Marcos Andrés, trabajador de Telefónica, fue despedido el febrero de 2011. La empresa se acogía a la entonces reciente reforma laboral del gobierno Zapatero, aprobada el setiembre de 2010, para echarlo por bajas médicas. Dicha reforma, gracias a la modificación del artículo 52.1 del estatuto de los trabajadores, permite a las empresas despedir por bajas […]
Marcos Andrés, trabajador de Telefónica, fue despedido el febrero de 2011. La empresa se acogía a la entonces reciente reforma laboral del gobierno Zapatero, aprobada el setiembre de 2010, para echarlo por bajas médicas. Dicha reforma, gracias a la modificación del artículo 52.1 del estatuto de los trabajadores, permite a las empresas despedir por bajas médicas, aún justificadas, si representan ciertos porcentajes de la jornada laboral. Marcos Andrés, se quedaba en la calle por culpa de una hernia discal provocada por el ejercicio de su trabajo. Tras 22 años en la empresa su jefe no se dignó a entregarle la carta de despido en persona.
Tuve la suerte de conocer a Marcos Andrés participando en un documental sobre el 15M: «El despertar de les places: un any de 15M«. En el documental se hacía un paralelismo entre ese despertar de las plazas que inundó las ciudades de protestas contra la crisis y la falta de democracia y la lucha por la readmisión de Marcos. En octubre de 2011 la juez del juzgado social sentenciaba despido nulo pues veía probada que hubo represión sindical y Telefónica tenía que readmitir a quién también era un incómodo sindicalista. Al final del documental se veía un alegre Marcos volviendo a su puesto de trabajo siendo recibido por sus compañeros. La batalla de David contra Goliat se decantaba a favor del trabajador después de diversas concentraciones, manifestaciones y flashmobs con el lema «Sí soy rentable» como respuesta a la carta donde se decía que se le despedía porque «no era rentable». Pero el calvario no acabó ahí. La empresa no se daría por satisfecha y presentaría un recurso.
El recurso de la dirección de Telefónica es rechazado por el Tribunal S uperior de Justicia pero este cambia la sentencia de despido nulo por despido improcedente dando así la razón a la empresa en que no se trataba de represión sindical. Telefónica podía decidir entre la readmisión o el pago de la indemnización de 45 días por año trabajado. Y optó por esta última. El comité de empresa y todos los sindicatos pidieron al director general en Catalunya, Kim Faura, la readmisión de Marcos pero este se negó a recibirlos. Marcos Andrés decidió abandonar la agotadora y costosa vía judicial de presentar recursos y optó, junto con el resto de compañeros de los sindicatos CoBas y EC, por continuar la lucha.
A todo esto, Telefónica obtuvo el tercer trimestre de 2012 un beneficio neto de 3.455 millones de euros, lo que representa una subida del 26% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ha proseguido exitosamente su política expansiva por Latinoamérica y Europa. ¿Por qué una empresa, con una plantilla de más de 25.000 trabajadores en España se enroca obtusamente en el caso de Marcos Andrés? Cabe contextualizar el despido de Marcos, y el de Mari Cruz, otra trabajadora de Telefónica, de Madrid, despedida por los mismos motivos. Telefónica, a pesar de los cuantiosos beneficios, como otras muchas empresas, pretende aprovechar la actual coyuntura de crisis para presentar un ERE con el que despedir a 6.500 empleados.
Parece inexplicable que una empresa que genera tantos beneficios quiera despedir a más de 6.000 personas en medio de un escenario de paro dramático que ya supera los cinco millones de personas y alcanza una tasa del 25% en España. El objetivo de la empresa es deshacerse de puestos de trabajo con cierta antigüedad, derechos y condiciones laborales decentes conseguidas tras la lucha sindical de anteriores generaciones, para después precarizarlos a través de las subcontrataciones. Para ello, la estrategia elaborada por la dirección de Telefónica debía empezar por atemorizar a la plantilla con casos como el de Marcos y Mari para aplacar los conatos de protesta que pudieran surgir y forzar a los sindicatos y comités de empresa a aceptar lo inaceptable y acabar firmando un ERE, despidiendo a miles de trabajadores mientras la compañía sigue siendo rentable. Al poco tiempo, y gracias a las múltiples estrategias empresariales que tienen a su alcance y las numerosas subcontratas en las que se ha ido atomizando el grupo en los últimos años, podrían sustituir puestos de trabajo dignos por precariedad laboral. Al mismo tiempo servirse de ello para deshacerse de elementos combativos.
La memoria obrera reciente de la empresa Telefónica recuerda la cantidad de trabajadores que renunciaron a prejubilaciones doradas con las que la empresa pretendía comprar su silencio, sindicalistas incorruptibles que no darían su brazo a torcer ante una injusticia, como los compañeros que hoy siguen en huelga de hambre. Y así lo recogía Laurentino en su parlamento durante el acto por la huelga general del pasado 14 de noviembre: «No os estamos entregado a los jóvenes lo que merecéis, mi puesto de trabajo no lo conquisté yo, me lo dieron mis anteriores, y yo tengo el deber de entregároslo en las mejores condiciones». O Alberto, otro de los huelguistas de hambre, en una entrevista para El Periódico se preguntaba «¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos? ¿El iPhone 5?» sacando a relucir la necesidad de recuperar valores como la solidaridad i la desobediencia frente a las injusticias.
Desde el 5 de noviembre, cuando los cinco trabajadores de Telefónica, entre ellos Marcos, iniciaron una huelga de hambre por su readmisión y contra la reforma laboral, las muestras de solidaridad y apoyo no han dejado de llegar por doquier. El 11 de noviembre se celebraba una jornada de apoyo con la programación de conciertos, actividades infantiles, comida popular, charlas y debates en un Ateneu de Nou Barris (Barcelona) que se quedó pequeño para acoger a las aproximadamente mil personas que se acercaron solidarizándose con la lucha. La charla central, un auténtico programa de lujo, contó con la participación de Ada Colau, una de las caras visibles de la imprescindible Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Teresa Forcadas, la mediática monja benedictina conocida por sus críticas a la industria farmacéutica, y Elena Idoate, economista del seminario de economía crítica Taifa, tres mujeres incontestables que contaron con una audiencia de lleno hasta la bandera.
A partir de ese día las acciones se han repetido y seria quilométrico intentar recogerlas exhaustivamente. Concentraciones, flashmobs y actos de apoyo en diversos lugares de la ciudad, innumerables visitas de representantes sindicales como Diego Cañamero del SAT, conocido por las recientes acciones expropiando supermercados en Andalucía junto a Sánchez Gordillo para denunciar la pauperización de las clases populares u otros como CGT o IAC, representantes políticos de diversos partidos de la izquierda como ERC, IU, ICV, EUiA y la CUP, candidatos a las elecciones autonómicas catalanas como Joan Herrera o David Fernández, personalidades como el futbolista Oleguer Presas, diputados del congreso como Sabino Cuadra, cantantes y figuras notables del mundo de la cultura como Lluís Llach, personas relevantes de los movimientos sociales como los economistas Arcadi Oliveras o Miren Etxezarreta y entidades de todo el territorio. Incluso el líder del partido griego Syriza, Alexis Tsipras, los ha visitado en su paso por Barcelona. En las redes sociales se ha comprobado también la solidaridad anónima de miles de personas. El sábado 10 de noviembre la etiqueta #MovistarNosFunde fue trending topic europeo y el martes 20 de noviembre #MovistarNosMata lo fue a nivel estatal.
Esta ola de solidaridad, que parte de la comprensión de la injusticia que supone privar a un trabajador de su sustento por el simple hecho de haber estado enfermo o por su compromiso sindical, todas las personas que apoyan la lucha de los huelguistas de hambre de Telefónica porque entienden que la única vía contra las injusticias es el uso de la legítima desobediencia civil, este tsunami de solidaridad incuestionable ha permitido romper el silencio mediático de los primeros días. Telefónica destina cerca de 130 millones de euros a publicidad. Después de una breve nota de El Periódico digital anunciando el inicio de la acción costó encontrar noticias sobre el tema hasta bien avanzada la huelga de hambre. Pero después de la huelga general del 14 de noviembre han aparecido en la mayoría de los medios de comunicación de masas relevantes. Han cubierto la huelga de hambre desde televisiones públicas como TV3 hasta periódicos como El País o El Periódico, en algún caso dedicando diversas noticias, columnas de opinión y entrevistas para poder informar a la opinión pública de un suceso ciertamente excepcional y dramático como este.
Todo ello reduce a una insignificante mota de polvo el artículo de Miguel Ángel Uriondo, crítico con la campaña iniciada en Twitter contra Movistar como denuncia de la huelga de hambre, titulado «Movistar y el chantaje social». Ciertamente la crítica de Uriondo no merece demasiado comentario después de los miles de gestos de solidaridad aquí expuestos. Al fin y al cabo, si esas etiquetas contra Movistar han sido trending topic es porque miles de personas libremente han dado apoyo a la iniciativa. Como tampoco merece pérdida de tiempo alguna la insinuación que hace sobre el uso de la huelga de hambre para una posible campaña de promoción de un disco musical que Marcos Andrés está realizando, comentario que me parece de una bajeza moral indescriptible. Como si los trabajadores nos viésemos reducidos a la única labor de producir beneficios para el capital como medio para vivir y encima no pudiésemos disfrutar de pasiones alejadas del mundo laboral. No lo quiero atribuir a la mala fe sino a la desinformación o a la consulta de una versión parcial e interesada. En este caso serán criterios periodísticos los que determinarían la buena o mala praxis de Uriondo.
En cambio no puedo dejar pasar la oportunidad que su artículo nos brinda para reflexionar sobre la huelga de hambre y la lucha laboral. Dos de las tesis de dicho artículo son que la actuación de la empresa es legal y que la indemnización de 120.000€ es más que suficiente para cubrir, en caso que se haya producido, la injusticia.
Si se tuviera que resumir en una palabra lo que representa esta lucha esa palabra seria «dignidad». Y la dignidad no tiene precio por mucho que nos empeñemos en ver el mundo a través del prisma neoclásico del homo económicus y de su individualismo metodológico. Ni 120.000, ni medio millón ni 100 millones de euros pueden comprar el despido de Marcos Andrés. Pensar que todas nuestras acciones se emprender para recibir a cambio una recompensa monetaria o material es la base de la escala de valores que nos impone la ideología dominante. Por eso aparecen sorprendidos economistas ortodoxos cuando su ecuación no cuadra. Pensar que Marcos y el resto ponen en riesgo su salud para obtener más o menos euros podría calificarse de insulto. Aquí se está hablando de la dignidad y de la solidaridad, de tener un proyecto social transformador que empieza a construirse con la práctica cotidiana como puede ser la lucha en nuestros puestos de trabajo. De lo que se trata es de defender unos derechos conseguidos tras muchos años de resistencia y lucha y tras los que han perecido miles y miles de trabajadores que se levantaron frente a la injusticia.
La hi storia está plagada de resistencias y luchas contra el orden «legal» establecido, por no decir que es el motor de su avance, parafraseando la célebre frase de Marx: «La historia es la historia de la lucha de clases». Desde Espartaco hasta la PAH, pasando por la historia de los alzamientos populares de raíz campesina contra la figura del señor feudal, la historia del movimiento obrero, desde el ludismo y el utopismo hasta la internacional comunista, la lucha por el sufragio universal, por el derecho a voto de las mujeres, por las luchas antiimperialistas del tercer mundo y sus revoluciones de independencia, la lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas o homosexuales, etc. Es imposible nombrar aquí los personajes más relevantes desde el capitán Swing, hasta Rosa Parks, pasando por el Che, Gandhi, Mandela, Khaled, etc. Todas esas luchas, entre ellas a veces inconexas, tienen en común que se produjeron como respuesta a un orden establecido que podía ser legal a ojos y prácticas de las clases dominantes pero que no era aceptable desde un punto de vista ético ni legitimado por el pueblo. Todos esos capítulos han sido juzgados por la historia. Y si no se hubiese producido ninguna de esas luchas aún estaríamos bajo el esclavismo. Frente a una injusticia, oponerse a ella no es solo legítimo sino que es una obligación moral. Y ciertamente lo que está sucediendo en Telefónica es injusto.
Todo este alegato sobre la dignidad, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana contra las injusticias puede parecer muy abstracto. Muchos tacharan de panfletario. Pero no estamos, ni mucho menos, tratando cuestiones teóricas. El 45% de trabajadores renuncia a la baja médica por temor a ser despedido, cuando antes de la crisis era del 11%, según informa Europa Press. Cualquier experto laboralista, al menos bajo estándares europeos, concluiría que este hecho no sólo es nefasto para la salud de los trabajadores sino que a medio plazo es negativo para la empresa porque reduciría lo que acostumbran a denominar productividad, aunque pocas veces la definan. Y este es solo un ejemplo actual a añadir a la primera consecuencia de la reforma laboral que ha sido contribuir al aumento del paro y a la reducción de los salarios, reduciendo el poder de adquisición de los consumidores y por consecuente los ingresos empresariales.
Mientras cierro este apunte me entero de la hospitalización de uno de los trabajadores en huelga de hambre en su día 17. Hace falta redirigir esta lucha para que Telefónica vea lo perjudicial que es seguir llevando a cabo prácticas inhumanas como el despido por bajas médicas, y el despido masivo que supondrá el ERE, a pesar de obtener cuantiosos beneficios y ser una empresa rentable. Hace falta buscar la identificación de esta lucha con los miles de usuarios de Movistar y preguntarles si están dispuestos a que su dinero sirva para perpetuar tamaña injusticia. La solidaridad nos da aliento pero a ellos solo les preocupa sus retribuciones.
Ivan Gordillo, economista y miembro del Seminari d’economia crítica Taifa.
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