El PP español, partido que también opera en Canarias, no sólo no condena las acciones terroristas del Estado israelí contra las poblaciones civiles de Palestina y Líbano, sino que las apoya. En aplicación estricta de la Ley de Partidos vigente, debería ser ilegalizado, prohibida inmediatamente su actividad e incautadas sus sedes y cuentas bancarias. De […]
El PP español, partido que también opera en Canarias, no sólo no condena las acciones terroristas del Estado israelí contra las poblaciones civiles de Palestina y Líbano, sino que las apoya. En aplicación estricta de la Ley de Partidos vigente, debería ser ilegalizado, prohibida inmediatamente su actividad e incautadas sus sedes y cuentas bancarias. De esta forma se daría cumplimiento, además, al principio constitucional de la igualdad de todos ante la Ley.
Para perseguir a Pinochet, la Audiencia Nacional española fijó el principio jurídico de que «los crímenes contra la humanidad no prescriben», y que ninguna «ley de punto final» puede anular dicho principio. Pero curiosamente, la administración de justicia española sólo aplica esa jurisprudencia a nacionales de terceros países (pobres), y no lo aplica a su propio territorio.
Porque de aplicarlo, los responsables de torturas, desapariciones y ejecuciones durante el fascismo en el Estado español deberían ser inmediatamente detenidos y procesados. Y también los jueces que colaboraron con las atrocidades franquistas, claro. Esto afectaría también a los ministros del fascismo, en especial a los responsables de la represión. Al Presidente de honor del PP, por ejemplo.
Si además se tiene en cuenta que dicho partido se niega a condenar el golpe de Estado y la dictadura franquista, las razones para ilegalizarlo son más que sobradas. Pero claro, esto no deja de ser una posición idealista, ya que parte de considerar que España es un Estado de Derecho, en vez de un Estado de Derechas.
Quienes estamos en contra de la Ley de Partidos y también del terrorismo, venga de donde venga, somos quienes corremos el peligro de ser procesados por decir lo que pensamos. Los que nos arriesgamos a ser puestos a disposición de una administración de justicia que no fue depurada tras el fascismo. De que nuestras menguadas cuentas corrientes y nuestros escasos bienes sean embargados.
O de ir directamente a la cárcel si decimos abiertamente todo lo que pensamos. Especialmente en lo que se refiere a determinadas instituciones, cuya crítica sigue siendo un delito. Ilegalización de opiniones, digamos. Y como uno no es un héroe, comprenderán que me calle más de cuatro cosas.
(*) Teodoro Santana es Secretario Nacional de UNIDAD DEL PUEBLO