Anda muy alarmada la derecha cavernícola española con la ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley, derecho consagrado en la Constitución de 1978, capítulo segundo, artículo 14, que básicamente manifiesta que los españoles son iguales ante la ley independientemente de su nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal o social. Y es extraño porque si hay algún rasgo característico de la política de nuestra derecha desde que tenemos Carta Magna ha sido legislar para la desigualdad, para aumentar la desigualdad de los españoles no sólo ante la ley, sino ante la vida y la posibilidad de llevarla con un mínimo de dignidad.
Alegan en sus mítines, concentraciones, manifestaciones e intervenciones parlamentarias que la concesión de la amnistía a los implicados en el procés rompe la seguridad jurídica y supone un privilegio no aplicable a otras personas y territorios donde no hubo procés. Y es cierto, ese movimiento absurdo y milenarista sólo existió en Cataluña y catalizó descontentos de muy diversa índole. Lo que no lo es tanto es que esta amnistía o cualquier otra rompa ningún principio de legalidad ni suponga menoscabo al derecho que todos los españoles tienen a ser igualmente considerados por las leyes. Las amnistías no son actos judiciales, son actos políticos que propone el poder ejecutivo y debe refrendar el legislativo y su objetivo, aunque en este caso haya que añadir el de la formación de un gobierno, viene dado por el deseo del gobernante y el legislador de poner fin a una situación anómala que repercute en el buen funcionamiento del Estado y en las relaciones entre las partes y los individuos que lo componen.
En España ha habido decenas de amnistías, casi todas dadas por partidos liberales. Cuando se recurre a ese instrumento legal, se busca la paz, romper discursos antagonistas y acabar con las políticas unilaterales basadas, generalmente, en la testosterona y el recuerdo de un pasado idealizado al que se aspira como futuro. Es perfectamente legítimo discrepar y oponerse a la amnistía, tanto como a la oportunidad elegida, lo que no me parece honrado, y mucho menos generoso para conseguir erradicar incendios entre compatriotas, es criminalizarla y presentar a quienes la promueven y a quienes se podrían beneficiar de ella como indeseables y traidores. Un país se hace a base de tender puentes, de solidaridad, generosidad y comprensión. La otra fórmula, la de la fuerza bruta, sólo crea enemigos, rencores y odios que engordan conforme pasa el tiempo, convirtiéndose en tumores difíciles de extirpar.
Empero, ya que hablamos de desigualdad de los españoles ante la ley, sería bueno que recordásemos unas cuantas cuestiones que sí están dividiendo a los habitantes de este país no sólo en desiguales e iguales, sino en conocidos y desconocidos. Pese a los esfuerzos del gobierno actual por subir el salario mínimo, la realidad es que en España existe una minoría situada en los puestos de dirección de las empresas que ingresan a veces tanto como todos los trabajadores de la misma, que son quienes con su trabajo la hacen prosperar. Si nos fijamos en las grandes soluciones que grandes directivos y ejecutivos tienen para que sus empresas salgan de una crisis o crezcan más, es siempre la misma, regulación de empelo, que quiere decir despidos masivos. No entiendo ni entenderé jamás para qué hace falta tener una preparación económica o empresarial magnífica si la única decisión que saben tomar ante situaciones de crisis es despedir trabajadores, tampoco que esa determinación tenga que estar pagada con decenas de miles euros al mes. Por tanto, tenemos de un lado a los españoles que cobran cantidades astronómicas y son irresponsables -como el rey- por sus decisiones, y a los españoles que cobran el salario base o poco más y pueden quedarse sin trabajo cuando los primeros decidan que hay que aumentar el beneficio o disminuir las pérdidas. Evidentemente esos dos tipos de españoles no son iguales ni ante la ley ni ante la vida.
La Constitución española consagra en su artículo 47 que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Como puede verse es un artículo magnífico que hasta ahora sólo ha servido, siempre que el papel usado fuese de buena calidad y suave, para la higiene personal en los momentos claves que cada mañana nos vemos obligados a afrontar poco después de levantarnos y desayunar. Ni todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ni los poderes públicos han promovido las condiciones para que ese derecho inalienable y fundamental se cumpla, ni el uso del suelo se adecúa a posibilitar su cumplimiento ni participa de las plusvalías que genera el urbanismo. Simplemente no se cumple ni uno sólo de los preceptos enunciados en el artículo constitucional. Hay españoles, sobre todo los más jóvenes, que no tienen derecho alguno a tener una vivienda mínima, no ya digna y adecuada, y hay otros que tienen decenas de ellas y de todas las dimensiones imaginables. Evidentemente, los españoles no son iguales ante la ley en este apartado y la Constitución se está vulnerando de manera flagrante.
Se rompe efectivamente la igualdad de los españoles cuando una persona sin recursos es acusada de un delito y ha de recurrir al turno de oficio donde un abogado pésimamente pagado ha de afrontar su defensa sin tiempo ni medios, mientras que la otra parte dispone de los mejores letrados y todos los medios habidos y por haber. Se conculca la igualdad de los españoles cuando se permite a fondos buitre dedicados a la especulación comprar bloques enteros de viviendas y expulsar de ellos a quienes allí tenían su única morada, el lugar de sus recuerdos y sueños. Se desprecia la igualdad de los españoles cuando se consiente a la banca cobrar comisiones por sacar dinero de tu propia cuenta y no remunerar los depósitos que se tiene en ella, cuando las grandes distribuidoras de la alimentación pagan una mierda a los agricultores e imponen precios con márgenes brutales en los establecimientos de venta al público, cuando se cierran estaciones de tren y se obliga a miles de personas a desplazarse a la capital para poder viajar, cuando se consiente que millones de españoles no puedan alimentarse ni alimentar a los suyos decentemente, cuando a los excluidos se les castiga con más exclusión, cuando construyen campos de golf en un país que no tiene agua, cuando se entregan miles de millones a la Iglesia Católica para que adoctrine a niños y adolescentes en principios vigentes cuando vivía Recaredo, cuando te dan cita en el centro de salud para dentro de quince días y cuando prohíben a los viejos afectados por una pandemia acudir a un hospital.
Sí, en efecto, España es un país donde no existe la igualdad ante la ley, pero no por lo que dice el Partido Popular, sino por lo que defiende y pone en práctica allí donde gobierna.
Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/igualdad-espanoles-ley/20240201191642222816.html