Iglesia, Estado y finanzas

Las relaciones Iglesia/Estado vienen regulados a través de Concordatos con la Santa Sede. Haciendo un poco de historia, estos comienzan en 1840, con la regencia de María Cristina que presidía el gobierno liberal, queriendo de alguna forma responder al malestar del clero diocesano, por la política de la época con exclaustraciones de las órdenes religiosas y de expropiación forzosa de los bienes, con las leyes de desamortización de Mendizábal y la posterior de Madoz. Así se mantuvo a lo largo de un siglo salvo el interim de la II República.

El 19 de octubre de 1953, se firma un nuevo Concordato, bajo la dictadura del general Franco, por el cual se le daba el carácter de única religión de la Nación, les asegura una generosa dotación económica, financiando todas sus necesidades.

Con la muerte del dictador, se produce en 1976 una pequeña reforma, por la cual el Rey renuncia al nombramiento de obispos que anteriormente tenía Franco.

Se vuelve a reformar, en 1973, fundamentalmente en tres aspectos: económicos, jurídicos y educativos. La cuestión económica cambia de forma pero el fondo sigue siendo el mismo. El Estado sigue financiando a la Iglesia y manteniendo la exención de impuestos, tales como la contribución territorial urbana, impuestos reales, de rentas y patrimonio, sobre sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales etc.

Esta situación se ha mantenido hasta que en 2006, el gobierno socialista so sólo no ha modificado está situación de privilegio y que a mi modo de entender choca con bastantes artículos constitucionales, sino que la ha profundizado con el aumento del 34% de su asignación tributaria del IRPF, pasando del 0,52 % al 0,7%.

La Iglesia todavía no entiende que debe de desenvolverse en un Estado aconfesional y que desde 1979 debía haber trabajado por su autonomía financiera, veintisiete años después no ha avanzado en ella sino que cada vez demanda más y más.

Las diferentes confesiones religiosas existentes en este país lo que hacen es autofinanciarse. La Iglesia católica tiene medios, pudiendo hacerlo con cuotas y donaciones, con los beneficios y plusvalías de su patrimonio y propiedades, con sus múltiples negocios en empresas y sociedades financieras y con la prestación de sus servicios. El Estado debe exigir, como hace con todos los demás, sus impuestos correspondientes.

La situación de privilegio de la Iglesia, contrasta con el abandono de otras religiones, que no entienden como un Estado constitucionalmente aconfesional financia a una y a otras no. También resulta llamativa la exigencia de la Unión Europea de que se termine con la situación fiscal de la Iglesia, porque desde Bruselas no se entiende este privilegio.

La Iglesia aduce en su defensa que la mayoría de los españoles son católicos, el 80%. La realidad es muy diferente. Sólo un 22% de los declarantes del IRPF señalan la casilla de financiación de la Iglesia. Según sus propios datos, sólo el 25% cumple habitualmente con su culto. Abundando en ello, en la encuesta realizada por la Fundación Santa María, solo el 10% de los jóvenes entre 15/24 años se declaran católicos.

¿De cuanto dinero estamos hablando?

Las últimas estimaciones que se han dado pasan de los 5.100 millones de euros anuales. Cifra esta importantísima

¿A dónde se destina ese dinero?

Las principales partidas son para exenciones y desgravaciones fiscales estimadas en 750 millones de euros, que son las que la Unión Europea demanda su modificación. Por los presupuestos generales del Estado a través del IRPF, 150 millones de euros. En pago a los profesores de religión, 517 millones, es preciso comentar la situación discriminatoria de este profesorado donde en muchos casos se incumplen las normativas laborales y se esta al albur de los caprichos de las diócesis.

La partida mayoritaria se destina a educación, que se lleva 3.200 millones en subvenciones a 2.376 centros educativos. Resulta sorprendente como la Iglesia con los cardenales Rouco Varela y Cañizares a la cabeza se pusieron al frente de la oposición a la LOE. Consiguieron una serie de beneficios económicos importantes para sus colegios que ha significado un empeoramiento de la enseñanza pública. Ha sido la rebelión de los privilegiados sobre los oprimidos, donde se ha detraído dinero que debía destinarse a los más desfavorecidos.

Muchas veces se argumenta sobre la función social que hacen los centros educativos de la Iglesia. Siento discrepar de esta literatura porque a mi modo de entender no es así. Si es verdad que algunos centros si cumplen esa función social pero la mayoría no lo hacen, ejemplos claros, jesuitas, maristas, opus dei, etc. Sirva como ejemplo el número de inmigrantes que acogen dichos centros en comparación con los públicos. Todos estos son centros destinados a la educación de las elites del país, por eso produce auténtico escarnio la posición defendida por los obispos en la cuestión financiera. Podemos decir, que la Iglesia oficial española una vez más ha vuelto a dar la espalda a muchos millones de españoles y ha defendido a las clases más pudientes.

Una vez más vemos ejercer el poder desde la cobardía, siendo débil con el fuerte y muy fuerte y exigente con el débil. Aun a pesar de todas estas concesiones desde el poder socialista siguen con su campaña conservadora de defensa de causas que no tiene cabida en una sociedad mínimamente democrática e igualitaria.

Lo que en este momento es más necesario que nunca denunciar el Concordato vigente, por considerarlo totalmente anticonstitucional y fuera de cualquier sentido de justicia.

¿Será el gobierno socialista de Zapatero capaz de denunciar los acuerdos de 1979?

Mucho me temo que no. Hablan del cumplimiento de la ley y de la Constitución por parte de todos pues no estaría de más que la Iglesia fuera la primera en cumplirla. La propia Constitución permite fórmulas para que se pueda regular de una forma justa esta relación Iglesia/Estado a través del Título III, cap 3.

Sr. Zapatero, Teresa de la Vega, dejen de hablarnos de «acuerdos de laicidad inteligente» y limítense a cumplir la ley y la Constitución, que tan exigentes es con otros entes y personas.