La búsqueda de un acuerdo para dar por terminado el conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explorada en Quito a marzo de 2016, confluyeron en la apertura de una mesa pública de conversaciones, cuando el Gobierno del presidente Santos nombró una comisión especial encabezada […]
La búsqueda de un acuerdo para dar por terminado el conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explorada en Quito a marzo de 2016, confluyeron en la apertura de una mesa pública de conversaciones, cuando el Gobierno del presidente Santos nombró una comisión especial encabezada por el exministro Juan Camilo Restrepo. Gesto repetido por la contraparte insurgente, consecuentes con una voluntad política en la exploración de diálogos y conversaciones comunes. Esas conversaciones -que no negociaciones- se fijaron en 6 puntos en la Agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2. Democracia para la paz. 3. Transformaciones para la paz. 4. Víctimas. Fin del conflicto armado. 6. Implementación.
Durante el transcurso del año 2017 se cumplieron tres fases de conversaciones entre los plenipotenciarios del Gobierno colombiano y los del grupo insurgente; con la cualidad de «plenus», llenos de poder a lo acordado, sobre el presupuesto del derecho internacional que conversen un Estado soberano y una fuerza insurgente con status de beligerancia reconocida. Las fases se han cumplido al calor del conflicto armado y concluido en un acuerdo bilateral de alto el fuego por 112 días, a partir del 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018.
Cómo resolver un proceso en que prima la falta de fe.
Durante las conversaciones se agudizó la muerte de luchadores populares por fuerzas paramilitares y de extrema derecha. Ha sido implacable la acción contrainsurgente de las fuerzas estatales y ha expresado sin ambages la contraparte armada que la lucha armada tiene plena vigencia en Colombia, que las condiciones que la originaron en nada han cambiado y que no asimilan lo de una dejación de armas… Con muestras de experimentado malabarismo político, las partes en conflicto no se han levantado de la mesa. La insistencia de la participación de la sociedad en las conversaciones no ha logrado una fórmula de aplicación; pero sí ha obtenido cientos de encuentros territoriales con la instalación de un Comité de Impulso Mesa Social para la Paz. El temario en la base popular continúa siendo los inamovibles: las necesarias políticas de redistribución de la riqueza, qué cambios estructurales en el modelo económico vigente. La defensa de los recursos naturales, lo ecológico y ambiental. La aplicación de fórmulas económicas alternativas ante la crisis hegemónica del neoliberalismo, con búsquedas de un fortalecimiento de la diversificación de la producción nacional y descartar la imposición de la locomotora minera, bajo la falsa premisa que si no se continua con una economía extractiva, desigual y devastadora de nuestros recursos naturales sobrevendrá la pobreza, cuando está infinitamente demostrado que lo de «crecimiento económico» no implica bienestar de las bases populares, sino del especulador capital financiero multinacional.
Imposible que luego de seis décadas en la búsqueda de una salida al conflicto no se encuentre una fórmula para dar pasos más concretos. Se experimentó la enseñanza del padre Camilo Torres R: «unámonos alrededor de las coincidencias y dejemos a un lado lo que nos separa». En esa dinámica se exploró lo de desescalar el conflicto, sin logros concretos. Se convergió en la búsqueda de un alto el fuego bilateral. Convencidas ambas partes de que hay que cambiar sin las ínfulas unilaterales y prepotentes gubernamentales al hablar solo de cambios y gestos exigibles a la insurgencia sin contraprestación de lo gubernamental; factores externos como la visita del papa Francisco, decantaron fórmulas de acercamiento. En esto corresponde destacar que pese a los ambientes adversos para la implementación de los acuerdos con las Farc, a la fuerte influencia de la extrema derecha militarista en el seno del ejército colombiano y sin seguir un orden mecánico, se asimiló lo de sacar la violencia de la lucha política, calificando que el logro de un alto el fuego bilateral, aunque temporal, armoniza un desarrollo civilizado del debate electoral por el que transita Colombia. Y aunque el ELN no tiene dentro de sus cálculos o descarta un acuerdo definitivo antes de las elecciones de 2018, tiene claro que en la etapa de conversaciones no se va a obtener una revolución por decreto. «No concebimos la negociación como un asunto bilateral, sino que es indispensable que se comprometa a todos los sectores de la sociedad, pero no a firmar lo que otros acuerden, sino a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo» explica Nicolás Rodríguez (Gabino).
Qué se entiende por participación de la sociedad.
Al manifestar el ELN que no concibe las conversaciones con la contraparte gubernamental como un asunto bilateral, vuelca el escenario del desarrollo de la lucha de clases en Colombia en el entorno de la participación ciudadana. Pero más allá de la fórmula de la representatividad indirecta constitucional, como en la dinámica propia del movimiento popular. Los cambios sustanciales que el ejercicio democrático impone en Colombia ante la puerta del fin del conflicto armado interno perfilan necesariamente la figura de la democracia participativa directa. Lo de «manera activa y protagónica» sobrepasa lo de la contienda ante un sistema electoral corrupto e ilegitimo, sin visos de un cambio de fondo pese a los acuerdos de una reforma política como fue lo convenido con las Farc. En la fragua de las fuerzas sociales en crecimiento el silencio de los fusiles insurgentes retoma el cauce del decidir avasallador del movimiento popular. De manera que en símil o comparación sencilla: si lo bombazos desastrosos de la insurgencia contra el tubo del oleoducto no pararon la política desfoliadora de los hidrocarburos en Colombia a favor de las multinacionales petroleras, sea la voluntad de miles de manifestantes populares la que cierre las llaves del saqueo de tan valioso recurso natural. Comprendamos que el silencio de los fusiles no significa la pasividad de las masas populares. Todo lo contrario. Asimilemos que el fin del conflicto armado interno no significa la arriada de las banderas por la lucha del poder popular.
Aquí no se trata de instruir, aleccionar o enseñar. Se trata de ubicar el sentido de las conversaciones con el ELN para lograr la búsqueda de un fin del conflicto armado interno, no sobre el supuesto gatopardismo «que todo cambie para que nada cambie». Están las enseñanzas que dejan lo de la implementación de los acuerdos con las Farc. La dictadura mediática del régimen imperante supedita a la opinión pública con el ejercicio legal proselitista del partido político Farc de homenajear al guerrillero Mono Jojoy, a la par a que se homenajea -en todo el mundo- al Che como guerrillero heroico cercanos los 50 años de su asesinato en Bolivia. Incitan a que fue un «sanguinario», sin demostrarlo, sin ocultar los innumerables bustos y monumentos al «monstruo» Laureano Gómez y/o al fascista G. Alzate Avendaño, creador del paramilitarismo chulavita. ¡Estos sí con suficiente registro de memoria histórica demostrada! Cabe aquí recordar «la deudita» que los medios monopólicos privados de comunicación tienen durante el conflicto armado en Colombia.
Además, qué siginifica un alto el fuego bilateral.
En primer lugar, el Gobierno nacional (presidente y ministro del ramo) firmó el decreto de alto el fuego bilateral con el ELN. Los comandantes de ambas fuerzas en beligerancia -el presidente Santos y el comandante Gabino- ordenan detener las acciones ofensivas. Es decir, todo movimiento, acción, concentración e iniciativa de tipo militar. Comprende la limitación de todo ataque, movilización de tropas medios y elementos de combate que conlleve sorpresas al enemigo. El alto el fuego bilateral interrumpe temporalmente la guerra, los enfrentamientos. No ha de interpretarse como que se reduce la intensidad del conflicto. Se trata de la detención temporal de las acciones ofensivas. Este alto el fuego configura una tregua bilateral y corresponde a una expresión de entendimiento, como demostración de superación de la desconfianza, de la falta de fe, entre las altas partes. De invaluable valor para la nación colombiana.
Tratándose del factor insurgente, siendo sus objetivos el boicot económico por acciones militares, como voladuras de oleoductos, etc., estas cesaran. Dado que la retención de personas con fines económicos implica despliegue de unidades armadas, esa modalidad cesará. Obviamente por parte de la insurgencia no cesará su accionar ilegal, puesto que su razón de ser es el desconocimiento del orden legal y constitucional gubernamentales. Su labor de proselitismo, enrolamiento, sostenimiento bajo una economía de guerra, continuarán. Resumiendo: como organización político-militar, que lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todo lo militar queda estancado, suspendido, congelado; pero el nutriente político de su caudal ideológico por lo general lo utilizan las fuerzas insurgentes en tregua para la difusión a ultranza de su pensamiento o ideario político. La contraparte de la fuerza armada gubernamental continuará ajustándose a los preámbulos constitucionales vigentes.
Un enfoque territorial.
El alto el fuego bilateral del ELN con el Gobierno es de alcance nacional. El panorama insurreccional colombiano con el acuerdo de terminación del conflicto con las ya hoy inexistentes farc-ep, cambia totalmente. En el panorama nacional existe el ELN, pero también persisten reductos del también desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) en zonas del sur del Cesar, provincia de Ocaña y el Catatumbo nortesantandereano y vestigios del mismo en el suroccidente en zonas indígenas del Cauca, a juzgar por sus manifestaciones en este año en curso. Huelga mencionar, igualmente las llamadas disidencias de las antiguas Farc-ep, que operan en Guaviare, Putumayo, Caquetá. Los países garantes como las delegaciones de la ONU indiscutiblemente desplegaran consideraciones técnicas al respecto, con miras al absoluto cumplimiento del cese de hostilidades.
Por lo anterior una zona territorial en que el indiscutible flagelo de la guerra persiste es la provincia de Ocaña y el Alto Catatumbo. Como doliente de esa región, ilustro a la opinión pública nacional y mundial acerca de la también imperiosa necesidad porque los puentes de acercamiento en torno a un trato calificado para con el Frente Libardo Mora Toro del EPL en esa región del nororiente colombiano enfoque en un acercamiento y reconocimiento a conversar oficialmente con esa facción armada. No obedece a una motivación personal. El EPL dejó de existir como organización insurgente en 1989. Pero quedó y persiste ese frente como reducto del EPL en esos territorios. Cuenta con base campesina. Anida en núcleos rojos con tradición abstencionista. Maneja presencia territorial y cuenta con jerarquizado mando. Son desoídas sus manifestaciones de entrar a conversar con el Gobierno. En el argot o lenguaje especial que usan las personas en la actividad insurgente se conoce del vínculo histórico entre los del ELN y los del EPL como primos. Personeros municipales de esas regiones alientan en la necesidad de que se hable con esa facción disidente con presencia operacional, pese a las arremetidas del ejército colombiano contra ellos. Se impone el buscar fórmulas ágiles de acercamiento oficial con ellos. Al respecto impera el mandato constitucional. Dada la situación de «macartización» y señalamiento contra los dirigentes de izquierda y luchadores populares en esos territorios, se requieren los buenos oficios del liberalismo progresista, por ejemplo y de los países observadores y de las propias Naciones Unidas para que esta coyuntura del alto el fuego bilateral del Gobierno nacional con el ELN, también alcance un trato político para con esa facción del EPL proscrito y que con calificativo de insultantes epítetos en nada contribuyen al imparable derrotero del fin del conflicto armado interno en Colombia.
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