Impunidad culpable

El silencio y los brazos cruzados del gobierno mexicano ante el paso por su territorio de reconocidos terroristas internacionales tienen un fuerte tufo a culpabilidad. A pesar de las reiteradas denuncias del presidente cubano Fidel Castro y de la prensa mexicana, persiste el hermetismo oficial de las autoridades mexicanas sobre la protección e impunidad alrededor del paso de Luis Posada Carriles por Isla Mujeres hacia los Estados Unidos

«Todo está bien»

Tanto la embarcación como sus tripulantes cuentan con toda la documentación en regla, están debidamente registrados y hasta el momento no tenemos reportes de ninguna de las autoridades que intervinieron en la revisión: declaró Ángel Gabriel Vallejos Sánchez, encargado del despacho de embarcaciones en la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres cuando la prensa le inquirió sobre la presencia de Luis Posada Carriles entre los tripulantes del buque Santrina.

De esta declaración hace más de un año y trascurrido ese tiempo la fuerza de las evidencias hizo que hasta las autoridades estadounidenses reconocieran que el connotado terrorista de origen cubano, llegó a bordo del Santrina a suelo norteamericano. Sin embargo aún los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Migración (INM) no se han pronunciado sobre la probada participación de oficiales mexicanos en la operación que llevó a Estados Unidos a Posada Carriles.

Por si fuera poco se han confirmado las denuncias cubanas y del diario Por Esto del estado mexicano de Quintana Roo, de que funcionarios del gobierno federal mexicano facilitaron a miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la protección al terrorista internacional durante la semana que permaneció escondido en Isla Mujeres, mientras esperaba la llegada de la embarcación que lo trasladó a Miami, Florida.

Las nuevas evidencias llegaron en boca de un informante del FBI, Gilberto Abascal quien asegura haber participado en el operativo que traslado de Posada hacia los Estados Unidos y que las autoridades mexicanas tenían conocimiento de todo.

Trofeo a la ineficiencia

Como un trofeo a la ineficiencia muy justamente califica Por Esto la posición de las autoridades mexicanas, no solo con respecto al paso por México de Luis Posada Carriles, sino también por su inactividad frente al establecimiento en el país de una mafia vinculada a la FNCA que trafica con cubanos hacia EE.UU.

Hace casi un año -destaca Por Esto– personal del Instituto Nacional de Migración (INM), reveló de manera anónima ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Cancún, la red internacional de tráfico de indocumentados cubanos cuyo destino es Estados Unidos. Hasta la fecha todo parece indicar que esa denuncia quedó archivada por probables presiones desde el gobierno central.

De igual manera desde el 5 de septiembre del 2005 el rotativo de Quinta Roo señaló al cubano americano Alejandro Castro Pérez como el administrador de la red de «polleros» (traficantes) cubanos. Este individuo tiene excelentes relaciones con la Fundación, la cual le paga cinco mil dólares estadounidenses por cada ilegal que introduce en Estados Unidos.

Castro Álvarez además tiene excelentes relaciones con Santiago Álvarez Fernández-Magriñá y con Luis Posada Carriles, junto a quienes participó en la década de los ochenta en los grupos de paramilitares que operaron en Centroamérica bajo el patrocinio de los Estados Unidos.

Según un informe confidencial de autoridades federales mexicanas filtrado a la prensa mexicana, este ciudadano ha organizado una red de 30 traficantes de ilegales que emplea a pescadores quintanarroenses y yucatecos, cuyas embarcaciones pesqueras fungen como «barcos nodriza» para introducir luego en yates turísticos a más de 30 cubanos por viaje». [i]

El informe publicado demuestra el pleno conocimiento que tienen las estructuras gubernamentales mexicanas sobre como se efectúa el tráfico de cubanos. Al mismo tiempo prueban su confabulación con los círculos anticubanos de Miami para continuar aprovechando la grieta en el sistema de seguridad interna de EE.UU. que constituye la Ley de Ajuste Cubano.

De esta manera la operación alrededor de Posada Carriles fue simplemente un «servicio especial» con más «atenciones» y «deferencias» dentro de la rutina de estos traficantes.

Probablemente a Posada se le brindaran lujos vedados para la cotidiana «mercancía» humana. La «carga» llega desde las costas de las provincias cubanas de La Habana y Pinar del Río en sobrecargados barcos pesqueros de Yucatán. Después de una corta estancia en casas de seguridad de Cozumel e Isla Mujeres, son llevados por carretera a los Estados Unidos, a través la frontera de ese país por los estados mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León.

Hay más todavía, pues en el mismo texto revelado por el diario mexicano Por Esto, el gobierno mexicano reconoce que los elementos involucrados en los operativos de tráfico de personas de la Capitanía de Puerto de Islas Mujeres y Cancún junto a empleados del Instituto Nacional de Migración, cobran 10 mil dólares por viaje a cada embarcación.

Compromisos de larga data

A simple vista el gobierno mexicano está contradiciendo su propia razón de ser pues supone que su cometido fundamental sea proteger la integridad de su territorio y, de acuerdo a los tiempos que corren, combatir al terrorismo.

Sin embargo al Palacio de Los Pinos parece no preocuparle que el suelo mexicano sea utilizado para el tráfico ilegal de cubanos hacia Estados Unidos y peor aún: que entre esos «ilegales» se incluyan individuos con un extenso historial de terrorismo.

Independientemente de la corrupción presente en los niveles más bajos de las instituciones mexicanas que desde luego facilita la actividad a los traficantes de personas, resulta evidente que al gobierno del presidente Vicente Fox no le interesa para nada eliminar la red de Quintana Roo porque sabe que es la FNCA quien mueve los hilos del tráfico de cubanos.

»Nuestra gente en Miami está realizando un esfuerzo concertado para trabajar con el gobierno de México», explicó un representante en México de los sectores de la ultraderecha cubanoamericana de Miami al diario La Jornada, pero esta declaración no fue hace poco sino en marzo de 2002. O sea que las relaciones «carnales» entre la administración Fox y la contrarrevolución mexicana son de larga data.

De hecho los contactos entre el ex administrador de la Coca Cola en México y los dirigentes de la FNCA se remontan a los tiempos en que Fox aspiraba a la presidencia.

No por gusto el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) dio un giro de 180 grados a la tradicional política exterior mexicana, consecuentemente desde su ascenso al poder las relaciones entre Cuba y México se deterioraron considerablemente. Si no se llegó a lo peor, a la ruptura, fue por la paciencia y firmeza de Cuba, que respondió siempre con dignidad a cada ultraje a su soberanía pero al mismo tiempo no se dejó provocar.

Recuérdense los incidentes alrededor de la embajada mexicana en La Habana en 2002; luego la «descortesía», dicho en términos suaves, con el presidente cubano Fidel Castro durante la cumbre organizada por la ONU en Monterrey y por último, el intento de involucrar a Cuba en el escándalo del empresario de origen mexicano Carlos Ahumada.

Cuando la embajada mexicana en La Habana, haciéndole el juego a la contrarrevolución miamense, hizo declaraciones que alentaron a la entrada ilegal de personas en la sede mexicana, fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de México, revelaron a la prensa que la Fundación Nacional Cubanoamericana estaba desarrollando una nueva relación sin precedentes con los más altos niveles del gobierno mexicano. Además salió a la luz que el presidente y el director ejecutivo de FNCA, Jorge Mas Santos se reunió directamente con el entonces canciller Jorge G. Castañeda y otros altos funcionarios de la SER.

A pesar de lo anterior muchos achacaban la postura azteca a la persona de Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, quien no tuvo recato en su antipatía hacia la Revolución Cubana. No obstante, a comienzos de este 2006 cuando ya no era Castañeda el rostro de la política exterior mexicana, ocurrieron los sucesos relacionados con la expulsión del hotel María Isabel Sheraton de funcionarios cubanos, que celebraban su reunión anual con empresarios petroleros de EE.UU. sobre las posibilidades de inversiones en el sector energético de la isla.

Si en esos días el canciller Luis Ernesto Derbez tuvo que salir de su mutis y declarar que su secretaría »revisaría» el caso, fue porque hasta diarios conservadores como El Universal clamaron porque el gobierno respondiera ante una clara lesión de la soberanía del país.

Mientras los líderes de comunidad hotelera y del gobierno del Distrito Federal se tomaron muy en serio el asunto pues comprometió la imagen de la nación, los compromisos políticos con Washington y Miami pesaron más para gobierno federal. La Cancillería y las oficinas de la presidencia no pasaron de afirmar que el desalojo del hotel Sheraton se debió a un acto de »discriminación» y no a la aplicación extraterritorial por Estados Unidos de la ley Helms-Burton.

Con todas estas evidencias la inactividad del gobierno mexicano frente al tráfico ilegal de cubanos hacia Estados Unidos utilizando a México como base de operaciones va más allá de la probable codicia de un grupo de funcionarios de inmigración de bajo rango.

Se trata simplemente que han mirado para otro lado y haciéndoles el juego a sus aliados anticubanos de Miami y muy especialmente a sus padrinos en la Casa Blanca. Solo que esta pasividad del gobierno mexicano significa impunidad para connotados terroristas internacionales como Luis Posada Carriles y poner en riegos la vida de las personas involucradas como mercancía en las operaciones de tráfico humano hacia Estados Unidos.