización del pueblo y su Presidente a la cabeza.
En estas mismas columnas hemos señalado que el origen inmediato de un Ejecutivo entregado a la intervención de los poderes transnacionales, de los poderes fácticos locales, en fin, a los vaivenes del mercado internacional, son las leyes de amarre negociadas, entre la Concertación y Pinochet. Por eso es imposible separar responsabilidades. Gobierno y oposición, confundidos en estrecho abrazo, ensayan nuevas fórmulas comunicacionales en la carrera electoral, destinadas, una vez más, a engañar a la opinión pública.
5. El programa del Junto Podemos Más, no es ni revolucionario, ni traumático. Simplemente, asume y resuelve carencias fundamentales de cualquiera sociedad civilizada, sea esta del Tercer o Primer Mundo. Entre otros temas: que se pague por lo que se trabaja; que la educación, la salud, la vivienda, sean políticas públicas donde el Estado sea garante de su cumplimiento sin odiosas exclusiones; que se escuche la voz del pueblo; que todos sean iguales ante la ley cuando se trata de pagar impuestos…Sin resolver esos problemas no podremos levantarnos como país soberano y apto a asumir los grandes desafíos que plantea su desarrollo.
Decir que el balance es insuficiente después de 16 años de gobierno, significaría validar el modelo del cual se ha servido la Derecha en Chile con la entusiasta y fiel colaboración de la Concertación. Pues el modelo no resuelve situaciones para las cuales no está previsto. Por ello, debemos estar conscientes que en las elecciones no sólo se vota por hombres y mujeres en el poder sino sobre la continuidad de un modelo que ha tocado fondo y desde donde se incuban inevitables crisis sociales en el futuro.
Héctor Vega es Director de Fortin Mapocho