Nunca será excesivo reiterar que la corrupción practicada y/o tolerada desde el poder institucional, es más criminal, que las organizaciones guerrilleras y las organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. (Sobrecostos y obras inconclusas, el putrefacto festín de las concesiones viales, Refinerías Cartagena y Barranca, Embalse de Ranchería, Riego Paicol-Tesalia, Rutas del Sol 2 y 3, el Tamal del Min. Tic., Contratación del PAE, Hidroituango, ICSS, Café Salud-Medimas, etc., tc.. Desfalcos y sobrecostos superiores a decenas de reformas tributaria. Mientras la pobreza y la criminalidad campean y se agudizan en toda la nación.
Sus efectos afectan a todos los ciudadanos, pero en particular a los más pobres, que supera el 60% nacional.
El origen y existencia de organizaciones delincuenciales, incrustadas en la burocracia oficial y en el poder político, obedece a la irresponsabilidad y debilidad institucional del poder legal.
Imposibilita desde siempre, gobernar para alcanzar niveles aceptables de desarrollo económico y social, impide garantizar calidad de vida y equidad socioeconómica integral a todos los gobernados.
La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como la corrupción. Pero los gobiernos engañan al pueblo con estadísticas e indicadores maquillados, según las conveniencias, para garantizar satisfacción de objetivos del régimen.
Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público, cada año. Las investigaciones comprueban algunas. Pero por la actitud y perversidad del poder institucional, la impunidad protege a la delincuencia incrustada o relacionada con el poder público. La corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas incontenibles, por el colapso de los partidos políticos y la descomposición moral y social generalizada.
Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público. Prueba de ello es el mercado de los avales a candidatos y de listas electorales.
No importan antecedentes del candidato (Cambio Radical, Liberal, Godos, la tal U. etc.). Importa el billete y éxito de la empresa del poder. No el ciudadano ni la nación.
Los niños de la Guajira Vrs Deluque Y Oneida Pinto, Cambio Radical y sus áulicos oportunistas, Centro Democrático-uribismo perverso merodeando el pastel oficial en manos de la extrema derecha en el poder.
Los resultados son exponencialmente nefastos y evidentes, para las mayorías, empobrecidas y excluidas Y ridículas y diabólicas las acciones del poder y sus usufructuarios, para erradicarlos.
¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes de cuello blanco?
Pues los hechos que investiga la Fiscalía, sobre y por ahora, presunto asalto a los recursos público, en Comfamiliar del Huila, Medimas, PAEs, Hidroituango, Reficar, Min. Tic, concesiones viales, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos, manipulación de testigos, El Noño Hernandez, entre muchos otros, hace años fueron develados, pero la precariedad institucional, la corrupción y la cooptación de poderes por la inmoralidad, ha torpedeado proceso, fortalecido la impunidad y evitado resultados.
Además, esos presuntos delincuentes, han gozado de la impunidad y complicidad social, al convertirlos en personajes admirados (Ariza Quintero, Uribe, Noños, etc.), mientras se apropiaban y disfrutan de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.
Todo ya tradicional, en el acontecer del país, corroído por la codicia, la inmoralidad, la hipocresía, la irresponsabilidad y venalidad del poder, la conciencia del enriquecimiento fácil, con la concupiscencia, tolerancia e impunidad jurídica y social.
El elector responsable socialmente, debe entender y concluir, que si la nación sigue gobernada por la misma ralea de corruptos, perversos e irresponsables, política y socialmente, es imposible resolver la problemática socioeconómica nacional, generar empleo y alcanzar niveles de desarrollo nacional, que garanticen reducir la pobreza y la indigencia, la inseguridad ciudadana y el crimen.
Resolver ese panorama socioeconómico y de atraso e inseguridad sombríos, demanda profundas reformas, de la estructura y marco legal del ejercicio del poder y de gobierno y del marco legal-institucional que define rige y controla el ejercicio de todo el poder público.
Colombia requiere con urgencia reformas: del Sistema de Salud, del Sistema Educativo, de las políticas empresariales y productivas, del sistema judicial, penitenciario y de funciones de jueces y litigantes, del sistema tributario en general. Es inaplazable la modificación profunda del Sistema de Contratación Pública y de acceso al servicio público. Reforma equitativa y racional del régimen salarial y pensional, etc.
Es decir, se requiere reconstruir todo el aparato jurídico legal e institucional y refundación integral de las estructuras de poder y de gobierno.
¿Cuál de los candidatos se compromete hacerlo y a quién se le puede creer?.
Si lo encontramos, por ese candidato debemos y tenemos que votar.
Es el desafío para las mayorías del pueblo colombiano, desde hoy. 11-09-2021