Banco Santander (7.809 millones de euros), BBVA (5.324 millones), ArcelorMittal (4.532 millones), Telefónica (3.330 millones), Iberdrola (3.014 millones), IAG (2.884 millones), Inditex (2.438 millones, de febrero a octubre) y Repsol (2.341 millones). Son las empresas del Ibex 35 -índice de las principales cotizadas en bolsa- con mayores beneficios en 2018, según la información de la […]
Banco Santander (7.809 millones de euros), BBVA (5.324 millones), ArcelorMittal (4.532 millones), Telefónica (3.330 millones), Iberdrola (3.014 millones), IAG (2.884 millones), Inditex (2.438 millones, de febrero a octubre) y Repsol (2.341 millones). Son las empresas del Ibex 35 -índice de las principales cotizadas en bolsa- con mayores beneficios en 2018, según la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la que da cuenta El País. Las 35 empresas sumaron en 2018 unos beneficios de 42.000 millones de euros (16.676 millones los seis grandes bancos, un 22,4% más que en 2017). Además la alta dirección de las sociedades del Ibex percibió unos sueldos de 387,7 millones de euros, un 6,6% por encima que en 2017; destaca la cúpula del Banco Santander (62,4 millones), seguido de los altos directivos de ACS (33,3 millones), Acciona (23,8 millones) y Ferrovial (23,1 millones). El artículo subraya que Rafael Villaseca, expresidente de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), percibió 15,4 millones de euros en 2018 (14,2 millones por el finiquito).
Diferentes ONG, investigadores y analistas críticos han aportado información sobre las prácticas que subyacen a estos balances. En febrero Oxfam Intermón publicó el informe «Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del Ibex 35», a partir de los datos de las cuentas anuales y un cuestionario al que contestaron 13 de las 35 firmas. La recesión de 2008 hizo que las grandes sociedades se orientaran hacia los mercados internacionales (la facturación exterior de las empresas del Ibex pasó del 45% del volumen total de su negocio en 2009 al 68% en 2017). En ese contexto, el documento de Oxfam Intermón aborda la fiscalidad y señala que, según los informes de la Agencia Tributaria, el tipo efectivo que pagaron los grandes grupos empresariales por el impuesto sobre sociedades pasó del 15,3% en 2000 a un 6,14% en 2016; además en 2017 el impuesto devengado por las 35 firmas (el calculado sobre los beneficios, no el que finalmente pagan) fue un 11% menor que en 2016, aunque los beneficios aumentaran un 16,2%, sostiene la ONG (los «créditos fiscales» -la mayor parte en manos de la banca- son uno de los mecanismos de descuento impositivo).
Otra cuestión es la presencia de filiales de las empresas del Ibex 35 en paraísos fiscales, que se elevó de 273 en 2009 a 850 en 2017 (casi una cuarta parte pertenecen al Banco Santander, seguido de ACS y Repsol, y el 41% de las filiales se ubican en Delaware). En cuanto a las diferencias salariales, Oxfam Intermón incluye en el informe el titular de una entrevista al expresidente del BBVA, Francisco González, en el diario ABC (junio 2014): «No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita»; González percibió en 2017 una retribución de 5,79 millones de euros (el 17% más que en el año anterior), y acumuló una pensión por su salida del banco de 80 millones de euros. Las sociedades del Ibex son territorio de desigualdades: el primer ejecutivo de ACS tuvo en 2017 una remuneración 627 veces mayor que el salario medio de la empresa, 561 veces el de Inditex y 438 veces el de Acciona.
Pero también son territorios endogámicos y atravesados por la «brecha» de género: 29 de las 35 sociedades tienen un consejero en la cúpula de más de una firma del Ibex («esto revela lo reducido que es el círculo de poder de las grandes empresas», subraya el informe); además el porcentaje de mujeres en puestos directivos se situó en 2017 en el 23%. El documento de Intermón apunta que ese año los inversores extranjeros eran propietarios del 46% de las acciones de las empresas cotizadas. En el caso del Ibex 35, se resalta el caso de los fondos de inversión: «30 grandes fondos, sean gestoras globales, de la banca extranjera o fondos soberanos controlaban -como promedio- un 27% de las acciones de las empresas del Ibex»; las entidades con mayor presencia fueron BlackRock, Crédit Agricole, Société Generale, Vanguard, UBS y Norges Bank. El 80% de los 30 fondos tienen relación con paraísos fiscales, a través de la empresa matriz o las filiales que invierten en empresas del selectivo (los fondos con presencia en paraísos fiscales recibieron en 2017 dividendos por valor de 5.600 millones de euros de las sociedades del Ibex).
Desde una perspectiva ecofeminista, Ecologistas en Acción publicó en enero de 2018, en colaboración con el Fondo de Mujeres Calala y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el informe «El Ibex 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina». Algunos de los ejemplos mencionados son el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil, con la participación de Iberdrola; «ha provocado la afectación de 1.500 kilómetros cuadrados de selva amazónica, la emisión de cantidades significativas de gases de efecto invernadero y el desplazamiento de cerca de 20.000 personas», explica la autora del trabajo, Míriam García-Torres.
Otro caso citado es la financiación, por parte del BBVA, del oleoducto Dakota Access Pipeline, «que en sus 1.770 kilómetros de longitud prevé transportar más de 500.000 barriles de crudo diarios, lo que entraña una grave amenaza social y ecológica para el territorio de la población sioux». El documento se centra en tres actuaciones: el proyecto Camisea, para la extracción de gas en la Amazonía peruana con la participación de Repsol; la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por el grupo ACS; y el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec (México), con presencia de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. «El Ibex 35 en guerra contra la vida» señala también el reverso de los megaproyectos, a partir de los datos del informe de Global Witness de 2017 (relativos a 2016): un mínimo de 200 personas asesinadas «por defender sus tierras, bosques y ríos de los intereses de las grandes corporaciones», el 60% en América Latina (cuatro de cada diez víctimas fueron indígenas).
Las corporaciones tampoco son ajenas al negocio de las armas. Integrada por las organizaciones Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justicia y Paz, Observatori del Deute Global (ODG), Colectivo Redes, Alternativa Antimilitarista-MOC, HECHOS y Novessendes, la Campaña Banca Armada denuncia que las entidades financieras del estado español han financiado -entre 2011 y 2017- con 9.439 millones de euros a empresas que fabrican armamento; la financiación se canaliza a través de diferentes fórmulas: participación accionarial, créditos, emisiones de bonos y pagarés de las empresas de armamento o fondos de inversión de los bancos, que ofertan acciones de las compañías «bélicas».
Activistas de la Campaña Banca Armada han estado presentes esta semana en la junta de accionistas del BBVA, celebrada en Bilbao, donde han criticado que la entidad haya financiado con 2.678 millones de euros entre 2013 y 2018 a la industria militar; en un comunicado recordaron que, además de liderar la ratio en España de la banca armada, el BBVA invirtió 1.714 millones de euros en el periodo citado en siete empresas vinculadas al diseño, mantenimiento o modernización de armamento nuclear: Aecom, Airbus, Boeing, BWX Technologies, General Dynamics, Honeywell International y Jacobs Engineering; ocupa la segunda posición el Banco Santander y la tercera, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El 22 de marzo, durante la junta de Bankia, la Campaña informó que esta entidad ha financiado con más de 125 millones de euros, durante el último quinquenio, a una decena de empresas del sector armamentístico; principalmente con créditos a MAXAM, empresa española que fabrica explosivos de uso civil y militar, y que los exporta a países como Arabia Saudí, según denunciaron.
En el libro «IBEX 35. Una historia herética del poder en España» (Capitán Swing, 2017), el sociólogo Rubén Juste resalta en la portada la importancia de las 35 compañías del índice bursátil: representan cerca del 50% del PIB español, emplean al 7,3% del total de los trabajadores (2013) y pagan (vía sociedades) el 7,5% de los impuestos que ingresa el Estado (2015); en enero de 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, nació el selectivo de la mano del presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Economía, Carlos Solchaga. «35 consejeros de estas empresas procedían de las entrañas del estado franquista», recuerda Juste.
El Estado ejerció un papel capital en la formación del Ibex (y las empresas públicas: seis de ellas representaban en los años 90 cerca del 40% de la capitalización del selectivo); «El estado lo crea y el Ibex se lo lleva», resume el investigador, quien atribuye un peso significativo durante aquellos años a «la ‘beautiful people’ del PSOE y sobre todo a los «validos» de Solchaga; uno de los primeros objetivos fue «crear grandes empresas multinacionales privadas desde el Estado y con el apoyo y complicidad de sagas de empresarios afines», resume. Además del tránsito de políticos y altos cargos del Estado a las corporaciones, Juste subraya -con datos de Forbes de los años 2008 y 2014- que el Ibex acoge a las cinco principales fortunas del estado español, que concentran el 8,5% del PIB (85.000 millones de euros).
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