Con las elecciones en Extremadura, se ha iniciado el ciclo electoral hasta los comicios autonómicos y municipales y, si no se adelantan, las generales de 2027. Al refuerzo de las derechas, con la mayoría relativa del PP y el ascenso de VOX, se añade el batacazo del Partido Socialista y el éxito de Unidas por Extremadura.
Esta candidatura de la izquierda alternativa -Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde; Movimiento Sumar no existe en la región- casi ha duplicado su representación parlamentaria -de cuatro a siete escaños-, remontando la trayectoria descendente de la última década. Por un lado, su ampliación electoral se ha derivado del descrédito de la dirección socialista, con una parte de su base social que se ha desplazado a esta candidatura a su izquierda -aunque la mayoría de su pérdida ha ido hacia la abstención-. Por otro lado, su incremento ha sido debido a la prologada trayectoria unitaria, su fuerte arraigo social, su adecuado liderazgo y la firmeza transformadora de su proyecto político. Son rasgos difícilmente repetibles.
Los próximos meses vamos a asistir a una sucesiva competición en otros tres territorios: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Ya no contaremos solo con estudios demoscópicos, sino con voto real, que en esas zonas parece que van a propiciar una gobernabilidad derechista. Aunque cada una tenga sus particularidades, irán expresando algunas tendencias socio-electorales generales.
Lo que se ventila es el carácter del nuevo ciclo político, aunque se mantiene la incertidumbre sobre su sentido, regresivo o progresivo, con una dura pugna sociopolítica y cultural. Existe una actitud contradictoria en la gente progresista, entre la fatalidad y la esperanza, entre la decepción pasiva y la voluntad democratizadora. Digamos que hay incertidumbre sobre el cambio de ciclo institucional y la orientación de las políticas públicas.
A pesar de toda la ofensiva política, judicial y mediática de las derechas contra el gobierno de Sánchez y el desgaste de credibilidad del Partido Socialista por la corrupción y el acoso machista en sus filas, añadida a la escasa gestión transformadora del Ejecutivo, se puede decir que todavía no es irreversible la victoria de las derechas. Hay partido, aunque cada vez más agónico.
El primer factor que puede posibilitar el freno a la ola reaccionaria, conectar con las perentorias demandas sociales y contrarrestar la tendencia de cierta desafección hacia el gobierno de coalición y sus socios, es un impulso reformador, socioeconómico y democrático, del Ejecutivo. No obstante, esa expectativa es poco consistente ya que mantiene un frágil apoyo parlamentario y está empeñado mayoritariamente en un simple continuismo gubernamental.
Esa inercia gestora limitada y con claroscuros, sin una profunda regeneración democrática y feminista del Partido Socialista, ni un fuerte compromiso con una agenda social, habitacional y redistributiva, y con una simple defensa discursiva frente a la involución derechista que se va imponiendo, parece que es insuficiente para garantizar la consolidación de un victorioso campo socioelectoral de progreso.
El segundo factor capaz de asegurar una nueva etapa de gobernabilidad progresista es el fortalecimiento y la unidad de la izquierda alternativa, en un marco de reactivación cívica de la gente de izquierdas y acompañado de la disponibilidad democratizadora de las izquierdas nacionalistas.
Es difícil que la experiencia unitaria en Extremadura, con una remontada electoral hasta más del 10%, se vaya a repetir en las tres próximas elecciones autonómicas. En Aragón ya se han dividido en tres candidaturas, y es probable que suceda en Castilla y León y Andalucia. Hace falta ver la dimensión de sus nefastos efectos políticos y electorales, ampliados por las culpabilizaciones cruzadas. La división parece constituir la tendencia dominante para el resto del emplazamiento electoral municipal y autonómico de 2027 y, especialmente, para las elecciones generales.
Según la media de los estudios demoscópicos más fiables, entre el conglomerado de fuerzas articuladas en la coalición Sumar y Podemos, sumarían más del 10% (7,8% + 4,1%, respectivamente, en el último CIS), acercándose a los resultados anteriores del 23J, del 12,3%. Es decir, persiste un campo socioelectoral a la izquierda del PSOE entre tres millones y dos millones y medio de votos, con una distribución desigual por zonas, tipos de elecciones y corrientes políticas.
Aparte de las variables sociopolíticas y económicas que pueden condicionar esta prolongada precampaña electoral, un factor decisivo para potenciar su representación parlamentaria y contribuir al reforzamiento de la gobernabilidad de progreso, es la unidad electoral que permita traducir en escaños esa representatividad política, con una dinámica de cooperación.
En las circunstancias actuales, de fuerte división y presión hacia el voto útil socialista y de la izquierda nacionalista, el acceso parlamentario alternativo solo estaría asegurado en cuatro provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla), con la particularidad de que en ellas se concentra la presencia de los grupos de implantación territorial vinculados a la coalición Sumar (Más Madrid, Comunes, Compromís e Izquierda Unida -con presencia significativa en Andalucía-) que, junto con el encaje de Movimiento Sumar, entrarían en abierta competencia por la hegemonía política y el liderazgo con Podemos.
El pronóstico demoscópico hoy está en torno a la mitad de los 31 escaños actuales (10 + 4). Sin listas conjuntas parece difícil ensanchar esa representación institucional y acceder en la docena de provincias medianas.
Dados los desencuentros precedentes existen grandes dificultades para avanzar en la colaboración necesaria. Más allá de llamamientos unitarios, más o menos bienintencionados, utilizados a veces para legitimar las posiciones y los liderazgos propios de cada grupo político, conviene hacer una reflexión seria de los obstáculos para la unidad.
A mi modo de ver, el principal problema a solventar es el de la primacía, el carácter y la orientación estratégica del liderazgo del conjunto estatal, con la particularidad de que se asienta, principalmente, en la representación institucional en esas cuatro zonas, con sus preponderancias orgánicas respectivas.
No hay que desconocer la trayectoria y las causas que han traído esta situación. El problema no solo es de egos, resentimientos y venganzas, talantes prepotentes y actitudes sectarias. Todo ello existe. Pero esos rasgos, definidos normalmente en términos personales o psicológicos y utilizados para la mutua descalificación ética y democrática, son expresión de algo más profundo de carácter colectivo: el interés corporativo de unas élites políticas, sin suficiente capacidad de articulación pluralista, que pretenden legitimarse con una práctica diferenciadora comparativamente más eficaz y su correspondiente discurso justificativo.
Las dos dinámicas están entrelazadas, la pugna por el reconocimiento público e institucional de cada liderazgo, con el refuerzo de su estatus respectivo, y la defensa y la gestión de una línea estratégica y de alianzas que demuestre la superioridad política comparativa.
La cuestión es que, en condiciones externas desfavorables, sin una significativa presión social por abajo, con trayectorias diversas en la formación de cuadros dirigentes y sin marcos orgánicos y procedimientos democráticos consensuados para adoptar las decisiones, es difícil la deliberación y el acuerdo sobre las diferencias políticas y la articulación de las distintas jerarquías de poder orgánico e institucional.
Esa deficiencia constitutiva, común en los grandes partidos políticos, pero que afecta específicamente a las fuerzas de izquierda, sin gran poder fáctico (o social y democrático), les impide contrarrestar su tendencia corporativa inmediatista y su aislamiento respecto del interés colectivo de la mayoría social. Supone la sustitución de la actividad de articulación sociopolítica de la gente por el activismo comunicativo competitivo. La activación cívica y el arraigo social se relegan por la agitación discursiva para mostrar la prevalencia respectiva.
Es importante tener en cuenta la trayectoria reciente de los reequilibrios políticos y orgánicos de la izquierda transformadora y los métodos prepotentes utilizados. Hoy es imposible una evaluación compartida y menos una reconsideración autocrítica. La realidad político-social e histórica irá poniendo la verdad en su sitio y, por tanto, la legitimidad de los liderazgos. Estamos en una fase transitoria de la comprobación, con hechos sustantivos y claros -aunque siempre van a ser controvertidos-, de la credibilidad estratégica y organizativa de los dos polos principales.
Por un lado, la del liderazgo de Movimiento Sumar y el papel de Yolanda Díaz, que han rebajado sus expectativas, así como, en su justa proporción, la de los dirigentes de los grupos territoriales que, junto con los de IU, apostaron por la vertebración de la coalición Sumar, con el desplazamiento de Podemos de su anterior primacía, su política más moderada y su alianza gubernamental con el Partido Socialista.
Por otro lado, la de la dirección de Podemos, con una estrategia política más confrontativa y de reafirmación partidista, que pretende recuperar su prevalencia político-ideológica en este espacio, por encima de cualquier otra transacción. Confía en el resquebrajamiento de la coalición Sumar, considera irrelevantes las diferencias entre las derechas y las izquierdas gobernantes y piensa que la fase de involución política ya se ha producido.
En definitiva, ambos liderazgos se consideran incompatibles y aspiran a absorber a las diferentes bases socioelectorales alternativas. Prevalece la pugna competitiva por la primacía de la orientación política y la articulación orgánica de la izquierda transformadora, sin mucho margen para las mediaciones y los procedimientos compartidos necesarios para el acercamiento y la colaboración. En particular, parece imposible ejercer un liderazgo estatal unipersonal, que concentrase el valor simbólico y representativo del conjunto. Solo podría ser coral y reconstruido.
En este interregno cada parte va a priorizar su reforzamiento particular y la competencia con el adversario, aunque sea a costa de los perjuicios relativos que pueden sufrir sus grupos políticos y, sobre todo, infravalorando los efectos perniciosos para sus bases sociales. Si no hay una reconsideración unitaria de los equipos dirigentes y una complicidad externa -incluida la del Partido Socialista y otras organizaciones sociales-, la dinámica competitiva aboca a ese pronóstico sobre el descalabro representativo de la izquierda alternativa, agudizado por las críticas y responsabilidades cruzadas.
Será el comienzo de otra fase de aprendizaje imperioso de las deficiencias y errores y de recomposición de nuevos liderazgos y estructuras partidarias. Junto con el estancamiento socialista, daría lugar a un nuevo ciclo institucional dominado por las derechas extremas. Todavía hay tiempo para evitarlo.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo
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