El artículo 31.1 de la Constitución Española consagra el principio de la progresividad fiscal o, lo que es lo mismo: «que pague más el que más tenga», al recoger textualmente que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de […]
El artículo 31.1 de la Constitución Española consagra el principio de la progresividad fiscal o, lo que es lo mismo: «que pague más el que más tenga», al recoger textualmente que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».
Sin embargo, el Gobierno presidido por Zapatero patea el magno texto, cuando elude el deber y la cortesía de comunicar ante los diputados su planteamiento fiscal, optando por Cerdeña como escenario donde anunciar una posible subida de los impuestos indirectos; y decantándose de nuevo, pese a proclamas iniciales, por el principio de la regresividad, principio «fiscal» mediante el cual se le continúa facilitando la vida a los más ricos, repartiendo la carga entre el resto, como ya aplicara generosamente el aclamado mago de las Finanzas y exvicepresidente, Pedro Solbes, con el resultado de que la polarización de las rentas en España haya alcanzado resultados sin precedentes en los últimos años.
Y cito tres ejemplos: uno: en el año 2005, ante la desmesura de los fraudes detectados, se dejó fuera de las inspecciones de la Agencia Tributaria a las grandes fortunas gestionadas por las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) -en España hay más de 3.400 sociedades de estas características, que manejan un patrimonio de 27.000 millones de euros-; las cuales continúan defraudando -perdón, tributando- sólo el 1% de sus beneficios; y a las que el Gobierno socialista no considera oportuno incrementar su gravamen. Dos: en el año 2006 se redujo del 45 al 43 por ciento el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta, a pesar de que el 40% de los ingresos fiscales procede de contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros anuales, y se rebajó en cinco puntos el impuesto de sociedades a todas las empresas; también a las grandes. Y tres: el pasado año se aprobó la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, alegando que esta medida beneficiaba a las clases medias, cuando el 6,5% de los declarantes, aquellos que cuentan con un patrimonio superior al millón de euros, aportaba el cuarenta por ciento de lo recaudado por este concepto.
Elevar los impuestos indirectos es una opción fiscal de carácter regresivo, porque son tributos que, al recaer sobre todas las personas por igual, con independencia de su nivel de renta, son intrínsecamente injustos; lo mismo que anteriormente fueron regresivas por indiscriminadas medidas de aplicación universal como el cheque-bebé o la devolución de los 400 euros. Ni en tiempo de bonanza, y mucho menos en tiempo de crisis, el esfuerzo fiscal debe ser el mismo para todos. Un sistema será más justo en la medida en que se apoye más en los impuestos directos, porque éstos consideran las circunstancias personales de cada contribuyente.
La propuesta del Gobierno tiene el rechazo de todo el arco parlamentario; de izquierda (IU sólo aceptaría subidas para artículos de lujo) a derecha (el PP considera, ahora, que subir el IVA sería clavar un puñal a la clase media), así como de las asociaciones de consumidores y de técnicos de Hacienda, porque incrementaría el fraude. Lo justo sería elevar la tributación sobre el capital, incluidas las SICAV, y sobre las rentas más altas. La progresividad fiscal fue hasta hace poco una seña de identidad de la socialdemocracia.