Los recortes en los servicios sociales tienen detrás de ellos rostros reales. En el caso de la Residencia Pública de Mayores de Montequinto son más de 1.000 personas las afectadas directa o indirectamente por un posible cierre contra el que afectados y 15M llevan movilizándose desde julio. La mayor residencia pública para Grandes Dependientes de […]
Los recortes en los servicios sociales tienen detrás de ellos rostros reales. En el caso de la Residencia Pública de Mayores de Montequinto son más de 1.000 personas las afectadas directa o indirectamente por un posible cierre contra el que afectados y 15M llevan movilizándose desde julio.
La mayor residencia pública para Grandes Dependientes de Andalucía va a ser cerrada, lo que supondrá la pérdida de la mitad de las plazas públicas en toda la provincia de Sevilla. ¿Por qué? No existe una respuesta. Nada saben ni los familiares, ni los residentes, ni las trabajadoras y trabajadores, ni los colectivos ciudadanos que, en el transcurso de los meses, desde julio de 2011, han solicitado información al respecto. La administración asegura que otra nueva residencia va a ser construida en Montequinto, aunque el cartel de la obra lleva puesto en el solar desde 2008 y todavía no han comenzado las obras.
A finales de mayo del pasado año es cuando los trabajadores se enteran, a través de la directora y de manera informal, de la intención de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de cerrar y derribar el centro. «En un principio nos decían que el cierre sería a finales o primeros de año, pero oficialmente no hay nada», comenta una de las familiares de los usuarios del centro.
«Debido al revuelo supongo, nos reúne el comité de empresa, que empieza diciendo ‘esto se cierra sí o sí'», cuenta R. P., trabajadora de la residencia. «Desde el principio el comité de sindicatos (menos USTEA) se ha posicionado del lado de la administración, olvidando su condición de sindicalistas y representantes de los trabajadores, escuchando a unos pocos y desoyendo a la gran mayoría de trabajadores que no quieren el traslado. Los sindicatos no contemplan la posibilidad de negociar el no cierre».
Las asambleas de barrios y pueblos generadas a partir del 15M consideran esta lucha local como uno de los grandes ejes de denuncia del movimiento en la ciudad.
«La existencia del 15M ha sido fundamental»
«El 15M ha servido como forma de organizar y cohesionar un grupo en contra de una decisión institucional a todas luces injusta»,explica uno de los miembros de la asamblea 15M Montequinto e implicado en el caso de la residencia. «Decisiones como esta del cierre de la residencia se llevan implementando desde hace años en todo el país, pero la ciudadanía y el personal empleado han carecido de la fuerza y la creencia en que es posible cambiar las cosas y decir no», continúa.
La residencia ha creado su propia asamblea en la que discuten y deciden las estrategias y acciones a llevar a cabo contra el cierre. Gracias a la existencia del 15M, este caso ha tenido eco en medios de comunicación locales y autonómicos.
«A día de hoy no hay ningún motivo que justifique el cierre»
Las causas que alega la Consejería son que el edificio es antiguo y obsoleto, pero los familiares y la plantilla temen que las verdaderas razones sean las de especular con los terrenos y el edificio, que está situado en una zona urbanísticamente bastante apetitosa junto a la nueva estación «El Canal» del tranvía metropolitano de Alcalá-Olavide.
Además, una de las trabajadoras señala que a pesar de haber pedido de manera oficial un informe técnico del edificio con fecha de 9 de septiembre de 2011, en nombre del personal del centro y de los familiares, no ha habido contestación alguna por parte del delegado de Igualdad y Bienestar Social. «La administración dice que es un traslado provisional, mientras se construye una nueva residencia. No creemos que la vayan a construir, lo están diciendo desde 2008 y aún no han empezado y tampoco se contempla en los presupuestos de 2012», comenta.
¿Qué supone el cierre de la residencia?
La residencia de Montequinto tiene una capacidad total para 268 personas y disfruta de unas instalaciones amplias, reformadas hace muy poco y adaptadas a las necesidades especiales de las personas con gran dependencia. A día de hoy, solo hay 164 residentes en su interior. Hasta hace pocos meses, en mayo de 2011, la ocupación alcanzaba en torno a las 225 personas y, desde esa fecha, el centro ha «cerrado» en torno a 55-60 plazas (el 27% de los residentes habituales totales), dejando las instalaciones al 61% de su capacidad real.
Son muchas las consecuencias del cierre de «la residencia con los mejores servicios de toda Andalucía para grandes dependientes», según afirman las personas afectadas, entre ellas, la eliminación de casi el 50% de las plazas públicas en la provincia de Sevilla, así como la pérdida de puestos de trabajo, en total 245 trabajadores y trabajadoras, entre fijos y eventuales.
También denuncian el empeoramiento en la calidad de atención a los mayores y enfermos que actualmente residen allí. «El realojo forzoso de estas 164 personas mayores y grandes dependientes supone un peligro para su salud, ya que los centros donde van a ser derivados -Marchena, Dos Hermanas y Heliópolis- no cuentan con los servicios de atención de Montequinto, que son los que necesitan».
Una situación que también repercutirá en otras personas que necesiten esta atención específica. Desde junio pasado la administración del centro y la Consejería de Bienestar e Igualdad dieron orden de no admitir a nadie más, negando a las personas con gran dependencia una plaza en el centro, en el que de forma progresiva se han ido cerrando distintas alas, un «pre-desalojo», en palabras de los afectados. La lista de espera se ha disparado, con el drama que esto supone para miles de familias. Nunca se informó oficialmente a familiares, residentes ni familiares de que el centro iba a cerrar, ni tampoco de las causas reales.
Una lucha intensa contra el cierre
En los últimos meses, personas directamente afectadas y la red de apoyo generada a raíz de la denuncia y la información continua, han realizado manifestaciones, recogida y entrega de firmas, protestas en plenos municipales, entregas de escritos de peticiones ciudadanas… Por ejemplo, hace dos meses, trabajadoras y trabajadores, familiares y colectivos ciudadanos hicieron entrega de 15.000 firmas al Defensor del Pueblo, exigiendo que cumpliera su función de defender los derechos y libertades, entre ellos, los relativos a personas enfermas y/o dependientes, recogidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Una lucha constante y minuciosa y una respuesta nula por parte de las administraciones. Este silencio no ha hecho más que generar más incertidumbre y desconcierto. Desde la red de apoyo se preguntan «¿Qué pasará con nuestros ancianos? Están viviendo con una tensión innecesaria, algunos tienen problemas mentales y esto puede generarles graves trastornos psicológicos».
La petición es clara: derogación del traslado de residentes y trabajadores dada la pérdida de prestaciones y calidad en el servicio que esto supondría, pero las negociaciones se encuentran en punto muerto y la Administración se muestra reticente a negociar cualquier cosa que no sea el traslado.
¿Qué se plantea para el futuro?
La idea es aumentar la presión en la denuncia pública a través de distintas iniciativas, como «la participación en los plenos del Ayuntamiento de Dos Hermanas para conseguir el compromiso de los gobernantes que han cedido el terreno y que tienen la obligación de dar explicaciones y de tener en cuenta las reivindicaciones que pedimos», afirma un miembro de la Plataforma contra el cierre de la residencia.
Mientras tanto, añade, «164 personas esperan una orden inminente para ser desahuciadas. Sí, las van a echar de su casa, y eso es un desahucio, no un traslado. El simple cierre de alas y su reubicación en otros espacios del centro ya está suponiendo trastornos de conducta en muchos residentes, como alteraciones nerviosas, depresiones, gritos, plañidos e incluso abstinencia alimentaria. Y eso únicamente por leves cambios de lugar. Echarlos de su casa, a la cual se encuentran adaptados y ligados emocionalmente, para llevarlos a otra distinta y peor acondicionada a sus necesidades, con diferentes compañeros y espacios vitales, supondría un shock que a muchos de ellos puede costarle la vida».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Incertidumbre-ante-el-desahucio.html